El 2018 estuvo marcado por el Óscar de la película "Una mujer fantástica" y la promulgación del proyecto de ley que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. Es por eso que el año pasado fue catalogado como el año del reconocimiento de los derechos de las personas trans. Sin embargo, el avance en reconocimiento y protección de los derechos de personas lesbianas, gay, bisexuales e intersex fue casi nulo. En este sentido, el 2019 nos deja con diversos desafíos en estas materias.

Empezando el año, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, citó a una sesión para reiniciar el debate en torno al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. En dicha ocasión, el Ministro Secretario General de Gobierno no asistió, y quedó acordado que se invitaría a profesores de derecho civil para poder continuar con la tramitación. Asimismo, en la comisión de Familia y Adulto Mayor se despachó a sala de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de reforma a la ley de adopción, permitiendo la adopción por parte de convivientes civiles y eliminando requisitos discriminatorios respecto a parejas del mismo sexo, faltando así solo la ratificación de la sala de dichas normas.

Sin perjuicio de estos pequeños pasos, existen diversas materias que deben ser analizadas. Por ejemplo, en lo que va del año 2019 se han reportado diversos ataques en contra de personas LGBTI en razón de su orientación sexual e identidad de género. En este sentido, preocupa que el Ministerio Público a la fecha no tenga protocolos, ni tampoco instrucciones especiales en la investigación de delitos en razón de la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas.

La misma interpelación se le puede realizar al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en relación a políticas públicas relacionadas con la violencia que sufren las mujeres lesbianas, bisexuales y trans. La comunidad LGBTI esta expuesta diariamente no solo a situaciones de discriminación y exclusión, sino que también de violencia, especialmente física y es una realidad que debe ser discutida y analizada.

En el ámbito del trabajo, si bien en el Código del Trabajo se prohíbe expresamente la discriminación en razón de la orientación sexual e identidad de género, numerosas personas LGBTI son discriminadas diariamente y otras no pueden acceder a ningún puesto de trabajo. Recordemos que se estima que alrededor del 95% de mujeres trans ejerce el trabajo sexual.

Asimismo, si bien el Ministerio de Salud emitió circulares sobre niños y niñas intersex, prohibiendo las cirugías de "normalización" en la generalidad de los casos, no ha existido un seguimiento sobre esta normativa y el hecho de que no exista ninguna regulación legal en la materia incide directamente en la efectividad de ésta. ¿Qué sucede aquí con los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y el de Salud, por ejemplo?

Estas son solo algunas interrogantes y desafíos que siguen presentes en materia de los derechos de las personas LGBTI, y que no son elementos secundarios de los "objetivos centrales" como matrimonio igualitario y adopción homoparental. Lamentablemente, en los últimos años ha existido una tendencia excesiva a "parlamentarizar" el reconocimiento y protección de los derechos de las personas LGBTI, trasladando exclusivamente la responsabilidad del gobierno al congreso.

Recordemos que los Ministerios y todos los órganos de la Administración del Estado tienen un mandato entregado por la ley Zamudio para garantizar, a través de políticas, planes y programas, la igualdad y no discriminación a todas las personas. Hasta el día de hoy, este mandato sigue olvidado y inoperativo.

La plena igualdad de derechos no se soluciona solamente a través de leyes que regulen los mismos derechos, sino que también a través de políticas públicas y medidas afirmativas cuyo objetivo sea también erradicar la discriminación y "emparejar la cancha" para las personas LGBTI.