A cuatro años de la ley de Inclusión Laboral aún hay zonas grises
Hace cuatro años, el 1 de abril de 2018, entró en vigencia La Ley de Inclusión Laboral para las empresas públicas y privadas, y organismos del Estado con 200 o más trabajadores. Un año después también se incluyó a las entidades entre 100 y 199 trabajadores. De este modo, 6.505 empresas en Chile con estas características establecieron como reserva de empleo, el 1% para personas con discapacidad o beneficiarias de la pensión de invalidez. Lo mismo equivale para los organismos gubernamentales, aunque estos últimos no tienen la obligatoriedad de hacerlo.
Al respecto, en un comunicado, las organizaciones de la sociedad civil representantes de la mesa de discapacidad e inclusión de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, explican que “aún persisten algunas zonas grises y demandas no resueltas, que esperamos sean consideradas en la discusión parlamentaria que ahora se traslada a la Cámara de Diputados(as), por los dos proyectos ingresados por senadores(as) y el ejecutivo en el año 2021. Dentro de éstas, es urgente considerar que la Ley promueva la reducción de brechas de género, la implementación de incentivos tributarios al empleo y la fiscalización a empleadores públicos y privados”.
Las organizaciones sociales unidas por esta causa son: Fundación Luz, Fundación Cristo Vive, Corpaliv, ONG Cealivi Quillota, Fundación Eres, Fundación Incluir, Fundación Misión Batuco, Fundación Crescendo, Fundación Ronda, el Centro Ocupacional Hortiterapeútico y Fondacio. De este modo, han reafirmado su compromiso para seguir aportando en el proceso de mejora de esta Ley. Asimismo, dispusieron su conocimiento y experiencia acumulada en estos años de puesta en marcha, para contribuir en el quehacer de las nuevas autoridades de Gobierno, como de los y las parlamentarias(os).
Esta Ley vino no sólo a devolver dignidad de las personas con discapacidad, sino que a mejorar la calidad de vida y bienestar de sus entornos más cercanos y familias, mediante la posibilidad de optar al mundo laboral y por ende, al empoderamiento económico y desarrollo profesional. Sin embargo, aún persisten algunas demandas no resueltas que se necesitan evidenciar para avanzar.
Uno de los grandes nudos es que se establece que el 1% en organismos públicos y empresas que tengan 100 o más trabajadores(as), está reservado para contratar personas con discapacidad. El punto es que la normativa dice “contrata”, pero no el cómo hay que hacer eso, y es por eso que hemos visibilizado por todos los medios que ese fue un error. Hoy existen leyes de inclusión laboral en el mundo que exigen procesos de intermediación laboral y esa es la bandera que hemos levantado firmemente como Fundación Ronda en nuestro país, pero que aún no se cumple.
¿Qué significa esto? Significa que se requieren de procesos que acompañen a la organización y a la persona con discapacidad que se requiere contratar, para asegurar que sea incluida en igualdad de oportunidades y condiciones.
