¿Cómo lograron 180 mil usuarios chilenos demandar a Apple?

En septiembre de 2017, todo transcurría de manera relativamente normal para Apple. Se presentaban los nuevos iPhone 8 y 8 Plus, y el esperado nuevo sistema operativo iOS 11 añadía novedades como un Centro de Control mejorado, una App Store renovada y la primera incursión de la compañía en la realidad aumentada. En total, entre los diversos dispositivos de la empresa, fueron 19 aparatos compatibles con la actualización, disponible a mediados de ese mismo mes.

Fue entonces cuando los usuarios notaron que sus iPhone estaban agotando su batería de manera extrañamente rápida. Y aunque esto ocurría todos los años y se consideraba "normal", los problemas continuaron incluso después que Apple lanzara un parche, con reportes que hablaban de una disminución del 57% al 3% en sólo tres minutos. Otros, con un 96% de la batería, vieron horrorizados como sus teléfonos se agotaban a razón de 1% por minuto. Para cerrar el cuadro, los dispositivos acumulaban calor de forma excesiva.

La única solución entregada por los expertos fue no actualizar hasta el lanzamiento de una versión posterior que solucionara el problema. Pero a pesar de los esfuerzos de Apple, el problema persistió.

Ante las evidencias, el 21 de septiembre de ese año, Apple tuvo que confirmar lo que los usuarios sospechaban: las actualizaciones de software tenían como objetivo ralentizar voluntariamente el aparato, lo que en versión de los usuarios, buscaba que los consumidores adquirieran el modelo más reciente. Sin embargo, para Apple esto tenía una explicación lógica, relacionada con la salud de la batería y del propio dispositivo, buscando protegerlo y así prolongar su vida útil.

Días después, Apple dirigió una carta a sus clientes en la que pedía perdón por el "malentendido" generado alrededor de la ralentización de los iPhone y ofreció descuentos para los usuarios que quisieran cambiar la batería de su teléfono.

"Las baterías de ion de litio son cada vez menos capaces de responder a los altos de actividad cuando el usuario usa mucho su teléfono, al frío, si la batería está débil o porque envejece, lo que puede acarrear la extinción imprevista del aparato, destinado a proteger sus componentes electrónicos", en particular el microprocesador, explicó la empresa.

"En 2016 sacamos una funcionalidad para el iPhone 6, el iPhone 6S y el iPhone SE destinada a suavizar esos altos de batería (…) sólo cuando es necesario, de forma que se pueda evitar que el teléfono se apague repentinamente", indicó la compañía.

Aún así, muchos usuarios no creyeron la versión oficial y mantuvieron la tesis de la temida obsolescencia programada, o la "programación" por parte de un fabricante para que un producto determinado finalice su vida útil tras un período calculado de tiempo. El tema no era menor, considerando que ya por entonces el iPhone 8 Plus de 256 GB alcanzaba los 900 mil pesos chilenos.

Casi tres meses después de iniciada la polémica conocimos de dos demandas colectivas en Estados Unidos, en la que calificaban a la empresa como "engañosa, moral y poco ética".

Algunos analistas criticaron a Apple por no ser más transparente con respecto a la función de administración de energía. Y si bien no es posible hacer nada con el envejecimiento de las baterías, es probable que haber mantenido en secreto esta característica haya generado desconfianza incluso entre sus consumidores más acérrimos.

El problema se acentuó si consideramos que además de la primera "confesión", Apple no se había referido al asunto. Esto cambió el 19 de enero -casi cuatro meses después- cuando la compañía aseguró que la actualización siguiente incluiría una opción de software para desactivar el polémico sistema.

Pero tal medida no sería suficiente. Centenares de usuarios alrededor del mundo ya habían emprendido acciones judiciales contra la firma californiana, en un efecto dominó que cualquier actualización no podía detener.

Mientras tanto, a 9 mil kilómetros de distancia, un grupo de chilenos se aprestaba a unirse a la demanda.

La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu), se creó en 1994 para defender los derechos de los consumidores y velar por la transparencia del mercado. Dentro de sus logros, se cuentan como los descubridores del caso de los pollos con exceso de agua y de sal; cobros excesivos en los préstamos hipotecarios de algunos bancos, el aumento concertado del pasaje del bus en vísperas de feriados, y los cobros dudosos en celulares de prepago. Esta no sería la última vez que unirían sus destinos con empresas de tecnología.

Así, el 28 de enero de 2019, Odecu anunciaba una demanda contra Apple por supuestas prácticas que reducirían la vida útil de los iPhone mediante actualizaciones y parches del sistema operativo, obligando así al usuario a comprar un teléfono nuevo.

En la demanda, se le solicitaba a Apple Chile, MacOnline y Reifschneider (estos dos últimos representantes oficiales de la marca en Chile) una compensación de 126 mil pesos a cada usuario chileno poseedor de un iPhone, cuyo aparato haya sido afectado por la obsolescencia programada. Además, se incluyen la reparación o recompra de los aparatos iPhone 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, y SE adquiridos entre los años 2014 y 2017.

"La demanda busca velar por el interés colectivo de quienes fueron engañados al momento de adquirir un iPhone, porque nunca fueron informados que, a través de la actualización del software, se generaban los efectos negativos en sus celulares. Los consumidores fueron engañados por el actuar negligente de una prestigiosa empresa como Apple. Las personas compraron un dispositivo móvil que debe cumplir con lo que se promete, que es mayor eficiencia, pero eso no ocurrió", señaló en su momento Stefan Larenas, Presidente de Odecu.

El argumento legal de la organización es que diversos modelos de iPhone "presentaban un funcionamiento deficiente, sea por sufrir de apagados intempestivos o por mostrar un funcionamiento más lento. Esto último se debía a que los sistemas operativos de los equipos fueron actualizados con parches de software transmitidos remotamente por Apple a través de internet y que tenían por objetivo, entre otras cosas, 'ahogar' el funcionamiento del procesador y ralentizar los equipos anteriores al último modelo, supuestamente para mejorar la experiencia de los usuarios. Sin embargo, ello jamás fue informado a los usuarios de estos equipos y, por el contrario, fue decidido deliberadamente y ejecutado por Apple".

Al acoger la causa, Odecu pidió a la justicia chilena solicitar antecedentes a instituciones como la Subtel, el Servicio Nacional de Aduanas, y las operadoras Entel, Movistar, Claro, WOM y VTR. El llamado para las inscripciones de los usuarios se hizo extensivo hasta el 28 de febrero.

Apenas tres meses después, la demanda había sido un éxito. Asociaciones similares a Odecu, de Argentina, México, Panamá, Brasil, Colombia, Perú y El Salvador también se adhirieron en sus propias instancias judiciales, mientras que en Chile 180 mil usuarios se habían inscrito buscando la compensación de la empresa estadounidense.

En mayo de este año, la Corte Federal de California desestimó la última arremetida que realizó Apple a nivel global para dejar fuera del caso a los usuarios extranjeros. En total, se contaban 200 demandas relacionadas al caso de la obsolescencia programada, y los miles de chilenos eran sólo uno de ellos.

El tribunal aseguró que el contrato de licencia del software de Apple se sustenta en las leyes del estado de California y, por lo tanto, las partes pueden presentar acciones por ciudadanos no residentes de Estados Unidos.

Aún así, Apple también tuvo definiciones a favor: se desestimaron acciones de fraude e incumplimientos contractuales que plantearon otras agrupaciones de consumidores, y se dejó fuera al iPhone 5 de la demanda, ya que no pudo comprobarse que fuese ralentizado por software, como sí ocurrió con los otros modelos.

La última novedad del caso la conocimos este martes, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la demanda colectiva contra Apple y sus representantes en Chile.

Luego de escuchar en alegatos a las partes, la Corte descartó el pasado 5 de noviembre los tres recursos deducidos por las empresas demandadas, ratificando la admisibilidad y pertinencia jurídica de la acción colectiva de Odecu, a la vez que descartan los argumentos de la empresa californiana. Además, se condenó a esta al pago de las costas del recurso de apelación, algo "positivo y que buenas perspectivas", según comentan en Odecu.

De acuerdo a la organización, con esta medida también quedaron desestimadas las aprensiones sobre la viabilidad jurídica de la acción legal, algo planteado inicialmente por el Sernac.

Consultado por La Tercera, Stefan Larenas, Presidente de Odecu, afirma que "el tribunal chileno dio curso a esta demanda a pesar de la oposición; esto es importante ya que existía una controversia por la competencia de los tribunales chilenos, lo que quiere decir que tras esto, el juicio será llevado a cabo en Chile".

"Incluso la otra parte fue condenada en costas; es insignificante pero lo importante son las buenas proyecciones a futuro, además de zanjar la controversia que surgió los primeros días en relación a si el tribunal era el apropiado o no".

Otro punto importante tiene que ver con los demandados: "Había una controversia por los fabricantes", cuenta Larenas. "En la ley chilena el responsable es quien vende el producto, no quien lo fabrica. No sé qué tipo de contrato tengan ellos (Apple y sus representantes), lo desconozco pero legalmente son los responsables en Chile", dice.

"Quienes trajeron y comercializaron los dispositivos en Chile son MacOnline y Reifschneider. Quien paga es un problema de ellos. Jurídicamente el responsable es quien lo vende, no quien lo fabrica", asegura.

Finalmente, Larenas indicó que están pidiendo que oficien a las operadoras: "si aceptan nuestra petición, tendrán que ir a entregar información sobre cuántos teléfonos han comercializado", explica.

Desde Odecu comentan que, de ser exitosas las gestiones, esto se aplicará a todos los propietarios de iPhone de los modelos afectados. En el momento de la decisión judicial serán todos los propietarios de los diversos modelos involucrados en la demanda los beneficiados, más allá de que hayan adherido o no.

Por ahora se está en estudio la posibilidad de abrir otro período de inscripción de adhesiones, aunque destacan que el alto número de interesados -180 mil- es lejos el más alto en la historia del movimiento de defensa de los consumidores.

Sin embargo, desde Odecu señalan que el mecanismo final que determine el universo de beneficiados se decidiría en la negociación con la contraparte. Es ahí donde se establecen los márgenes, como por ejemplo los actuales propietarios de uno de los teléfonos involucrados, que figuren en los registros de Apple a través de su historia del Apple ID, inscripciones en la Apple Store si están en el extranjero, etc.

Cabe señalar que por lo mismo, en el caso de Apple es más sencillo determinar quiénes serían los beneficiados, debido a que el registro de usuarios es más riguroso que en el caso de dispositivos Android.

El siguiente paso es la recepción de la causa a prueba, mientras que antes de fin de año el equipo jurídico de la organización proseguirá las gestiones pertinentes para que el tribunal haga avanzar el caso.