En los últimos días, gracias a la movilización ciudadana, la atención del país se ha centrado en el "elefante en la habitación" de nuestra sociedad: la inequidad. De acuerdo a cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), el 10% más rico de la población chilena tiene ingresos más de 25 veces mayores que el 10% más pobre de la población. Esta brecha de ingresos, solo comparable con la de México, es aproximadamente 2,5 veces peor que el promedio de los otros países de la Ocde.

Muchas veces se subraya la necesidad de la acción climática citando la inequidad inter-generacional: resulta injusto que la generación futura herede un planeta degradado por la generación actual. Sin embargo, el cambio climático también agudiza la inequidad intra-generacional: en esta misma generación, es injusto que haya grupos de la población más vulnerables que otros a los cambios en el clima.

El cambio climático exacerba la inequidad pues la población pobre o más vulnerable, tiene una relativamente baja capacidad de adaptación y son altamente sensibles a muchos de los riesgos asociados a los cambios en el clima. Disminuir la vulnerabilidad de los grupos de riesgo requiere de inversiones en planificación, preparación, e implementación de medidas de adaptación.

Los beneficios luego de la adopción de medidas de adaptación al cambio climático son en general muy superiores a los daños esperados en caso de no tomar medidas. Sin embargo, la adaptación requiere inversiones que son difíciles de asumir para los países en vías de desarrollo o para los grupos vulnerables de la población.

La acción climática requiere avances en la equidad y una mayor justicia. En términos concretos, la justicia climática implica cerrar brechas en la capacidad de adaptación al cambio climático de la población más vulnerable. Esos son temas incluidos en la agenda de la próxima COP25 programada para realizarse en nuestro país en diciembre. La COP o Conferencia de Partes es la reunión anual de los casi 200 Estados o "partes" signatarios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, adoptada en la Cumbre de Río en 1992. En la COP25 deberán cerrarse la negociación del reglamento que permita la aplicación del Acuerdo de París (adoptado en la COP21 en 2015).

El objetivo principal del Acuerdo de París es mitigar el cambio climático y limitar el alza de la temperatura global a alrededor de 1,5°C (respecto a los valores previos a la era industrial). Como parte del Acuerdo, todos los países (incluidos los grandes emisores que están aún en vías de desarrollo, como China e India) asumieron una serie de compromisos voluntarios que se denominan Contribuciones Determinadas Nacionales (NDC, por sus siglas en Inglés).

Las NDC incluyen compromisos de reducción de emisiones a aplicar a partir de 2020. Adicionalmente, los países desarrollados han incluido en sus NDC fondos para financiar la adaptación al cambio climático de los países en vías de desarrollo; es decir, fondos que beneficiarían a los grupos de población más vulnerables y que ayudarían a cerrar brechas de inequidad.

Si la COP finalmente se lleva a cabo en Chile, la coyuntura nacional marcará la conferencia, relevando los mecanismos incluidos en el Acuerdo de París para reducir la inequidad vía la financiación de medidas de adaptación para la población más vulnerable. La acción climática es una lucha por la equidad así que el hecho de que la desigualdad esté en el centro del debate nacional podría de facto convertir a la COP25 en "la COP por la Equidad".