De manera histórica, Argentina se convierte en el primer país del mundo en rechazar la salmonicultura: fueron prohibidas en Tierra del Fuego

Por unanimidad, la legislación de la provincia de Tierra del Fuego aprobó hoy la prohibición de instalar salmoneras en su territorio convirtiendo a Argentina en el primer país del mundo en pronunciarse en contra de este tipo de operaciones que arrasan contra el ambiente marino y afectan a las comunidades costeras en varias partes del planeta.

La iniciativa había sido presentada en marzo de 2019 por la vicegobernadora, Mónica Urquiza (que en ese momento era legisladora) y el legislador Pablo Villegas del Movimiento Popular Fueguino, poniendo con esto al país trasandino en ojos del mundo por tomar una definición de esta magnitud en pro del cuidado del medioambiente. Esto luego de que en 2018 el gobierno de Argentina y el de la provincia de Tierra del Fuego permitieran a la Corona Noruega el desarrollo de esta industria en el Canal de Beagle.

Tras la aprobación hoy, Villegas manifestó que “la sanción de esta ley es una clara y contundente definición institucional que destaca la importancia que tiene para los fueguinos, la protección y conservación de nuestros recursos naturales, del patrimonio genético de nuestros seres vivos y de su ambiente para un desarrollo económico sostenible”.

En Argentina, el único lugar viable para este tipo de industria son las prístinas aguas del Canal Beagle en Tierra del Fuego. Pero estas aguas, además de concentrar el 50% de los bosques de macroalgas que existen en ese país, son uno de los grandes sumideros de carbono del planeta y “hotspot” de biodiversidad.

En una publicación del medio trasandino Infobae, David López, residente de Tierra del Fuego y miembro del equipo de Sin Azul no hay Verde de la Fundación Rewilding Argentina, expresó que “la salmonicultura hubiese representado una amenaza para la economía de la provincia, ya que en Ushuaia la mitad de las familias dependen del turismo, una actividad que no podría convivir con el impacto ambiental de la industria”. En pocas palabras, agregó, “esta ley es un ejemplo del cuidado de un modelo económico y productivo sostenible que respeta tradiciones culturales y prácticas artesanales que generan puestos de trabajo genuinos”.

Para el representante de la comunidad Yagán, David Alday, se trata de “un hito tremendo el que han logrado del otro lado del canal. Nosotros conseguimos sacar las salmoneras y ellos lograron que no haya salmonicultura. Esto tiene un gran impacto para nosotros, es una señal y un respaldo a nuestra comunidad y territorio indígena y al archipiélago”. “Queremos que en Chile esto se sepa, que del último lugar del planeta se ejecutó un hito contra una industria tan destructiva como la salmonicultura”, dijo.

Misma reacción tuvo el ingeniero de recursos naturales renovables de Geute Conservación Sur, Javier Trivelli, quien señaló que con esto se permitirá que exista un reservorio de biodiversidad que permitirá restaurar los mares chilenos que están siendo impactados por la industria. Pese a esto, advirtió que “hay ecosistemas marinos vulnerables en la zona que son de muy lenta recuperación.

La vocera de Greenpeace Chile, Estefanía González, señaló que “este es un gran triunfo de la ciudadanía, de las organizaciones civiles y ambientales que se opusieron a la salmonicultura en el Beagle desde que se dieron a conocer los planes”. Por esto, dijo, “el llamado es a tomar este ejemplo de Argentina y poner una moratoria definitiva a todas las salmoneras en Chile, no permitir ni una más y avanzar hacia una Patagonia sin salmoneras”.

Lo ocurrido en Argentina podría ser un buen precedente para generar una normativa ambiental en materia de criaderos de salmón en áreas de alto valor natural que no existe en el país, explica Gabriela Burdiles, directora de Proyectos de ONG FIMA. “Lo que existe actualmente en Chile es la exclusión de actividades productivas en algunas áreas protegidas, como parques marinos o parques nacionales, que son figuras de conservación que no permiten la salmonicultura. Pero no tenemos una legislación como la aprobada hoy en Argentina y podría ser un ejemplo de legislación a explorar como ocurrió con la ley de glaciares”, dice.

En el caso argentino, agrega la abogada, lo interesante es que se trata de una provincia que tiene la jurisdicción y la competencia para dictar una ley de estas características, lo que no ocurre hoy en el país. “Podría ser un ejemplo a seguir, pero en el ordenamiento actual chileno no pasa por la decisión de cada provincia. Una decisión de estas características tendría que ser una ley nacional aprobada por el Congreso. Solo de esa manera se podría prohibir en ciertas áreas a la acuicultura del salmón y, además, tener un ordenamiento territorial más robusto, que es algo indispensable y que no tenemos hoy día. Eso sería importante no sólo para ordenar las concesiones acuícolas, sino también a otras industrias productivas. Por lo tanto, hoy estamos lejos de ese escenario si nos comparamos con Argentina”, explica Burdiles.

Lo otro relevante, añade, es que la prohibición de criaderos de salmón aprobada en Argentina toma como referencia el daño ambiental que esa industria ha provocado en Chile.

La industria salmonera en Chile se inició en la década del 70 y desde entonces tiene presencia entre las regiones de la Araucanía y Magallanes. Opera en lugares, incluso, como la reserva nacional Kawésqar y el parque Alberto Agostini.

Y, aunque Chile es el segundo productor de salmón a nivel mundial y sus exportaciones alcanzaron los US$4.389 millones el año pasado, la actividad no está libre de desastres naturales en las zonas de operación: En abril de este año se registró la mortandad masiva de más de 5 mil toneladas de salmones en el Fiordo Comau.

En esa oportunidad, más de 60 organizaciones sociales -Mission Blue, Blue Marine Foundation, AIDA, Amigos de los Parques, ONG FIMA, Chao Pescao, Terram, Defendamos Chiloé y Geute Conservación Sur, la marca Patagonia, entre otras- levantaron las alarmas sobre el tema y pidieron una mayor fiscalización y protección a los ecosistemas de la patagonia.

Desde Geute, Trivelli asegura que Chile requiere hacer un congelamiento de las nuevas concesiones de acuicultura y evaluar bien donde están emplazadas. “Tenemos más de 500 Centros de Engorda de Salmones al interior de áreas protegidas marinas, más de un 30% donde algunos parques no tienen ni siquiera un plan de manejo. Es una industria que tenemos que reordenar, ojalá sacar y deben haber sanciones importantes a los dueños que operen en condiciones anaeróbicas”.