Actualmente, en nuestro país se evalúa la pertinencia de una norma primaria de calidad de aire para Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), un conjunto de gases que agrupa especies cancerígenas, formadores de material particulado fino y gases oxidantes. Junto con la dictación de la norma se debe implementar un programa oficial de monitoreo sistemático que permita el seguimiento y evaluación de este parámetro a nivel nacional.
Peatones, deportistas y jardines infantiles cercanos a vías congestionadas constituirían algunos de los principales beneficiarios de una norma que regule los niveles de excedencia de estos tóxicos emitidos desde fuentes tan diversas, como combustibles fósiles, escapes de vehículos, solventes empleados por la industria química y aerosoles de uso doméstico.
Contar con un número objetivo que proporcione evidencia sobre la calidad de aire en espacios comunes sería un incuestionable logro para la transparencia y la fe pública, y, por cierto, un largo anhelo para vecinos de comunidades emplazadas en las cercanías de zonas industriales altamente impactadas por gases contaminantes no regulados. Del mismo modo, otorgaría certeza jurídica, un elemento fundamental para declarar zonas saturadas y establecer planes de descontaminación.
Si bien los beneficios en salud pública, en la protección de los ecosistemas terrestres y en el clima asociados a una norma primaria son ampliamente conocidos por la comunidad científica, su promulgación será finalmente una decisión, en gran medida, política, y cuyo liderazgo recae en el Ministerio del Medio Ambiente.
Para la ciudadanía, el debate que se aproxima es un avance destacable en el cual se jugará otro principio fundamental: el derecho a saber, a conocer la calidad del aire que respiramos día a día en los espacios públicos en que coexistimos como sociedad.
*Investigador Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2
