Contaminación causa 9 millones de muertes al año: informe ONU alerta que emergencia climática supera a la crisis por Covid-19

La contaminación provocada por los países y las empresas está contribuyendo a que se produzcan más muertes en el mundo que el Covid-19, según un informe medioambiental de la ONU publicado esta semana, en el que se pide una “acción inmediata y ambiciosa” para prohibir algunos productos químicos tóxicos.

El informe afirma que la contaminación por plaguicidas, plásticos y residuos electrónicos está causando violaciones generalizadas de los derechos humanos, así como al menos 9 millones de muertes prematuras al año, y que el problema se está pasando por alto en gran medida.

Muchos más decesos que la pandemia de coronavirus, que ha causado cerca de 5,9 millones de muertes, según el agregador de datos Worldometer.

“Los enfoques actuales para la gestión de los riesgos que plantean la contaminación y las sustancias tóxicas están fallando claramente, lo que da lugar a violaciones generalizadas del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible”, concluyó el autor del informe, el relator especial de la ONU, David Boyd.

El documento, que se presentará el mes que viene al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha declarado que el medio ambiente limpio es un derecho humano.

En él se insta a prohibir los polifluoroalquilos y los perfluoroalquilos, sustancias artificiales utilizadas en productos domésticos como los utensilios de cocina antiadherentes, que se han relacionado con el cáncer y se han apodado “sustancias químicas para siempre” porque no se descomponen fácilmente.

También recomienda la limpieza de los lugares contaminados y, en casos extremos, la posible reubicación de las comunidades afectadas -muchas de ellas pobres, marginadas e indígenas- en las llamadas “zonas de sacrificio”.

Este término, utilizado originalmente para describir las zonas de pruebas nucleares, se amplió en el informe para incluir cualquier sitio muy contaminado o lugar que se vuelva inhabitable por el cambio climático.

En Chile, un ejemplo es Quinteros, Ventanas y Puchuncaví, zona que en la década de los 60 contaba con un alto valor turístico, además de riqueza ambiental, junto con un desarrollo económico basado en la agricultura y la pesca artesanal.

Sin embargo, esa situación cambio en el año 1967. En ese momento se instaló la refinería de cobre en Ventanas y, a partir de esa época empezaron los problemas ambientales y de salud pública. La instalación de nuevas industrias contaminantes, empeoró no solo la salud de las personas, también implicó el deterioro del medio ambiente.

En 1977 se inaugura la termoeléctrica Ventanas II, con una potencia mayor, esta vez de 220 MW. Posteriormente, en 1990, junto a Chilgener (Chilectra), se reconoce por primera vez que existen problemas medioambientales en la zona, por lo que un año después se promulga el Decreto supremo Nº 185/91 del Ministerio de Minería, que regula a los establecimientos y fuentes emisoras de anhídrido sulfuroso, material particulado o arsénico. Esto obligó a la empresa a instalar una red de monitoreo permanente y a presentar un plan de descontaminación antes de julio de 1992.

En 1994, la zona fue declara saturada por anhídrido sulfuroso y material particulado al área circundante al complejo industrial Ventanas por el Ministerio de Agricultura. Esta situación se repetiría durante la década de los 90 a través de diferentes decretos.

La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha calificado las amenazas medioambientales como el mayor reto mundial en materia de DDHH, y un número creciente de casos de justicia climática y medioambiental están invocando los derechos humanos con éxito.

“La acción decisiva del Consejo de Derechos Humanos al reconocer el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible tiene que ver con la protección de las personas y el planeta: el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos. También se trata de proteger los sistemas naturales que son condiciones previas básicas para la vida y el sustento de todas las personas, dondequiera que vivan”, dijo en octubre de 2021 la Alta Comisionada. “Habiendo pedido durante mucho tiempo ese paso, me complace que la acción del Consejo de hoy reconozca claramente la degradación ambiental y el cambio climático como crisis de derechos humanos interconectadas”.