¿De quién es la culpa? La demanda contra Chile por los basurales de ropa en el desierto

¿Quién se hace responsable por los basurales de ropa usada en el Desierto de Atacama? Actualmente, la respuesta a esta pregunta está en manos del Primer Tribunal Ambiental, ubicado en la región de Antofagasta. Los ministros Sandra Álvarez, Marcelo Hernández y Alamiro Alfaro llevan casi dos años de investigación en la causa D-14-2022, iniciada por la abogada independiente Paulin Silva el 29 de marzo de 2022.

En esta demanda, Silva acusa al Estado-Fisco de Chile y a la Municipalidad de Alto Hospicio de haber provocado un daño pasivo al no fiscalizar las zonas periféricas de la comuna en las que se forman estos vertederos ilegales. Según imágenes satelitales, el problema de contaminación habría iniciado en 2012 y se habría descontrolado durante la pandemia, llevando a las imágenes de los cerros de toneladas de ropa desechada en el desierto.

El próximo martes 27 de febrero, el Tribunal realizará una nueva audiencia en la que se revisarán documentos recientes elaborados por organismos estatales para establecer tanto la gravedad de la situación ambiental como las posibles responsabilidades sobre este tema. En esta nota se presenta un breve recuento sobre la información revelada hasta el momento, en la voz de los representantes de las partes y los documentos públicos presentados en el Primer Tribunal Ambiental.

“Nací y curse mi educación básica y media en la ciudad de Iquique, y mi padre vivió durante toda su vida en la comuna de Alto Hospicio, en el Sector el Boro, por lo que tengo cercanía y familiaridad con estas comunas”, es la frase con la que Paulin Silva inició el proceso ante la justicia ambiental, motivada por la “triste realidad socioambiental” de su ciudad natal, según consigna en el documento de apertura.

Chile es el país que más importa ropa usada en América del Sur, de acuerdo a la Cepal. Esto se ve beneficiado por la zona franca de Iquique, puerto libre de impuestos que se ha convertido en una gran alternativa para la llegada de ropa de segunda mano o descartada por grandes empresas de textiles, en una práctica conocida como fast fashion.

Es probable encontrar marcas como H&M, Zara o Shein en esta zona, a la que también llegan particulares para lograr vender algunas de las prendas que aún se encuentran en buen estado. Hoy la periferia de Alto Hospicio está llena de microbasurales de ropa que se abandona y luego es quemada para que sea menos rastreable, como fue viralizado en redes sociales por la emprendedora Rosario Hevia.

En el sector el Boro, precisamente donde vivía la familia de Paulin, se formó el cerro de ropa usada cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo. En su momento este fue un vertedero autorizado por la Municipalidad de Alto Hospicio, de acuerdo a Norma Córdova, directora jurídica de esta entidad. Sin embargo, fue clausurado a fines de 2021 ya que no cumplía con las responsabilidades sanitarias correspondientes.

“El daño ambiental que se denuncia, no se hubiese generado, o no con la magnitud y gravedad que existe en la actualidad, si el Estado de Chile y la Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio hubiesen actuado y cumplido con el deber de cuidado; protección y conservación del patrimonio ambiental de la República, así como el resguardo de los bienes ambientales nacionales y comunales de nuestro país”, explica Silva en el documento donde se interpuso la demanda.

De acuerdo al artículo 3 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Ley N° 18.695), el aseo y ornato de las comunas es exclusiva responsabilidad de cada municipalidad. Por ello, la disposición de residuos en Alto Hospicio debería ser responsabilidad de la gestión propia de la comuna.

Según Córdova, a cargo del equipo jurídico que representa a la Municipalidad, su postura se resume en que el problema escapa de las posibilidades municipales. Al respecto, la abogada comenta para Qué Pasa que “se han realizado todas las gestiones habidas y por haber. Si el alcalde asumió en diciembre de 2016, en enero de 2017 ya se empezó a trabajar”.

El 31 de agosto de 2023, el alcalde Patricio Ferreira declaró ante el Tribunal Ambiental. En esa ocasión, mencionó que la municipalidad ha hecho análisis cualitativos en los que se identificaron 14 puntos en donde se desecha ropa de segunda mano.

En la audiencia del 11 de octubre de 2023, la autoridades de Salud de la región confirmaron que sólo hay un vertedero autorizado por la municipalidad, tratándose del relleno sanitario Santa Inés, donde llegan desperdicios tanto de Iquique como de Alto Hospicio. Este se encuentra siendo constantemente fiscalizado, comentan en la audiencia, tanto por la Seremi de Salud regional como por la Superintendencia del Medioambiente.

El problema, según Córdova, es que este sitio legal de depósitos es privado e implica un costo para las personas que requieren dejar los textiles descartados de la ropa de segunda mano que se importa de manera legal a Chile. “Por esto, las personas que no quieren pagar siguen dejando la basura en donde creen que nadie los ve”, explica para Qué Pasa.

En adición, el alcalde declaró ante el tribunal que sólo han recibido ayuda por parte de bomberos en caso de incendios y de carabineros, pero no de otras entidades públicas al momento de controlar la situación en los vertederos. “No tenemos la capacidad de estar todo el tiempo y en todas partes a la vez, por lo que si bien interceptamos e infraccionamos a muchos inescrupulosos, no logramos detectarlos a todos”, comentó Ferreira anteriormente a Qué Pasa.

“Actualmente nos estamos apoyando en diversas acciones y medidas, como el aumento en un 300% del número de inspectores municipales, así como la puesta en marcha de un sistema de televigilancia que consta de 230 cámaras y 3 drones, que nos han permitido mejorar nuestras capacidades de control”, explicó para este medio, como una medida de mitigación mientras dura la causa.

El Estado-Fisco de Chile se encuentra representado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el órgano colegiado interno designado por el Presidente de la República que tiene las atribuciones legales de asumir la defensa de los entes públicos.

Según el mismo alcalde de Alto Hospicio, en la audiencia de agosto de 2023, el territorio pertenece al Estado mediante la jurisdicción de Bienes Nacionales, y también han tenido reuniones con ellos para solicitar ayuda en cuanto al control de los vertederos. Tanto la parte demandante como la Municipalidad establecen que el problema no podría resolverse hasta que exista regulación eficiente sobre el tema, y esta sería responsabilidad del Estado.

Desde el CDE, de acuerdo a los documentos disponibles en el Tribunal ambiental, la postura se mantiene en que la responsabilidad sobre los vertederos es parte de la Municipalidad. No sólo porque el aseo y ornato es parte de las funciones de este organismo, sino también la vigilancia sobre el cumplimiento del plan regulador municipal.

Norma Córdova explica que “si bien la municipalidad es un organismo autónomo, el financiamiento depende del Gobierno Regional y otras entidades públicas, mediante los proyectos a los que se postula. Pero sin recursos hay menos fiscalización”.

Además, la importación de la ropa de segunda mano es completamente legal. En este sentido la responsabilidad en juego está en quien hace valer la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, promulgada en 2016, que debería hacer que las empresas que importan los textiles también deban hacerse cargo de los desperdicios.

Otro punto a considerar que gran parte de los basurales son cercanos o están asociados a tomas irregulares, como la toma La Mula. La falta de regulación en estos terrenos, cuya responsabilidad podría recaer en el ministerio de Vivienda y Urbanismo o de Transporte, hace imposible las fiscalizaciones efectivas.

Al cierre de esta edición, Qué Pasa no ha logrado contactarse directamente con un representante del CDE en este caso.

En 2023, cumplido un primer plazo de investigación, se realizaron tres audiencias en las que se han expuesto las posturas de las partes involucradas. En estas se presentaron algunas medidas de conciliación por parte de los organismos demandados, con motivo de reducir los tiempos de la demanda. Sin embargo, estos no fueron aceptados por la parte demandante.

Este 27 de febrero se realizará una nueva reunión en el Primer Tribunal Ambiental, en el que los magistrados Álvarez, Hernández y Alfaro manifestarán su postura con la nueva información dispuesta para el caso. En esta audiencia serán revisados los documentos presentados entre noviembre de 2023 y febrero de 2024. Uno de ellos son los registros de una nube tóxica el 21 de noviembre de 2023, producida por una quema masiva en un vertedero ilegal.

En este contexto, el Tribunal Ambiental ha solicitado una serie de registros a otros organismos como la cantidad de ropa de segunda que es ingresada en Aduanas, que se eleva a la cantidad de más de 126 millones de toneladas. Además, se ofició al servicio de salud público para conocer la cantidad de personas que han tenido problemas respiratorios por los incendios en los basurales ilegales, y no se han registrado mayores aumentos de casos.

Además, una visión por parte del Consejo de Monumentos Nacionales para determinar la presencia de monumentos arqueológicos y paleontológicos en la zona de los basurales. Este organismo constató que si bien no existen zonas protegidas en los sectores revisados, se han encontrado algunos elementos con importante valor paleontológico y arqueológico.

Uno de los sitios de interés es el asentamiento minero San Agustín de Huantanajaya, declarado Monumento Nacional en 2020 y ubicado a un kilómetro de los basurales en el sector Pampa Sur. Además, a menos de un kilómetro de los basurales, el Consejo constató que han sido encontrados fósiles de la época de los dinosaurios, vasijas de la Colonia y restos humanos de la Guerra Civil de 1891.

La abogada Silva comenta que además de estos documentos “el Tribunal ha podido ver en persona los basurales y el daño que se ha causado”, en referencia a salidas a terreno que se han realizado para tomar muestras y registros fotográficos de los basurales. “No podemos adelantar nada, y aunque aún no se asume ninguna responsabilidad, el Tribunal es el único que podrá dar esa respuesta”, explica a la espera de la próxima audiencia.