Columna de Dr. Raúl Cordero: “¿Es buena idea subsidiar los autos eléctricos?”

FILE PHOTO: A battery charger sign for electric cars is painted on the ground of a parking ground near the soccer stadium in Wolfsburg
Foto: Reuters.

Con fecha 21 de noviembre de 2022, fue publicada en el Diario Oficial la Ley N° 21.505 que busca promover el almacenamiento y la electromovilidad en Chile. Aunque incluye discutibles ayudas a la compra de autos eléctricos por parte de privados, la ley es un gran avance para adaptar nuestro sistema eléctrico a la intermitencia característica de las renovables.

La mitigación del cambio climático requiere una transición energética a sistemas renovables de energía como son, por ejemplo, la solar o la eólica. Sin embargo, la generación renovable es intrínsecamente intermitente. No se puede contar con la generación fotovoltaica durante la noche ni con la eólica durante periodos de vientos calmos.

La generación distribuida y los sistemas de almacenamiento de energía permiten sobrellevar la intermitencia característica de las renovables, garantizando la resiliencia de la red y la seguridad del suministro. A esos objetivos apunta la Ley N° 21.505, cuya reciente promulgación puede considerarse un paso fundamental en la modernización del sistema eléctrico nacional.

En primer lugar, la nueva ley facilitará la integración en la red de sistemas de almacenamiento de energía como son, por ejemplo, los bancos de baterías. En segundo lugar, la ley permitirá que sistemas generación-consumo (que cuenten con plantas de privadas diseñadas para abastecer un proceso productivo específico) puedan inyectar los excedentes de su generación renovable a la red. Una mayor cantidad de plantas generadoras y de sistemas de almacenamiento de energía, adecuadamente distribuidos a lo largo de la geografía del país, disminuirá la intermitencia del total inyectado a la red y hará menos necesario contar con servicios de estabilización.

Mucho más controvertido en el texto de la nueva ley es la promoción de la electromovilidad a través del “subsidio” a la adquisición de autos eléctricos por parte de privados. Los compradores de estos vehículos contarán con descuentos en el pago de su permiso de circulación durante ocho años (estarán exentos del pago del permiso los primeros dos años, tendrán un 75% de descuento en los años 3 y 4, un 50% de descuento en los años 5 y 6, y un 25% de descuento en los años 7 y 8).

El generoso “subsidio” a la electromovilidad privada incluido en la ley N° 21.505 no sólo puede considerarse regresivo (los beneficiarios se concentrarán en el percentil más rico de la población) sino que probablemente sea innecesario. Al igual que en buena parte del mundo, la comercialización de autos eléctricos en Chile crece a tasas ya muy altas. Las ventas de estos vehículos en el país crecieron 114% entre el 2021 y el 2022.

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Aunque varios países desarrollados destinan recursos a promover la adquisición de vehículos eléctricos para uso privado, estas ayudas son mucho más fáciles de entender en el caso de países que cuentan con una fuerte industria automotriz. Los subsidios en Alemania y Estados Unidos se justifican en la necesidad de apuntalar a una industria que representa una fracción significativa de la economía de esos países y de la que dependen cientos de miles de empleos. Por ejemplo, los subsidios a la electromovilidad incluidos en la “Ley de Reducción de la Inflación” impulsada por el presidente Biden y aprobada por el congreso de Estados Unidos el 2022 (370.000 millones de dólares para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos en 40% antes de 2030) requieren que los autos y las baterías sujetos de ayudas sean fabricados en Norteamérica.

Reemplazar los actuales vehículos a combustión por autos eléctricos permitirá abatir contaminación atmosférica y acústica. Aunque estos beneficios medioambientales hacen urgente avanzar en la electromovilidad, la desigualdad sistémica de nuestras sociedades hace también urgente avanzar en equidad. Habría sido más razonable y justo enfocarse en acelerar la electrificación del transporte público y no en promover la compra de autos eléctricos por parte de privados. Santiago disputa con Bogotá el podio de la ciudad fuera de China con más buses eléctricos en el mundo. Sin embargo, queda mucho por avanzar, especialmente a nivel de regiones donde la presencia de buses eléctricos es casi anecdótica.

En lo que se refiere a electromovilidad, desafortunadamente la nueva ley contribuirá sólo a acentuar inequidades. Considerando el alto costo de los vehículos eléctricos, los pudientes ciudadanos que adquieran un SUV de alta gama podrían recibir excepciones en el pago de permisos de circulación equivalentes a unas 10 veces el salario mínimo actual en Chile. Futuras iniciativas públicas deben corregir esta anomalía.

*Dr. Raúl R. Cordero, académico de la UdeSantiago, experto en Cambio Climático, y líder de @AntarcticaCL.

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