¿Cuáles son los desafíos pendientes en conservación marina?

La destacada académica del Departamento de Ecología de la UC, Miriam Fernández, dice que hay dos grandes temas pendientes en conservación marina en Chile: “El primero es pasar del 43% de la superficie protegida en el papel a protección efectiva. Hoy el océano protegido en Chile está muy lejos de esta cifra que nos genera reconocimiento y liderazgo internacional. La protección efectiva es un gran desafío que está ligado al largamente postergado proyecto que crea el Servicio de Áreas Protegidas y Biodiversidad de Chile, el cual duerme eternamente en el Congreso. Es verdaderamente una vergüenza país”, explica.

Fernández, quien también es directora del programa de educación marina Chile es Mar, dice que un segundo desafío es proteger los sistemas más amenazados. “Chile avanzó a estos niveles de protección concentrando esfuerzos en las zonas menos amenazadas y con menos niveles de conflictos. Sin embargo, mientras algunos ecosistemas alcanzan cifras increíbles de protección (60 o 100%), otros tienen el 1% de protección. Este desbalance se debe resolver urgentemente. No podemos tener una fracción del océano saludable postergando el cuidado de valiosos y productivos ecosistemas”.

La directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, dice que si bien Chile ha avanzado en la creación de áreas protegidas marinas "aún existen enormes desafíos relacionados con brechas de representatividad de ecosistemas y desigualdad de cobertura. También hay que destacar que la mayoría de la superficie protegida se encuentra alejada de la zona costera, en la cual ocurren importantes procesos ecológicos y la mayor intervención antrópica”, explica.

La bióloga agrega que actualmente el 90% de la superficie marina protegida se concentra en tres ecorregiones: Archipiélago de Juan Fernández, Islas Desventuradas, y Rapa Nui. “El Ministerio de Medio Ambiente reconoce 14 ecorregiones, de éstas una (Atacama) posee menos de un 3% de protección, otras tres ecorregiones tienen menos de 1% protegido y dos (Los Molles y Paposo-Taltal) no tiene un porcentaje de su superficie bajo protección”.

Por último, Liberona señala que es urgente avanzar en la protección costera, como también en la implementación efectiva de las áreas marinas ya creadas: “No basta con sólo declarar un área, hay que implementarla, lo cual implica que el Estado debe destinar recursos económicos para ello”.

Para Carlos Olavarría, director ejecutivo de Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), un centro regional de investigación científica y tecnológica ubicado en la Región de Coquimbo, el porcentaje del 43% de protección es un buen logro. “Valoro lo que se ha protegido, principalmente en áreas más remotas, como Diego Ramírez, Rapa Nui y Salas y Gómez, Juan Fernández y Desventuradas. ¿Dónde es el siguiente paso? Creo que la idea es tener representados distintos ecosistemas y en esa línea falta por proteger la zona centro-norte de Chile, que es la zona que nosotros estudiamos”.

Olavarría explica que CEAZA estudia las ballenas en las reservas marinas Islas Choros-Damas, e Isla Chañaral, una zona con poco resguardo: “Es una sola milla alrededor de las islas y se requiere proteger aún más este sector. Probablemente estas reservas protegen en un 30% o 40% el área donde las ballenas se alimentan en el verano”, dice, y agrega que el Archipiélago Humboldt es reconocido por su alta biodiversidad.

El investigador plantea como segundo tema avanzar rápido en modelos de administración para reservas marinas y áreas protegidas. “Muy pocas reservas marinas tienen estos planes completamente establecidos e implementados. Falta bastante en esto. En las dos reservas de esta zona se ha progresado en conformar comités de administración y comités consultivos, pero hay que avanzar más y más rápido para que la protección sea efectiva. No puede ser sólo un plan por escrito, tiene que venir acompañado de financiamiento para tener monitoreo y vigilancia”.

Este experto en conservación en océanos dice que las políticas de manejo pesquero no están a la par de las necesidades. “No consideran el ecosistema en su totalidad, el cual debe además incluir la protección dura de parques y reservas o protección de especies. Tiburones y bosques de algas no tienen una regulación apropiada y su destrucción tendrá repercusiones más profundas no sólo en el ecosistema, sino que también en las comunidades humanas costeras que están intrínsecamente ligados a la salud del mar. Es urgente detener este proceso de deterioro con manejo efectivo e incluyendo mayor protección en áreas costeras, que serán la fuente de la restauración de estos ecosistemas tan históricamente maltratados”.

Bello, asesor ejecutivo de la destacada científica Sylvia Earle y de su ONG Mission Blue, considera que Chile debe asumir un rol internacional clave para incentivar un nuevo objetivo de conservación en la Convención de Biodiversidad Biológica (CBD), aumentando el actual 10% a por lo menos un 30% de protección del océano al 2030 en las zonas económicas exclusivas de los países firmantes. “También tiene un rol crítico este año en lograr una nueva área marina protegida en la Antártica en el marco de la Comisión para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos Antárticos”, agrega.

La ecóloga dice que para la conservación de los océanos, y también para proteger la biodiversidad en general, “necesitamos un cambio de paradigma, en el sentido de reconocer lo que esta pandemia nos está vociferando en la cara: somos parte de un sistema super conectado, global, presionado a distintos niveles, y estos sistemas son complejos y se afectan de distinta manera. Por lo tanto, las propuestas de conservación tienen que ser también más complejas y sistémicas”. La directora para Chile de Wildlife Conservation Society (WCS) explica que debemos proteger algunas áreas, pero mirando dentro de ellas, fuera de éstas y poniendo atención a sus conexiones.

Para Saavedra, esto no ocurre sólo con las declaraciones: “Es ahí donde, como país, nos quedamos cortos. Somos buenos para hacer declaraciones, pero no tan buenos para avanzar en generar las condiciones que permitan transformar esas declaraciones en hechos. Para eso, desde la conservación necesitamos movernos en tres niveles: uno, generar capacidades; dos, financiamiento para sacar la protección adelante -Chile está en el Paleolítico en desarrollo de temas financieros para la conservación-; y tres, el diseño de estrategias”.

Junto con esto, agrega, se requiere el desarrollo de gobernanza. "Eso precisa transparencia, claridad en los procedimientos, decisiones basadas en la mejor información disponible, y procesos inclusivos y participativos. Esto, que parece obvio, en la práctica no ocurre o pasa rara vez", dice, y añade que las decisiones deben basarse en principios de justicia y equidad.

Este consultor en derechos del mar y asuntos oceánicos dice que las negociaciones internacionales se han visto afectadas por la pandemia, pero algunos temas igualmente avanzan. Por ejemplo, en el marco de ONU, explica que se acerca la negociación de las nuevas metas de protección de la Convención sobre Biodiversidad (CBD) que busca incrementar la protección del océano al menos a un 30% al año 2030. “Esperamos que Chile se sume a este objetivo, considerando que tenemos el 43% de nuestra Zona Económica Exclusiva protegida. Falta implementar planes de manejo y adecuado monitoreo, vigilancia y fiscalización, y además avanzar en protección con áreas marinas costeras protegidas. Este paso dado es muy relevante y Chile debe inspirar a otros países a tomar similares líneas de acción. Es crucial que Chile apoye esta tarea del 30x30, sumando esfuerzos con otros países como Francia, Costa Rica, el Reino unido y Alemania, que han creado coaliciones para trabajar colaborativamente en CBD”.

Laborda agrega que está a punto de finalizar la creación del tratado que regulará la protección de la biodiversidad marina en la alta mar, proceso que se conoce como BBNJ, de la ONU. “A través de este acuerdo internacional debemos cautelar que las futuras actividades que realicen otros países en la alta mar no la menoscaben, afectando con ello nuestros espacios marítimos y las actividades actuales y futuras de Chile, lo que incluye también salvaguardar nuestras áreas marinas protegidas oceánicas: Nazca-Desventuradas, Rapa Nui, Motu Motiro Hiva y Juan Fernández. Chile debiera impulsar con fuerza que el tratado incluya un mandato para la creación de una red internacional de áreas protegidas en la alta mar, lo que tendría un efecto práctico positivo para los recursos pesqueros, dado que las flotas extranjeras, que por años han operado frente a Chile en la milla 201, una vez vigente y operativo el tratado, deberían desplazar aún más hacia la alta mar sus operaciones, protegiendo los ecosistemas marinos, así como también nuestras AMP oceánicas que he mencionado”.

El abogado y consultor añade que Chile recientemente presentó sus NDC y por primera vez incluyó el océano. “Esto, sumado a la agenda 2030, los ODS y a la negociación para la eliminación en la OMC los subsidios nocivos para la pesca. En todas estas tareas el gobierno debe mostrar liderazgo y avances concretos”.