La crisis sociosanitaria provocada por el Covid-19 nos otorgó la oportunidad de poner en valor la relevancia de la generación de conocimiento como pieza clave para el desarrollo. Producir vacunas, saber administrarlas debidamente, entender los múltiples factores de incidencia de la enfermedad, gestionar el impacto económico, abordar los problemas de salud mental, dimensionar sus efectos sociales y territoriales, comprender el valor de las labores de cuidado, visualizar la posibilidad de avanzar en teletrabajo y educación a distancia, entre tantos otros asuntos, requirieron de la concurrencia de la ciencia y la tecnología para atenuar y sobrellevar el impacto de la crisis.
A estos desafíos podemos sumar la recientemente anunciada Estrategia Nacional del Litio, la urgencia de avanzar en un modelo productivo sostenible y la necesidad de abordar la influencia que ejercerá la inteligencia artificial, entre otros temas emergentes.
En Chile contamos con una comunidad científica sólida y productiva, instalada principalmente en universidades con dilatada trayectoria en investigación y en centros de excelencia en los que convergen las mismas universidades para producir conocimiento de vanguardia. Sin embargo, en la actualidad, la inversión fiscal en ciencia representa solo un 0,34% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que compromete el crecimiento sostenible.
A esto se agregan señales que amenazan con poner en riesgo la actividad científica debido a procesos administrativos crecientemente engorrosos, lentitud en la transferencia de recursos, así como mermas en los montos asignados.
Aun cuando reconocemos que el aumento del gasto es un factor habilitante y no un factor de política pública en sí mismo, el incremento de los recursos es necesario para diseñar estructuras que fortalezcan la articulación de actores del Sistema Nacional de CTCI, potenciar la formación y la inserción de investigadores e investigadoras, disminuir las inequidades que aún persisten en las dimensiones de género, laboral, territorial, y crear una visión estratégica de largo plazo, con capacidad de responder a la complejidad de los desafíos contemporáneos.
En ese sentido, se vuelve cada vez más importante contar con mecanismos de financiamiento permanente o fondos basales, orientados a generar estas condiciones habilitantes y sostener procesos de escalamiento hacia el campo tecnológico y el desarrollo de la innovación.
Es por ello que vemos con entusiasmo las apuestas que buscan fortalecer el trabajo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, para impulsar una estrategia capaz de poner en valor la generación de conocimiento, su transferencia y aplicación para responder a los desafíos de desarrollo que el país demanda.
Otorgar a la iniciativa científica el lugar que merece, en el ámbito de la política y del desarrollo económico y social, tiene hoy carácter de urgencia, ya que sin ciencia el crecimiento económico no será sustentable. Por esa razón, celebramos la reciente adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL), en el cual participarán 11 universidades chilenas junto a otras organizaciones públicas y privadas y que busca fomentar la minería baja en emisiones y desarrollar una industria de energía solar.
La cooperación interinstitucional es clave para el avance del conocimiento y de sus aplicaciones, y las universidades continuaremos contribuyendo con nuestras mejores capacidades. Entre los desafíos, está vincular más estrechamente el fomento de la investigación con la innovación educativa y la formación de personas para el desarrollo sustentable y el bien común.
*Rosa Devés, rectora de la Universidad de Chile.