El sueño de realizar la COP25 en Chile duró diez meses; ahora, en Madrid, tenemos doce días para que la realidad de la crisis climática no termine con los sueños de un desarrollo más sustentable y equitativo, debido a la inacción frente al claro mandato que la ciencia le está dando hoy al planeta.

En 2018 el informe especial del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), estableció la necesidad imperiosa de limitar el aumento de la temperatura en 1,5ºC respecto a los niveles preindustriales. Llegar a un incremento de 2ºC, según este reporte, tendrá un impacto devastador para la naturaleza y las personas, con graves pérdidas de hábitats naturales y especies, la disminución de los casquetes polares y el aumento del nivel del mar, entre otros efectos. Ante este escenario, IPCC también dejó en claro que los compromisos suscritos en el Acuerdo de Paris no son suficientes.

Hace unos días, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) reforzó la urgencia de actuar, estableciendo que es necesario quintuplicar la ambición plasmada en los compromisos del Acuerdo de París para limitar el aumento de temperatura a 1,5°C. Esto implica reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030, rebajándolas anualmente un 7,6% desde el 2020 al 2030.

Chile, así como el resto de Latinoamérica, sigue teniendo un importante papel que jugar en estos desafíos, que no son ajenos a las demandas de mayor equidad social y mejor calidad de vida que se han expresado durante las últimas semanas.

El país, que aún mantiene la presidencia de la COP25, proyectaba ser pionero en términos de acción climática al presentar sus Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC por sus siglas en inglés) revisadas al alza durante la conferencia que originalmente se realizaría en Cerrillos. Hoy el escenario ha cambiado, el proceso de participación ciudadana se extendió hasta el 2 de diciembre y el Gobierno planea presentar la nueva NDC en marzo de 2020.

Sin embargo, la intención de una mayor ambición sigue presente y se evidencia en algunos puntos del borrador que Chile puso en consulta, tales como la carbono neutralidad al 2050, incorporación de un presupuesto de carbono definido (carbon budget), el establecer un peak de emisiones, o el pasar de una disminución de emisiones vinculada al PIB a una reducción absoluta, es decir, que no esté supeditada a la economía.

Esta fue una de las propuestas que realizó WWF Chile en agosto pasado, con el objetivo de robustecer la acción climática del país, entre las cuales también se encuentra el acelerar en 10 años la descarbonización de la matriz eléctrica, adelantándola de 2040 a 2030; restaurar 500 mil hectáreas de bosque nativo al 2030, implementar soluciones respecto del agua y su manejo a nivel de cuenca y establecer una mesa multiactores que permita sortear las dificultades de la transición que implicará materializar una NDC más ambiciosa. Porque espacios para crecer existen, sobre todo en lo que respecta a la mitigación, con mayores esfuerzos en relación al bosque nativo y superficies con coberturas permanentes, por ejemplo.

Así las cosas, el verdadero nivel de ambición de la nueva NDC de Chile solo podrá evaluarse con detalle de aquí a marzo, cuando se conozcan las contribuciones de todos los países y tengamos análisis comparativos globales. Sin embargo, por las señales mostradas, tenemos la confianza de que Chile se ubicará en el grupo de los países en desarrollo que están comprometiendo los esfuerzos adecuados, en contraste algunos miembros del G20, donde solo cinco países han comprometido una emisión neta cero en el largo plazo.

Cumplir con esta nueva NDC –que esperamos sume una dosis extra de equidad y audacia climática tras el proceso de consulta- será una tarea desafiante, sobre todo en un contexto donde el país, justificadamente, asume como prioridades avanzar en una Agenda Social y también en los procesos que podrían darle a Chile una nueva Constitución. Sin embargo, sabemos que la preocupación por el cambio climático y una transición justa, así como por la conservación de la naturaleza y el acceso equitativo y sustentable a los recursos naturales, son aspectos transversales a las diferentes demandas de la ciudadanía