El campamento Manuel Bustos, el más grande de Chile con 57 has y 1.368 viviendas, fue uno de los sectores más afectados por los incendios del 02 y 03 de febrero en Viña del Mar, el mayor desastre en Chile en términos de víctimas desde el terremoto de 2010.
Con vías de acceso deficiente, el campamento surgido en 1995 sufrió daños en el 41,9% de su superficie, presentando una alta vulnerabilidad debido a sus formas de ocupación irregular, la alteración de laderas de alta pendiente y su cobertura vegetal, la precariedad de las viviendas y las condiciones socio-económicas de las familias, entre otros factores.
Según señalan las conclusiones del reporte que elaboramos con CIGIDEN y el Centro UC Observatorio de la Costa, la proliferación de campamentos como este en la Región de Valparaíso, se cuenta entre los principales factores que agravaron los impactos de la catástrofe, sin embargo, como país no nos estamos haciendo cargo de esta construcción social del riesgo.
Solo en Viña del Mar, según cifras de la municipalidad de Viña del Mar, 2.175 viviendas en campamentos se vieron afectadas, con el agravante de que no pueden acceder a las ayudas habitacionales del Gobierno por no contar con título de dominio de propiedad. Y el problema se extiende por la Región: actualmente existen 185 campamentos en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué, con un total de 11.876 hogares los habitan y 490 ha ocupadas.
Durante nuestra investigación realizada en plena fase de emergencia tras los incendios de febrero, pudimos constatar el peligro que representan estas formas de ocupación frente a incendios forestales, tanto por la construcciones precarias, como por la dificultad para poder evacuar.
Esto incidió notoriamente en la pérdida de vidas, ya que hablamos de viviendas ubicadas en sectores de difícil acceso, con trazado irregular de calles, en laderas abruptas, quebradas, sin acceso al agua -muchas la reciben con camiones aljibe-, red eléctrica, con autoconstrucción y una ausencia total de diseño urbano resiliente. A esto se agrega la falta de planes de emergencia con experiencias en simulacros de evacuación, organización comunitaria y la falta de eficacia de la alerta SAE, cuyas causas deben ser analizadas en profundidad.
La mayor vulnerabilidad de los campamentos se expresa en la materialidad precaria de las construcciones, bajos niveles de ingresos, falta de acceso a servicios básicos, acceso a oportunidades laborales y educación, entre otros. Estos factores, conjugados con escenarios extremos de amenaza, sumados a una falta de planificación territorial con diseño urbano resiliente y gestión del riesgo, agravan las consecuencias negativas de los desastres, algo que se repite una y otra vez en Chile.
Esto representa una gran preocupación frente a posibles futuros desastres. Según otra investigación que dimos a conocer en 2022, donde analizamos la vulnerabilidad social y su evolución entre censos, en los últimos años se ha registrado un incremento en estas formas de ocupación irregular en el Gran Valparaíso, siendo los factores más relevantes en ellos las “mujeres jefas de hogar”, “población en situación de discapacidad” e “inmigración”.
En Viña del Mar, por ejemplo, hay un total de 93 campamentos, 13 de los cuales fueron afectados por el incendio, lo que equivale al 14,3% de las áreas informales de la ciudad. En Valparaíso este peligro también fue advertido tras los incendios de 2014, que afectó a siete cerros de la ciudad y donde también había proliferación de asentamientos informales. Nada se ha hecho al respecto y actualmente existen 74 campamentos en Valparaíso, que se distribuyen en la parte alta de los cerros, comprendiendo una superficie total de 105, 57 ha. Seis de ellos agrupan a más de 100 hogares tales como Mesana Alto, Violeta Parra, Altos de Placilla, Pampa Ilusión, La Isla y Los Lancheros.
En Quilpué, el número de hogares en campamentos es del 8% del total, sin embargo presentan una distribución amplia en el territorio que comprende 51,75 ha. Al menos 3 de estos aglomeran a más de 100 hogares. Dada la aceleración del crecimiento urbano y los desafíos frente a la adaptación al cambio climático, el reporte señala que urgen medidas concretas y eficientes en planificación territorial para regular las formas de ocupación en zonas de riesgo, para evitar que estos desastres se sigan repitiendo en Chile.
* Directora del Centro UC Observatorio de la Costa, académica del Instituto de Geografía UC, investigadora del Instituto Milenio Secos e investigadora principal de CIGIDEN