Luego de que se conociera la decisión final del gobierno de no firmar el Acuerdo de Escazú -que fue argumentada en un documento de 12 páginas que fue adelantado por La Tercera- el canciller Andrés Allamand y la ministra Carolina Schmidt participaron en la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados que contó, además, con una amplia asistencia de parlamentarios de la comisión de Medio Ambiente. El objetivo de esta cita, que estaba programada desde hace varias semanas, era conocer la argumentación completa del Ejecutivo respecto de su no suscripción al pacto de democracia ambiental para América Latina, que podría entrar en vigencia este 26 de septiembre.

En la instancia y tras la intervención de Allamand, la ministra Schmidt aseguró que el gobierno apoya y está “plenamente de acuerdo” con todos los fundamentos ambientales base del tratado -que busca garantizar acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales- pero que “el problema es la forma en que quedó redactado”. Según precisó, este acuerdo que ya fue ratificado por nueve países de la región “no admite ningún tipo de reserva” y que Chile ya cuenta con una “legislación ambiental pionera”.

“El problema de Escazú no está en las temáticas que aborda, el problema no está en el acceso a la información, no está en la participación ciudadana ni en la justicia. El problema está en la forma en que quedó escrito el texto final, la ambigüedad y la amplitud en que quedó”, agregó.

Asimismo, indicó que la decisión de no firmar el texto final de Escazú no fue una decisión de su cartera únicamente, sino que de todo el gobierno “sin excepción”. “Una decisión compleja basada en una análisis largo y profundo que busca cumplir con la obligación de que al comprometer al Estado de Chile se haga de forma responsable y prudente sin crear una incertidumbre jurídica”, dijo.

“Apoyamos la institucionalidad de nuestro país, la independencia y la seriedad de nuestros tribunales y la decisión soberana del Estado de Chile que establece que la firma de cualquier tratado internacional es de facultad exclusiva del Presidente de la República quien por sobre los intereses sectoriales, políticos o partidistas, debe cautelar el interés nacional y la soberanía de nuestro país”, agregó.

Por otra parte, y luego de haber sido cuestionados por algunos de los diputados presentes por el deterioro de la imagen internacional del país, el canciller Allamand indicó que “desde el punto de vista de su ambición y de sus aspiraciones ambientales” la proyección de Chile hacia el extranjero “está claramente consolidada”.

En el documento con su argumentación -que fue remitido al Congreso durante esta mañana- ambas carteras sostienen que para el país es “inconveniente la suscripción del Acuerdo de Escazú atendida la ambigüedad y amplitud de sus términos, su eventual autoejecutabilidad y la obligatoriedad de sus normas que prevalecerían por sobre la legislación medioambiental interna".

Esto, se agrega, "generará una creciente judicialización de los procedimientos ambientales y planteará un cuadro global de grave incertidumbre jurídica”.