Columna Dra. Carolina Martínez: Plantas desaladoras: ¿un trago amargo para las comunidades?

Durante casi tres meses pescadores de la comuna de Puchuncaví se mantuvieron en toma impidiendo las obras de una nueva planta desaladora en la comuna. Finalmente fueron desalojados. La comunidad local se opone a este proyecto de la empresa Aguas Pacífico, preocupados por el negativo impacto que podría causar el funcionamiento de la planta desalinizadora, sobre todo en el proceso de devolución de la sal al mar, la llamada “salmuera”, generada en estos procesos.

Aunque la empresa asegura que su proyecto cuenta con todos los permisos y no impacta en el medioambiente, lo cierto es que faltan estudios científicos para determinar los potenciales efectos de esta clase de infraestructura, tanto para las comunidades que dependen de los recursos marinos, como para los ecosistemas marino-costeros que ya presentan una gran vulnerabilidad debido a las marejadas, el cambio climático y la erosión que afecta al 86% de playas en Chile.

Nuestro país tiene ambiciosas proyecciones de crecimiento para la industria de la desalinización, en la que está basada gran parte de su estrategia de seguridad hídrica, sin embargo, la participación y la opinión de las comunidades es clave para llevar adelante proyectos que implican cambios para quienes habitan los territorios donde estarán instaladas estas desaladoras.

Pero ¿qué sabemos sobre la instalación de esta clase de plantas? Una investigación publicada en el Journal Sustainability donde participó mi colega del Instituto Milenio SECOS Ricardo Barra, doctor en Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, analizó la “disponibilidad de espacio” para el desarrollo de esta industria, desde la zona central hasta el norte de nuestro país, abarcando un total de 114.452 km2. El estudio muestra que solo el 4,54% del territorio, equivalente a 5.195 km2, fue catalogado como altamente apto.

Esta investigación además confirma lo que hemos visto en nuestros estudios, en el sentido de que se requiere considerar los aspectos “socioambientales” cuando se implementan proyectos en las costas: “Las comunidades locales juegan un papel fundamental en la viabilidad de los proyectos de desalación en fase inicial, donde la percepción pública es un factor fundamental para la sostenibilidad operativa y la seguridad hídrica de la población que depende de este abastecimiento de agua”, destaca.

Lo que pasa en Puchuncaví es un conflicto que se está repitiendo en otras partes de Chile, según hemos podido constatar a través de nuestros Núcleos Territoriales del Observatorio de la Costa. Por ejemplo, la Desaladora Aguas del Valle, en el Panul, Coquimbo, cuenta con una inversión de 181 millones de dólares, pero debido a los impactos que puede causar en los ecosistemas, la comunidad local se ha movilizado contra el proyecto: dos veces ha sido rechazada esta planta por el Servicio de Evaluación Ambiental, contando con lapidarios informes.

Otro caso es la planta de ósmosis inversa que fue inaugurada este en la caleta de Quintay, Región de Valparaíso, donde opera nuestro núcleo territorial del litoral central. La planta permite abastecer a 400 familias en esta zona que arrastra graves problemas de abastecimiento de agua. Sin embargo, todavía quedan sectores sin acceso que se abastecen por camiones aljibe, por lo que existen planes para construir plantas aún más grandes. Los impactos también preocupan a esta comunidad, tomando en cuenta que esta es la primera caleta de Chile en contar con área de manejo para recursos bentónicos, y que sufre ya diversos impactos producto del avance inmobiliario.

Todavía quedan muchas dudas sobre la seguridad de estas plantas: saber si incorporan la tecnología adecuada para hacer frente a amenazas naturales recurrentes como tsunamis y terremotos, si podrán resistir las marejadas, o la erosión costera que se extiende de manera creciente por nuestras costas. Sin duda el problema hídrico requiere implementar nuevas soluciones, pero estos conflictos ponen de relieve una vez más la necesidad de contar con un marco regulatorio que haga posible el ordenamiento territorial para la costa.

Hoy más que nunca la restauración de los ecosistemas marino-costeros aparece como una necesidad prioritaria, que demanda tanto soluciones basadas en la mejor evidencia científica posible, como la participación de las comunidades en los procesos de cambio, integrándose desde el inicio, no al final cuando las decisiones están tomadas.

Es urgente contar con una Ley que permita administrar de manera segura los distintos usos de la costa y protegernos frente a afectaciones cuyos impactos todavía desconocemos. La crisis hídrica se acrecentará en los siguientes años, en especial dada la insuficiencia de las decisiones gubernamentales que permitan detener el avance del cambio climático global.

*Directora del Observatorio de la Costa UC. Académica de Geografía UC, e investigadora Secos - Cigiden.