Una nueva alerta por marejadas en el norte y centro del país, mantiene a numerosas playas en alerta y no aptas para el baño, en pleno verano. Imágenes llegan desde diversos lugares del litoral con turistas literalmente arrancando de las olas en las playas inundadas.
El fuerte oleaje -y el claro peligro- ha llevado a los municipios en diferentes balnearios a llamar a la precaución y evitar transitar por la costa.
Se trata de un problema cada vez más recurrente, impulsado por fenómenos como el cambio climático global y el aumento en el nivel del mar debido a las mayores temperaturas planetarias.
Una nueva realidad con la que debemos convivir y, sobre todo, adaptarnos, lo que implica la urgente necesidad de regular los usos que actualmente damos a la zona costera.
Los impactos de nuestras actividades, los numerosos proyectos inmobiliarios que se construyen sobre humedales o incluso encima de las rocas, están causando un impacto gigantesco en los ecosistemas, aumentando la degradación de las playas y amenazando a muchas de ellas con desaparecer en una década.
Así lo han demostrado nuestros estudios: el 86% de las playas entre Arica y Chiloé presentan erosión, un fenómeno que se está duplicando cada dos años.
La falta de regulación costera, sin embargo, no permite hacer frente a estos fenómenos con herramientas efectivas y actualmente al menos 10 reconocidas playas del país presentan tasas de retrocesos por sobre 1,5 metros al año: Algarrobo, Horcón, Los Molles, Santo Domingo, Pichilemu, Cartagena, Hornitos, Lebu, Matanzas, Tongoy y Puertecillos, se cuentan entre las playas más amenazadas.
Desaparecen las playas
El caso de Algarrobo es uno de los más preocupantes. Según la evidencia que publicamos en el Geolibro: “Hacia una Ley de Costas: bases para una gestión integrada de áreas costeras”, la erosión en la Bahía de Algarrobo se ha visto acelerada por la mayor incidencia de marejadas intensas y persistentes desde 2015, con retrocesos hasta cuatro metros por año para este sector, según un estudio que publicamos en 2021.
Esta publicación que lanzamos en diciembre de 2022, reúne la información científica más reciente sobre la erosión costera, así como de los eventos de marejadas en nuestras costas. Y aunque los reportes más antiguos de marejadas se remontan al año 1823, el potencial impacto es mucho mayor hoy, en el contexto del acelerado desarrollo urbano, económico y demográfico del país, que ha implicado un incremento en las obras y las actividades costeras.
¿El impacto? Las investigaciones indican que los litorales arenosos dependen del transporte de sedimentos a lo largo de la costa, los que son movilizados por las olas, las corrientes marinas y sedimentos incorporados por los caudales de ríos. Estos últimos se han visto considerablemente perturbados por procesos de cambio climático, por la sequía prolongada y por las intervenciones antrópicas, afectando directamente el suministro de sedimentos a las playas.
Nueva Ley de Costas
Todo este escenario de degradación nos obliga a reunir la evidencia científica para proponer una nueva Ley de Costas, trabajo que estamos llevando a cabo desde la creación del Observatorio de la Costa en 2019.
Hasta ahora uno de los principales impedimentos para avanzar hacia políticas que permitan mitigar estos impactos, es que nuestra regulación se basa principalmente en el Código Civil de 1855 -sí, leyó bien- y en la llamada “Política Nacional de Uso del Borde Costero (PNUBC)“, un reglamento con más de tres décadas.
Esta antigua regulación contempla el concepto de “borde costero”, que en la práctica sólo protege una parte poco significativa de la costa (solo hasta la línea de playa de 80 metros), dejando valiosos ecosistemas asociados fuera de toda figura legal de protección.
La nueva normativa, que comenzó su primer trámite constitucional en el Congreso, busca posicionar el concepto de zona costera, asimilando la evidencia científica que se ha generado por la academia y el importante aporte de comunidades ciudadanas movilizadas, que ha sido clave en todo este procesos, permitiendo proponer una regulación del litoral acorde a los nuevos desafíos climáticos, salvaguardando nuestras costas para el uso las y los chilenos, los servicios ecosistémicos que nos proveen y la biodiversidad única que allí habita.
Dada la importancia para el futuro costero de nuestro país, esperamos poder generar un apoyo transversal, que permita mitigar todos estos impactos utilizando a nuestro favor el conocimiento científico. Se requiere de forma urgente también reforzar la institucionalidad y las competencias de los ministerios que tienen atribuciones en la administración de la costa en Chile, como por ejemplo el Ministerio de Defensa, que pese a ser el encargado de materializar la la Política Nacional del Uso del Borde Costero, posee pocas atribuciones ordenamiento territorial, las que son clave para estos fines.
El Departamento de Asuntos Marítimos de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas es el órgano encargado de desarrollar las acciones para implementar y materializar la Política Nacional del Uso del Borde Costero. Dicha función se realiza a través de la Sección de Concesiones y la Sección de Borde Costero. El próximo lunes como Observatorio de la Costa estaremos defendiendo la necesidad de esta Ley en la Comisión de Medio Ambiente del Senado.
*Directora Observatorio de la Costa y académica del Instituto de Geografía UC.
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