COP 25: de la declaración a la acción

Bastante auspiciosos parecen los preparativos de la COP 25, la mayor conferencia sobre Cambio Climático de Naciones Unidas que se llevará a cabo en Cerrillos en diciembre próximo y que congregará a más de 25 mil personas de 197 países.

Al amplio despliegue de autoridades -encabezados por la ministra Carolina Schmidt que ha estado presente en múltiples eventos-, se han sumado gobiernos locales, instituciones académicas, centros de estudios, gremios, empresas, organizaciones no gubernamentales y organismos de la sociedad civil, entre otros, que han llevado la relevante temática medioambiental a ocupar un papel no menor dentro de la agenda.

En ese contexto, existe la posibilidad de aprovechar la instalación de esta temática para que la propia ciudadanía y el sector privado se hagan parte, y fomentar de esta forma un proceso de concientización frente a la relevancia del cambio climático, que nos afecta directamente al ser uno de los países más vulnerables a él. Organismos como el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) parecen haber tomado nota, organizando un programa de voluntariado juvenil para apoyar a la organización del evento y empresas del sector privado también se han involucrado, a través de acciones como su adhesión al Pacto Global de Naciones Unidas.

A la par, y en vista de la importancia que posee la COP y al compromiso asumido por el gobierno central, es que sería una señal coherente, tal como Alicia Bárcena secretaria ejecutiva de la Cepal, declaró, que nuestro país firme el postergado Acuerdo de Escazú en la Asamblea General de la ONU en septiembre próximo, como un indicio de que efectivamente Chile está consciente de la necesidad de hacer frente a la problemática del cambio climático.

Si bien se han visto acciones concretas como el fomento a la electromovilidad en el transporte público, el crecimiento de las energías alternativas o los avances en la tramitación del proyecto para la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, urge que se agilicen las mejoras en la legislación ambiental -incluyendo una Ley Marco de Cambio Climático y fortalecimiento de la institucionalidad- de manera de que se amplíen las atribuciones de la autoridad ambiental y fiscalizadora, que permitan respuestas rápidas y severas en tiempos de crisis, pero que a su vez, garantice imparcialidad y otorgue niveles prudentes de certeza jurídica al sector privado para no mermar el desarrollo productivo ni el legítimo derecho a resguardo de sus inversiones.

El honor de ser país anfitrión de la COP 25, tras sucesivas crisis ambientales que nos han afectado -incluyendo escasez hídrica y múltiples episodios de contaminación de diferente tipo- nos entrega también la responsabilidad de ser coherentes en la materia y de proyectar una política de Estado sólida a largo plazo.

Si bien es destacable la multiplicidad de actores de diferente índole que están involucrados, comprometidos y conscientes de la problemática existente, es necesario, tal como el propio Ministro de Ciencias ha planteado, que nuestro país pase de la negociación a la acción, y que la importancia que el ejecutivo le ha entregado a la organización de la cumbre se vea coherentemente reflejada en acciones concretas.