A partir de hoy Europa solo admite el cargador USB-C: ¿cuándo este será obligatorio en Chile?

Finalmente, este sábado, todos los cargadores de teléfonos moviles, tabletas, cámaras, auriculares, altavoces o videoconsolas portátiles, entre otros dispositivos, deberán ser USB de tipo C de forma obligatoria en los países de la Unión Europea (UE) .

La Directiva 2022/2380 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea establece que los Estados miembros deben emplear este formato como cargador universal en equipos portátiles, siendo por el momento excepción los computadores y los smartwatches.

La normativa europea dispuso un plazo extra para los computadores, que se ha fijado hasta el 28 de abril de 2026. Asimismo, la norma exime de la adopción obligatoria del USB tipo C a los relojes inteligentes y las pulseras de actividad, debido a su tamaño y condiciones de uso.

La normativa, que entra en vigor este sábado 28 de diciembre, obliga a los fabricantes de ‘smartphones’ -incluido iPhone-, tabletas, cámaras digitales auriculares y teclados, entre otros, a contar que sus productos sean compatibles con USB-C en la UE.

Con esta regulación europea se busca la interoperabilidad de los sistemas de carga entre los dispositivos y la reducción de los desechos electrónicos, unas ventajas a las que se suma el ahorro de costes.

Con independencia del fabricante, todos los dispositivos que permiten la carga rápida tendrán la misma velocidad de carga, lo que permitirá a los usuarios cargarlos a la misma velocidad con cualquier cargador compatible, sostiene el Parlamento Europeo en un comunicado.

Los dispositivos deberán venir con etiquetas explicativas sobre sus características de carga, para permitir a los consumidores comprobar fácilmente si los cargadores que ya tienen son compatibles y decidir si, al adquirir un nuevo producto, quieren o no cargador, indica la normativa.

Gracias a la mayor reutilización de los cargadores impulsada por la nueva normativa, los consumidores se ahorrarán hasta 250 millones de euros al año en compras innecesarias de estos aparatos. Los cargadores que terminan en la basura o en un cajón equivalen a unas 11.000 toneladas de residuos electrónicos anuales en la UE.

En nuestro país, el martes 9 de enero pasado, la Cámara Alta dio el visto bueno para legislar sobre la iniciativa que establece que en un período de dos años los celulares se adapten al uso de cargador universal, y un plazo de cuatro años para que los demás dispositivos electrónicos lo hagan.

El objetivo de este proyecto es implementar un cargador universal de dispositivos electrónicos en nuestro país, que será aplicable de manera estándar a todos los teléfonos inteligentes, tablets, cámaras, audífonos, parlantes portátiles y videoconsolas portátiles.

Según explicó entonces el senador Rojo Edwards, presidente de la Comisión de Economía que analizó en particular el proyecto, el objetivo fundamental es implementar un cargador universal estandarizado para los dispositivos electrónicos en nuestro país y de paso reducir la cantidad de “basura electrónica”, considerando que en Chile existen cerca de 26 millones de líneas telefónicas.

Tras la votación en enero, el director nacional del Sernac, Andrés Herrera, quien asistió a la Comisión de Economía del Senado, valoró la iniciativa que, a su juicio, traería una serie de beneficios para los consumidores.

Según detalló en la sesión, “este proyecto va en línea con la regulación internacional en esta materia, e implica una simplificación en el uso de los equipos electrónicos, contribuyendo a reducir residuos tecnológicos y a disminuir costos innecesarios”, haciendo que los dispositivos de carga sea operables por múltiples equipos mediante un puerto único.

El proceso legislativo continuó y el 19 de agosto se aprobó el segundo trámite, el que fue despachado finalmente como ley el 26 de agosto.

De ese modo, Chile se convertirá en el primer país en América en implementar un cargador universal para dispositivos electrónicos, que será aplicable de manera estándar.

De acuerdo al diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) por la Región del Ñuble Cristóbal Martínez, partido que promovió esta ley y en la que colaboró Rodrigo Pinochet, abogado de la bancada UDI, la normativa dispone que los proveedores de dispositivos móviles de información y telecomunicaciones deberán garantizar la interoperabilidad común entre los equipos y sus dispositivos de carga, a través de una interfaz de carga y protocolo de comunicación de carga compatibles.

En concreto, “lo que se aprobó fue implementar un cargador universal de dispositivos electrónicos aplicable de manera estándar a todos los teléfonos inteligentes, tablets, cámaras, audífonos, parlantes portátiles y videoconsolas portátiles”, explicó entonces Martínez.

Por ahora el nuevo cargador universal será USB-tipo C, pero Martínez aclara que eso va a quedar sujeto siempre a un reglamento, que se puede actualizar. “No quisimos que el tipo de cargador quedara definido en la misma ley, porque puede que en cuatro o cinco años más el tipo C quede desactualizado. Por eso va a ser un reglamento el que defina el tipo de entrada, que por ahora va a ser esa, para que con el avance de la tecnología después sea más fácil ir modificando las entradas”.

Según el parlamentario, la normativa establece que los comercializadores de dispositivos móviles de información y telecomunicaciones deberán ofrecer a los consumidores la posibilidad de adquirir dichos productos con sus dispositivos de carga, o cada uno de ellos por separado, no pudiendo atar, ligar o supeditar bajo ningún modo o condición la adquisición de uno de ellos a la del otro.

“También el deber de informar adecuada y oportunamente a los consumidores respecto de si el dispositivo de carga está o no incluido y sobre otras especificaciones relativas a los dispositivos de carga compatibles”, añadió.

Es un reglamento dictado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (el que deberá estar listo en 1 año) que busca establecer las categorías o clases de dispositivos a los que se aplicará estas normas, las especificaciones técnicas para cada uno, la forma en que deberán cumplirse las obligaciones de información y demás obligaciones.

“Finalmente establece un período transitorio de dos años, desde la publicación de este proyecto como ley, para que los dispositivos de telefonía móvil se comercialicen conforme a la presente normativa, y un plazo de cuatro años para los demás dispositivos móviles de información y telecomunicaciones”, sostuvo Martínez.