La crisis climática y de biodiversidad global, sumada a la megasequía que afecta la zona centro sur del país, hacen urgente legislar para evitar la pérdida de ecosistemas naturales y la deforestación tras incendios, que podrían ser utilizados como mecanismo informal de cambio de uso de suelo. A fines del año 2020 y principios del año 2021, diferentes iniciativas legales que buscaban establecer deberes, exigencias y prohibiciones en relación a los incendios forestales y los terrenos quemados fueron presentadas en la Cámara de Diputados y Diputadas. Estos textos fueron fusionados y se aprobó la idea de legislar sobre la materia en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara en mayo del 2021.
Después de ocurrido un incendio en un ecosistema natural, como un bosque nativo, las comunidades biológicas remanentes tienen la capacidad de recuperarse si permitimos que eso ocurra.
Muchas especies de árboles y arbustos nativos pueden rebrotar, desde las ramas o desde las raíces. Asimismo, los troncos y ramas quemados en pie o en el suelo del bosque o matorral quemado, constituyen estructuras que favorecen la presencia de toda una red de vida que regenera la comunidad biológica y recupera el funcionamiento ecosistémico.
Las evidencias provenientes de múltiples estudios científicos realizados en Chile y el mundo, publicados en revistas revisadas por pares, nos indican que mantener los remanentes de la vegetación tras ocurrido un incendio y evitar su intervención, favorece la recuperación del ecosistema y de la comunidad biológica. Sin embargo, y aunque existe una capacidad intrínseca en los ecosistemas para recuperar sus atributos y funciones, en el contexto actual de sequía, puede ser necesario, en algunos casos, realizar acciones de restauración ecológica que favorezcan la regeneración, mediante el riego en el período más seco, o la inclusión de propágulos y estructuras que protejan las plantas y el suelo.
Los objetivos de la Ley de Bosque Nativo son la protección, la recuperación y el mejoramiento de los bosques nativos, con el fin de asegurar la sustentabilidad forestal y la política ambiental. Sin embargo, a pesar de los antecedentes existentes, tanto Conaf como el Ministerio de Agricultura priorizan y bonifican la corta de bosques quemados.
Tanto la ganadería como la corta de madera tras los incendios impiden y retardan la recuperación natural de los ecosistemas naturales, generando condiciones adversas para la regeneración natural, y favorecen la colonización de especies exóticas. La remoción masiva de material leñoso de ecosistemas afectados por incendios, más aún cuando es realizada con maquinaria pesada y alto tránsito, es contraria al propósito de recuperación de los ecosistemas naturales, y por lo tanto, debe ser evitada.
A principios de julio del presente año, se presentó una denuncia a la Contraloría General de la República para solicitar su pronunciamiento respecto a la legalidad del financiamiento y priorización de la corta de los bosques y matorrales nativos quemados, considerando que el objeto de la Ley de Bosque Nativo es su fomento y preservación.
Por lo tanto, las normativas y actividades asociadas a la bonificación de actividades debieran propender a la recuperación y restauración del bosque y vegetación nativa. Muy por el contrario, actividades como estas se justifican cuando se busca obtener un aprovechamiento económico a partir de la biomasa extraída, o se utilizan para “limpiar” los suelos y así dar paso a otros usos.
En un estudio en curso con imágenes satelitales en Chile, hemos encontrado que, en muchos casos, tras los incendios forestales, no existe protección del suelo y de los remanentes de la vegetación que permiten la recuperación natural de la comunidad biológica. Mediante la reconstrucción histórica del perímetro de algunos incendios, podemos observar que áreas cubiertas por bosques y matorrales nativos, luego de ser afectadas por incendios forestales, son intervenidas eliminando la vegetación nativa remanente, para transformarlas a uso agrícola, forestal o urbanización. Este patrón, que por ahora hemos estudiado en la región de Valparaíso, ha sido denunciado en otras partes del país, revelando un potencial uso del fuego para hacer cambio de uso del suelo desde vegetación natural hacia zonas productivas o habitacionales.
En la última década, el área quemada anual se ha incrementado 2,6 veces con respecto a la década anterior, ascendiendo a un promedio de 116 mil hectáreas quemadas anualmente. En seis de los últimos diez años se superaron las 80 mil hectáreas quemadas al año. Mayor gasto en combate, uso de tecnología y capacidades por parte de los organismos encargados de emergencias no han podido limitar el aumento de la superficie quemada año tras año.
Parece urgente entonces revertir los incentivos perversos que podrían promover el uso del fuego como un mecanismo informal para cambiar el uso del suelo o para obtener leña, considerando además que un 99,7% de los incendios forestales que ocurren en Chile son intencionales o accidentales. En el actual contexto de megasequía, la utilización de quemas o de incendios para cambiar el uso del suelo, pueden significar la ocurrencia de incendios de gran magnitud, con pérdidas humanas, materiales, contaminación y emisiones de gases con efecto invernadero y enormes gastos en combate.
La protección de los ecosistemas naturales después de incendios para favorecer su regeneración es un imperativo en el contexto de crisis climática y pérdida de biodiversidad.
*Fernanda Salinas, Dra. en Ecología, académica de Sustentabilidad en la U. de Chile.
**Alejandro Miranda, Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia (CR2), Laboratorio de Ecología del Paisaje y Conservación, de la U. de La Frontera.
**Vicente Urrutia, licenciado en Cs. Ambientales y Recursos Naturales Renovables, U. de Chile.