Del triunfo histórico de los más vulnerables al lobby petrolero: 4 conclusiones que dejó la COP27

Los negociadores que asisten a la cumbre climática de la ONU aprobaron a primera hora del domingo un acuerdo histórico que creará un fondo para compensar a las naciones pobres que sean víctimas de fenómenos meteorológicos extremos agravados por la contaminación de carbono de los países ricos.

Estos son las cuatro principales conclusiones que arrojó la cita celebrada en Sharm-el-Sheikh, Egipto.

En noviembre de 2020, los huracanes Eta e Iota impactaron Honduras con apenas dos semanas de diferencia. En total, se estima que 437 mil personas fueron afectadas, hubo 95 muertos y más de 90 mil casas dañadas. El PNUD, CEPAL y BID cuantificaron los daños y pérdidas del desastre: 2.130 millones de dólares.

El cambio climático está haciendo que los huracanes como Eta e Iota sean más peligrosos y dañinos, en parte por el aumento de temperaturas anómalas del océano y del aire. De acuerdo a los últimos informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), las “pérdidas y daños” tienen que ver con pérdidas económicas y no económicas, desplazamientos forzados, movilidad humana, entre otros.

Por eso es tan importante la decisión que adoptaron los países en la 27° Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas por el Cambio Climático (COP27), realizada en Sharm-el-Sheikh, Egipto. Por primera vez en 30 años, desde la ONU se decidió crear un fondo especial para atender las pérdidas y daños causados por la crisis climática.

La discusión no fue fácil y tuvo a una chilena en un rol clave. La ministra de Medio Ambiente y connotada científica del IPCC, Maisa Rojas, fue una de las facilitadoras de la discusión, junto a su par de Alemania, Jennifer Morgan. “Después de intensas semanas de trabajo, este es un desenlace que emociona. Se tomó la decisión de crear un fondo especial para abordar Pérdidas y Daños. Esto era una petición histórica de los países en desarrollo y que se haya accedido es también histórico. Es la primera vez que se aprueba algo de esta magnitud”, afirma Rojas desde Egipto.

La discusión sobre las pérdidas y daños siempre han sido tensas, ya que, en el fondo, apuntan a las responsabilidades históricas de los países del norte global (Europa y Estados Unidos principalmente), que a punto de economías intensivas en carbono, alcanzaron sus actuales niveles de desarrollo y causaron gran parte del cambio climático, debido a la emisión de gases de efecto invernadero producto de la quema de carbón, petróleo y gas. El debate apunta a que los países ricos asuman su responsabilidad. Para los países vulnerables, en cambio, es una demanda por justicia climática. Por lo mismo, ven la resolución de la COP27 como un triunfo histórico.

Una clave de la negociación fue la unidad de los países en desarrollo durante toda la conferencia. Lograron, el primer día, agregar la discusión a la agenda y presionar a Estados Unidos y la Unión Europea, que se negaban a establecer el fondo y terminaron aceptando la demanda.

En lo específico, la COP27 estableció que se debe crear el mecanismo financiero. Aún queda por resolver dos aspectos claves: Quién paga y quién recibe. Europa impulsó que China sea parte de los financistas y no de los financiados. Finalmente, el texto final apunta que los receptores serán “países particularmente vulnerables” al cambio climático. La definición no es clara, pero debería apuntar a pequeños estados insulares e islas del Pacífico.

Durante 2023 se creará un comité especial de representación global que realizará las recomendaciones específicas sobre cómo operativizar el fondo. La resolución final se tomará en la COP28, el próximo año.

Otra decisión importante fue darle estructura a la llamada Red de Santiago, un organismo que brindará asistencia técnica a los países impactados por la crisis climática.

La COP27 quedó como la segunda más larga de la historia, solo detrás de la COP25 organizada por Chile. Las negociaciones se extendieron durante todo el día sábado, y el principal punto de conflicto fue la mención a los combustibles fósiles en el texto final.

El año pasado, en Glasgow, los países concordaron una resolución que apuntaba a disminuir el uso del carbón y eliminar subsidios “ineficientes” a los combustibles fósiles. Y aunque la resolución de Sharm-el-Sheikh se mantiene en el mismo tono, difícilmente puede ser catalogada como un paso adelante en esa dirección.

Una alianza de más de 80 países -incluido Chile- impulsó fuertemente que el texto final llamara a la eliminación gradual de todos los combustibles fósiles. Es decir, no solo el carbón, sino también el petróleo y el gas natural. “Nuestro trabajo en esta COP27 es mantener el compromiso de los 1,5°C vivos. Dimos un paso histórico en pérdidas y daños, pero estamos en esta situación porque hemos fallado en reducir nuestras emisiones. Así que demos un paso adelante de nuestros compromisos en Glasgow”, dijo Maisa Rojas en una conferencia de prensa el sábado.

En paralelo, países petroleros, como Arabia Saudita, reclamaban que el foco deben ser las emisiones de gases de efecto invernadero, no sus fuentes. El texto final, resuelto a las 6 de la mañana de Egipto, menciona lo mismo que Glasgow pero agrega que los países deben avanzar hacia “sistemas energéticos de bajas emisiones”. Esto podría interpretarse como una señal a favor del gas, un combustible fósil menos contaminante al quemarse que el carbón -que aún así contribuye al calentamiento global-, o a sistemas de captura y almacenamiento de carbono.

“El acuerdo sobre pérdidas y daños es un paso positivo, pero corre el riesgo de convertirse en un ‘fondo para el fin del mundo’ si los países no se mueven más rápido para reducir las emisiones y limitar el calentamiento por debajo de 1,5ºC. No podemos permitirnos otra cumbre climática como ésta. Es inaceptable que los negociadores no hayan logrado un acuerdo más ambicioso que el acordado en Glasgow el año pasado”, dice Manuel Pulgar Vidal de WWF, quien lideró la COP20 de Lima.

El mismo punto fue realizado por varios países en la jornada de cierre. Y es que la mejor forma de evitar pérdidas y daños futuros es mantener el compromiso del Acuerdo de París, de limitar el calentamiento global a menos de 2°C y hacer esfuerzos para llegar al 1,5°C. Hoy el planeta se ha calentado 1,2°C y la ciencia llama a una acción urgente.

La Agencia Internacional de Energía dice que no se pueden desarrollar más proyectos de combustibles fósiles después de 2022 si se quieren cumplir los compromisos del Acuerdo de París. Sin embargo, el 96% de las compañías fósiles tienen planes vigentes de exploración y desarrollo de más proyectos.

El debate seguirá probablemente más tenso el próximo año. La COP27 vio cómo 636 representantes de la industria fósil fueron parte de las delegaciones de países, incluidos los directores generales de compañías como BP, Shell, Total y Occidental. El país que más llevó fue Emiratos Árabes Unidos, con 70, el mismo que organiza y que presidirá la COP28.

El texto final de la COP27 aportó varios elementos novedosos para estos espacios, como el reconocimiento a una “una transición justa y equitativa abarca vías que incluyen dimensiones energéticas, socioeconómicas, de mano de obra y otras”.

Esta transición a mundo de bajas emisiones impone una serie de desafíos “para el desarrollo económico sostenible y la erradicación de la pobreza”, dice el texto. Ahí es donde la demanda por hacer más justo el sistema financiero internacional ganó espacio dentro de la COP.

La cumbre llama formalmente a “los accionistas de los bancos multilaterales de desarrollo y a las instituciones financieras internacionales para que reformen las prácticas y las prioridades, alineen y amplíen la financiación (...) y promuevan una nueva visión adecuada para abordar la emergencia climática mundial”.

En el contexto en que los países desarrollados aún no cumplen su compromiso de entregar 100 mil millones de dólares al año en financiamiento climático, el llamado es a instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, a que faciliten las transferencias de dinero para la transición, y tomen en cuenta las condiciones de desarrollo y de deuda de los países vulnerables. Quien lideró esta demanda fue Mia Mottley, primera ministra de Barbados, quien trabajará en una propuesta concreta de reforma estructural al sistema financiero.

Colombia también tuvo una voz al respecto. El país sudamericano es exportador de carbón para Europa y el resto del mundo, Chile incluido, pero el actual presidente Gustavo Petro está decidido a dar un giro. “Si Colombia usa sus reservas de carbón, la humanidad muere”, dijo en una reciente entrevista. En la COP, el primer mandatario de izquierda del país pidió una reformulación de la Organización Mundial de Comercio y del FMI por ir “en contra de la solución a la crisis climática”.

A su vez, levantó el llamado al “canje de deuda” por acción climática, un llamado a los mismos organismos internacionales a promover programas de cambios de deuda por inversión en adaptación y mitigación.

Precisamente el canje de deuda por acción climática fue uno de los temas que marcó una inédita unidad de América Latina y el Caribe en la COP27.

Las COP se organizan en grupos negociadores de varios países, en los cuales acuerdan posturas conjuntas, lo que les permite participar de las múltiples negociaciones que ocurren.

América Latina y el Caribe está dividido en varios grupos: AILAC (donde está Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay y otros), ABU (Argentina, Brasil y Uruguay) y el resto repartido entre grupos más grandes o en alianzas de estados pequeños.

La situación siempre ha contrastado con África, donde los 55 estados son miembros de un solo grupo negociador.

En la COP27, por primera vez la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), un bloque que agrupa a todos los países de la región, presentó una postura conjunta de cara a la cumbre, resaltando necesidad de mayores recursos y el canje de deuda por acción climática.

La cumbre también vio mayores acciones coordinadas entre los distintos grupos de la región, en temas como el financiamiento a largo plazo, el fondo para pérdidas y daños y el programa de trabajo en agricultura.