Un acto necesario y vital como comer y beber está, en muchos casos, enfermando y matando a la población chilena. Según la Encuesta Nacional de Salud de 2016 - 2017, casi tres cuartos de los ciudadanos tienen sobrepeso y un tercio obesidad, de cada 6 habitantes menos de 1 consume un mínimo de frutas y verduras, mientras que el consumo de sodio promedio duplica el máximo sugerido por Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto tiene como consecuencia una larga lista de enfermedades, tales como: hipertensión arterial, diabetes, infartos, ACV, cánceres, entre otras. Algunas de estas condiciones, prevenibles en la mayoría de los casos, implican tratamientos de por vida, una pérdida notable en la calidad de vida, mortalidad prematura, etc. y un alto costo en tratamientos de salud que son cubiertos por la sociedad en general.

No solo el patrón actual de alimentación es, a menudo, dañino para la salud, sino que es insostenible desde el punto de vista ambiental. Por ejemplo, el consumo excesivo de carnes rojas implica un uso de agua superior al que conlleva la producción de alimentos vegetales. En un país cuyo régimen de lluvias se alteró y la disponibilidad de agua disminuyó en grandes áreas, el patrón productivo de alimentos es insostenible.

La existencia de sistemas alimentarios poco saludables e insostenibles ambientalmente son un fenómeno global que ya tiene nombre: “sindemia” (Swinburn et al, 2019). Esta sindemia posee dimensiones biológicas, psicológicas, ambientales y económico-sociales que deben ser pensadas y abordadas de manera sistémica.

Resulta imperativo modificar esta situación, aunque no resulta fácil hacerlo. Se requiere modificar patrones alimentarios y productivos aceptados; regular entornos alimentarios obesogénicos (que favorecen el sobrepeso/obesidad); y erradicar los llamados “desiertos alimentarios” (entornos donde no se tiene acceso asequible a alimentos nutritivos, más comunes en sectores de bajo nivel socioeconómico).

Ningún país en el mundo ha conseguido revertir el crecimiento extraordinario del sobrepeso y la obesidad, aunque algunos han avanzado en medidas parciales que lo han ralentizado. La economía brinda herramientas útiles pero parciales para esto. Es un principio básico de la economía del bienestar que los precios de los bienes deben reflejar todos los costos y beneficios en los que incurre la sociedad en su producción y/o consumo. Si se consumen productos que generan daños a la salud y tratamientos que van a ser afrontados por toda la sociedad, el precio de ese producto no sólo debe reflejar costos productivos y beneficios económicos a productores, sino también esos costos en el tratamiento de la salud. Para que ello ocurra, esos productos no saludables deben tener impuestos que igualen el precio al costo social total. Estos impuestos y subsidios correctivos, que forman parte del arsenal de medidas que la teoría económica -más ortodoxa- tiene a disposición para corregir distorsiones, son resistidos por actores que privilegian el status quo y las ganancias económicas de corto plazo. Otras disciplinas (Salud Pública, Nutrición, Sociología, Ingeniería en Alimentos, Ciencias Agronómicas, por nombrar algunas) pueden aportar diversas visiones, herramientas y soluciones.

Problemas multidimensionales como este, requieren de un abordaje intersectorial, multidisciplinario y multipartidario. Es necesario involucrar y generar diálogo entre diferentes sectores, disciplinas y actores del Gobierno, la academia, la sociedad civil, el sector público y el sector productivo, para obtener diagnósticos y soluciones efectivas. Todos estos sectores son eslabones del sistema alimentarios y deben ser considerados necesariamente en su funcionamiento.

En resumen, es necesario el “involucramiento paulatino de diferentes actores en el proceso de toma de decisiones, apuntando a la solución efectiva de problemas, para eso se hace necesario generar espacios adecuados para compartir liderazgos, recursos, líneas estratégicas, oportunidades y realizar una planificación conjunta” (MINSAL, 2013). La complejidad de problemas como lo es el sistema alimentario no debería implicar dilaciones, atajos o la adopción de soluciones facilistas e inconducentes, sobre todo cuando en Chile existen los recursos humanos y físicos, la evidencia y la tecnología adecuada para un abordaje integral. Sólo hace falta la voluntad política para coordinar a los actores relevantes.

*Doctor en economía, Profesor Escuela de Negocios, Universidad Adolfo Ibáñez

**Ingeniera Civil Industria, Estudiante de Magíster del Instituto de Nutrición y Tecnología en Alimentos de la Universidad de Chile (INTA)