La pandemia ha sido devastadora para los estudiantes de América Latina y el Caribe, donde las escuelas han estado cerradas durante 231 días en promedio, más que en cualquier otra región del mundo.

Este desafortunado récord tiene un lado positivo. Nos está sacando de la inercia que durante demasiados años ha impedido que se realicen importantes reformas educativas. Hoy, nuestros países están implementando nuevos métodos de enseñanza, invirtiendo en aprendizaje híbrido y esforzándose por conectar a internet a todos los estudiantes.

Esta pandemia ha hecho que también se escuche la voz de las familias, que se suman a las demandas por una gran reforma educativa. Los educadores piensan que es una oportunidad única para transformar las escuelas y reducir la desigualdad entre jóvenes de diferentes entornos socioeconómicos. Los profesores dicen que el momento es “ahora o nunca” para ayudar a los 168 millones de niños que abandonaron la escuela durante la pandemia.

Muchos gobiernos están decididos a aprovechar esta oportunidad y trabajan con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en reformas innovadoras, no solo para que los niños y niñas vuelvan a la escuela, sino también para mejorar la educación de las generaciones futuras.

Es cierto que cada país tiene necesidades específicas pero nuestros estudios muestran tres tipos de acciones prioritarias para mejorar el acceso a la educación y los resultados de los estudiantes.

Primero, asegurar la reapertura segura de las escuelas. No parece tan relevante en países desarrollados, pero en América Latina cuestiones tan simples como el acceso a agua potable son fundamentales. También lo son permitir el acceso a vacunas para estudiantes y profesores y contar con protocolos para identificar y aislar a los infectados. Argentina, Chile y Uruguay han basado su estrategia de reapertura de las escuelas en 2020 siguiendo todos estos puntos.

En segundo lugar, las escuelas necesitan enfocarse en los más vulnerables, identificar a quienes tienen más probabilidades de abandonar los estudios y darles incentivos para que no lo hagan. Una buena estrategia es reforzar y ampliar los programas de alimentación escolar, tal y como lo ha hecho Haití. Así ha conseguido retener y lograr que los estudiantes de bajos ingresos vuelvan a la escuela.

Es necesario también evaluar el grado de la “pérdida de aprendizaje” de cada estudiante y ofrecer planes para ayudarles a recuperar habilidades básicas. Modelos como el de Teaching at the Right Level han demostrado ser eficaces para remediar las pérdidas. El BID está trabajando con Belice para capacitar a los profesores en métodos similares.

Estas acciones deben incluir a los niños y niñas de preescolar ya que, debido a la pandemia, muchos no están preparados para pasar al primer grado. En Perú, el BID trabajó con el Ministerio de Educación en un programa de matemáticas llamado MateWasi. Se transmite por radio durante las vacaciones de verano e incluye un seguimiento telefónico para que las familias puedan reforzar conceptos después de las emisiones. Los estudiantes participantes recuperaron lo equivalente a un 25% de un año de preescolar.

En el nivel secundario, los países pueden promover tutorías personalizadas a distancia. Este tipo de programas ha demostrado ser una de las formas más eficientes, en cuanto al costo de compensar las pérdidas. Por tan solo US$100 por estudiante, pueden apoyar en la recuperación de lo equivalente a un año de clases de matemáticas. El BID está trabajando con cinco países para realizar programas piloto de esa metodología.

Por otro lado, Chile, El Salvador y Uruguay están implementando sistemas para monitorear el progreso de los estudiantes. Si detectan cambios graves envían alertas a los profesores. El Mineduc en Chile, por ejemplo, implementó un sistema de alerta temprana que, a partir del análisis de diversos datos educativos, socioeconómicos y familiares, identifica a estudiantes en mayor riesgo de deserción escolar. Los colegios acceden a una plataforma que muestra el listado de estudiantes en riesgo para poder implementar estrategias focalizadas de retención.

Por último, los países pueden acelerar la transición hacia sistemas de aprendizaje híbridos que eliminen las desigualdades y preparen a los jóvenes para prosperar, competir e innovar en la era digital. Para ello, y para superar las brechas de conectividad, los gobiernos pueden forjar alianzas más ambiciosas con el sector privado. Costa Rica, Argentina y Jamaica han conseguido llevar banda ancha a escuelas en zonas de bajos ingresos de forma rápida y asequible con políticas de “tasa cero”.

Digitalizar la educación no significa sustituir la interacción en persona, sino darle más valor al añadir aprendizaje personalizado para que aumente la calidad y el compromiso en la relación entre profesores y estudiantes.

Hay abundantes pruebas que demuestran que esta estrategia funciona. La iniciativa uruguaya del Plan Ceibal transformó el sistema educativo al entregar computadoras portátiles a estudiantes y crear una amplia gama de nuevos servicios educativos, como las bibliotecas en línea. Panamá está adaptando un programa colombiano de recuperación de la alfabetización que utiliza evaluaciones y materiales personalizados para mejorar la comprensión lectora. Asimismo, Perú ha ampliado recientemente su plataforma Conecta Ideas, que utiliza la ludificación para mejorar el aprendizaje de las matemáticas.

Los gobiernos pueden llevar a cabo las reformas de manera más eficiente si establecen alianzas innovadoras con el sector privado. En El Salvador, por ejemplo, el BID está ayudando a diseñar bonos de impacto en el desarrollo, en los que los inversores aportan capital para programas educativos y se les reembolsa en función de los resultados alcanzados.

Estudiantes, profesores y familias están exigiendo reformas como nunca, y el BID está dispuesto a financiarlas.

Los países solo tienen que aprovechar esta oportunidad; si lo hacen, toda la región se beneficiará no solo ahora, sino también en el futuro.

*Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, con sede en Washington D. C. y la principal fuente de financiamiento para América Latina y el Caribe