Impactos en dunas, destrucción de humedales, desaparición completa de playas, modificación de los cauces de ríos poniendo en riesgo de inundación a las riberas y pérdida de calidad del agua. Mientras la construcción de grandes edificios e infraestructura acapara noticias por impactos como los recientes socavones de las dunas de Concón, una actividad menos evidente pero igual de importante genera graves daños a los ecosistemas marino-costeros y cursos de ríos: la extracción de arenas o áridos.
Los áridos son uno de los principales insumos para la construcción, pero la demanda es mayor que el acceso a este recurso, lo que ha generado una industria ilegal que causa estragos a nivel mundial y también en Chile. Una investigación liderada por nuestro colega de la Universidad Del Atlántico (Colombia), Nelson Rangel-Buitrago y publicada el viernes en la revista Science, señala que actividades como la urbanización extrema, la contaminación y la minería de arenas, están amenazando los frágiles ecosistemas costeros en todo el mundo.
Después del agua, los llamados “áridos” (incluyendo aquí arenas, gravas y otros materiales naturales procesados por machaqueo), son la materia prima que se consume en mayor cantidad en el mundo. Y aunque no es un recurso infinito, la demanda de arena crece sin parar: la investigación señala que actualmente se extraen en el mundo entre 40.000 y 50.000 millones de toneladas de arenas y gravas en ríos, litorales, y canteras.
El libro Vanishing Sands, publicado recientemente por Duke Press University, investigó también esta realidad analizando información de las últimas cuatro décadas. Señala que existen verdaderas mafias operando desde países como Jamaica y Marruecos, hasta India e Indonesia, África y Sudamérica, capaces de borrar playas completas del mapa en una sola noche.
Un informe del Observatorio Global de la Arena, iniciativa del Programa Ambiental de la ONU y del Programa Global de Identificación de Riesgos (Global Sand Observatory Initiative, UNEP-GRID), confirma esta situación, señalando que en las dos últimas décadas se ha triplicado en el mundo el consumo de áridos. Y nuestro país no es la excepción.
La extracción irregular de áridos es una actividad que viene siendo denunciada hace años por comunidades costeras a lo largo de Chile, afectando a playas, campos dunares, el curso inferior de ríos y las desembocaduras de ríos andinos, como el Maipo y el Aconcagua. También se han denunciado extracciones en las dunas de El Tabo, e incluso se han presentado casos como el de las playas en la Península de Tumbes, que fueron detonadas con explosivos eliminando toda la flora y fauna del sector.
Cabe destacar que muchos de los impactos de los últimos sistemas frontales, como aluviones e inundaciones, se deben a los daños causados por esta actividad, ya que tanto playas, como dunas y humedales, constituyen una barrera de contención contra estos eventos.
En la legislación chilena, la normativa vigente establece que las autorizaciones para la extracción de áridos deben ser otorgadas por las respectivas municipalidades. Los permisos, en aquellos casos en que la extracción se realice en lechos de corriente de aguas, tendrán que contar, adicionalmente, con la revisión técnica de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas.
A su vez, la extracción de áridos está considerada en la lista de actividades susceptibles de causar impacto ambiental en la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que estipula el tipo de proyectos que deben someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental.
A la luz de todos estos antecedentes, la Comisión de Obras Públicas del Senado aprobó en febrero de este año una moción que busca regular esta actividad, sin embargo, una vez más, nos encontramos frente a un proyecto que no contempla la necesidad de un manejo integrado cuenca-costa-océano, que pueda considerar el desarrollo armónico y la sustentabilidad de los ecosistemas, como sí permite la Ley de Costas basada en evidencia científica, que se discute actualmente en el parlamento registrando nulos avances en su tramitación.
Necesitamos en Chile una política pública que considere las interacciones que permiten que la costa presente buena salud, más allá de políticas parceladas que no resuelven las causas de fondo que están destruyendo y degradando nuestra costa. La Ley de Costas para Chile se funda en base científica y contiene nueve principios, entre los cuales está el reconocimiento de su carácter público, la gestión integrada de áreas costeras y la reducción del riesgo de desastres.
*Geógrafa en @geografiaUC, investigadora CIGIDEN y Milenio SECOS
