Columna de Beatriz Aguirre: “Explotación sexual comercial de NNA: no hay más tiempo que perder”

La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile en 1990, reconoce la necesidad de proporcionar protección especial a las niñeces y consagra el interés superior como principio rector de todas sus acciones. En ese marco, la explotación sexual comercial (ESC) de niños, niñas y adolescentes (NNA) constituye una de las más graves vulneraciones de los derechos humanos de las infancias.

Ya sea por horror o indiferencia, es el fenómeno más invisible que viven, sumado a múltiples otros fenómenos sociales que están cubiertos con el manto de la clandestinidad.

En un concepto muy general, la ESC consiste en la utilización de NNA como objeto de lucro en actividades que afectan su indemnidad o libertad sexual donde el intercambio y/o retribución se configura en el elemento diferenciador de otro tipo de delitos en la esfera de lo sexual.

Esto se despliega en un contexto de explotación que incluye espacios virtuales, un mundo del que es imposible desatenderse y que, ante la poca supervisión, también levanta nuevas amenazas.

No hay duda que la ley 21.522 es un hito de suma relevancia social y política y un avance significativo, pues además de impulsar un cambio de paradigma en relación con este cruel fenómeno, actualiza el catálogo de delitos disponibles en materia sexual. Sin embargo, corre el riesgo de ser letra muerta si no se generan las condiciones para una institucionalidad robusta que detecte, derive, proteja, investigue, sancione y otorgue posibilidades de resignificación de la experiencia de trauma que viven las víctimas.

Asimismo, Chile necesita avanzar en la implementación del Cuarto Marco de Acción contra la explotación sexual comercial de NNA, disponer de datos actualizados, profundizar en la formación de quienes intervienen, contar con dispositivos efectivos de persecución, así como otras medidas de trabajo intersectorial.

El 18 de mayo es un día de reivindicación de las víctimas que recuerda al Estado chileno en su rol de garante principal, así como también a la sociedad en su conjunto, la necesidad de un cambio de paradigma que supere el adultocentrismo y la visión patriarcal sobre este delito y avance decididamente hacia el reconocimiento efectivo de los derechos humanos de las infancias en un tema históricamente postergado.

Acabar con esta violencia requiere de trabajo colaborativo y una visión compartida de todos y todas, tomando acciones integradas entre el mundo público, privado y las organizaciones de la sociedad civil. No hay más tiempo que perder.

*Directora nacional Escuela de Trabajo Social Universidad Santo Tomás y coordinadora general de la Red de Universidades por la Infancia (RUPI)