Se inicia la temporada de altas temperaturas y, con ello, la preocupación de muchas personas que habitan áreas rurales, cercanas a bosques y zonas forestales, que son altamente vulnerables a la acción del fuego.
El recuerdo del año 2017 aún sigue en la retina de miles de chilenos que vivieron, en carne propia, uno de los incendios de mayor magnitud en la historia del país, en el cual fueron afectadas más de 520 mil hectáreas (Conaf, 2017) de bosque nativo, producción forestal e incluso pequeños poblados. Tal fue el impacto de este evento que llevó a la comunidad internacional a agregar una nueva clasificación para este tipo de desastres: un incendio de “sexta generación” (UE, 2017) levantando una alerta mundial respecto al escenario futuro de estos eventos, ante el incremento de los efectos del Cambio Climático.
La evidencia indica que el impacto del Cambio Climático hará que estos fenómenos sean más frecuentes y de mayor intensidad (Conaf 2016). Sin ir más lejos, durante agosto del presente año el estado de California y toda la costa oeste de EE.UU. sufrieron la pérdida de más de dos millones de hectáreas de bosques, dejando decenas de víctimas fatales, destruyendo viviendas y empeorando los ecosistemas de dicho país.
No obstante, los incendios forestales no sólo tienen un efecto directo sobre nuestro patrimonio natural, la propiedad privada y la vida de las personas, sino que tienen graves consecuencias en términos ambientales. La quema de bosques y otros recursos vegetacionales libera una gran cantidad de CO2 al ambiente, llegando a casi 100 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono (CAMS) durante los incendios del año 2017 en Chile, lo que equivale a las emisiones de 3,5 millones de autos y que corresponde a 2/3 de todos los vehículos en Chile, (De la Fuente y Rojas, 2017) o a la huella de carbono de 21 millones de personas por todo un año (media para Chile 4,69 t CO2/Persona) (Carbonfootprint).
Dichos gases contribuyen al incremento de las temperaturas del planeta, disminución significativa de las precipitaciones y el aumento de la recurrencia de sequías (Conaf, 2016).
Luego del fuego, y entre las cenizas, parece que todo hubiese acabado. Sin embargo, esto es solo el comienzo de una serie de impactos ecológicos que resultan en la degradación de los servicios ecosistémicos (regulación del clima, purificación del agua, descontaminación del aire, control de inundaciones, recreación, paisaje, pérdida de productos forestales no madereros, destrucción de sitios culturales y ceremoniales indígenas, entre otros) (Syphard et al., 2012) que, finalmente, afectan la calidad de vida humana, llegando incluso a propiciar el abandono de áreas pobladas por escasez de recursos. Los megaincendios de 2017 en Chile, se produjeron en un área de gran concentración de biodiversidad, calificada como zona de excepción por el número de especies endémicas presentes. Para muchos expertos, las consecuencias de estos incendios solo se comparan con los cambios que se produjeron en los grandes procesos geológicos donde, a diferencia de 2017, no hubo intervención humana.
¡Tenemos que trabajar decididamente en contrarrestar estos efectos! Debido al acelerado proceso de degradación que sufren los ecosistemas luego de un incendio, es imperante tomar medidas que ayuden a prevenir y mitigar los daños en el área afectada. Mediante acciones de silvicultura preventiva o el reordenamiento de la vegetación y remoción de los residuos vegetales, que propician que se produzca un incendio forestal, es posible reducir el riesgo de incendios o bien retardar su propagación y mitigar los daños. Por otra parte, a través de iniciativas de restauración ecológica, es decir, rehabilitación y revegetación de las áreas incendiadas, es posible recuperar la integridad de los ecosistemas en términos de su composición, estructura y funcionamiento.
Un gran pilar para avanzar en esta dirección ha sido la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) de Conaf, en el marco de la cual se desarrolla el Programa Nacional ONU-REDD para la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal. Esta iniciativa, que cuenta con la participación de tres agencias de Naciones Unidas, FAO, PNUD y PNUMA, desarrolló e implementó modelos de gestión forestal orientados a cuantificar, caracterizar, evitar y resolver problemas de deforestación y degradación de la tierra, ejecutando proyectos piloto en cuatro regiones del país. Estos proyectos impulsan prácticas de restauración ecológica en bosques nativos afectados por incendios forestales, en áreas de alto valor patrimonial y cultural de las regiones de La Araucanía y Magallanes
Los resultados y las lecciones aprendidas de estos proyectos piloto permiten posicionarnos de excelente manera, para enfrentar nuevos desafíos en cuanto a restauración ecológica de áreas incendiadas y otras medidas preventivas.
Recientemente el Fondo Verde del Clima (FVC) le adjudicó al país uno de los primeros subsidios de Pagos Basados en Resultados (PBR) el cual reconoce la gestión previa de Chile en cuanto a la administración de sus recursos forestales, como mecanismo de lucha contra el Cambio Climático, otorgándole cerca de 64 millones de dólares para la gestión sustentable de los recursos forestales del país.
El proyecto, considera actividades de reforestación con especies nativas, restauración ecológica para la recuperación de los ecosistemas y diseño de planes de silvicultura preventiva para reducir el riesgo de incendios forestales en los bosques de nuestro país, entre otras actividades. Este gran reto, que permitirá seguir contribuyendo a la reducción de los Gases Efecto Invernadero y la lucha contra el Cambio Climático, será liderado por Conaf y contará con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como agencia implementadora, con una meta de 25.000 hectáreas por intervenir en los próximos seis años.
*Representante de FAO en Chile