Se sabía desde antes de la pandemia por coronavirus, y hoy en la actual crisis es cada vez más evidente: Chile es un país con altos niveles de desigualdad. Así lo establecen datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), que indican que en ese grupo de países ocupa el segundo lugar, luego de México, en la mayor brecha de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población.
Pero al observar esa realidad en escalas más pequeñas, y no sólo en un contexto nacional, la desigualdad es más notoria. Y hoy en contexto de coronavirus más aún. No toda la población vive el confinamiento de la misma forma. No sólo porque hay un porcentaje que no puede realizar cuarentena, por ser parte de las actividades de primera necesidad o no cuenta con empleo formal, sino porque las realidades territoriales y sociales son dispares.
Se trata de la inequidad objetiva y estructural que está detrás de los niveles socioeconómicos. Una realidad que se agudiza en contextos de confinamientos detalla un estudio realizado por Criteria que analiza datos de Casen y Censo 2017 e integración de data territorial con el GSE privisto por AIM (Asociación de Empresas de Investigación de Mercado), con foco en los grupos socioeconómicos D y E, que entre ambos representan el 47,1% de la población nacional.
“Una realidad que siempre ha existido y de la cual solo parecemos tomar conciencia, incluso autoridades del país, en condiciones extremas o cuando las demandas de estos sectores se toman las calles”, dice Cristián Munita director del área de Analytics de Criteria.
Estas diferencias, dado el contexto territorial de distribución de los grupos socioeconómicos en la Región Metropolitana, hace que el “otro” distinto deje de ser visible. “Los segmentos de más bajos ingresos deben recorrer la ciudad para ir a sus lugares de trabajo, por lo tanto, son conscientes de la diferencia. No así en los segmentos de más ingresos donde normalmente existe poca diferencia- y normalmente poca distancia- entre las características del entorno donde viven y donde trabajan”, explica Munita. Lo que se grafica en los mapas de calor (abajo) que representan la ubicación del destino por motivos laborales en la encuesta de Origen y Destino 2012, el primero del segmento D y E, y el último del segmento ABC1.
La crisis sanitaria ha dejado aún más expuestas las graves brechas sociales y la desigualdad en las condiciones de vida de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, subraya Catalina Littin, directora ejecutiva de Fundación Superación de la Pobreza. “No solo en el acceso y la calidad de la atención en salud, también la educación y el trabajo a distancia revelan dificultades en el acceso a la tecnología que afecta a niños, niñas y adolescentes para aprender, y a los trabajadores para realizar sus labores y no perder sus fuentes laborales”.
Hacinamiento e informalidad
La crisis sanitaria enfrenta al país no solo a una situación compleja, sino que además ha dejado al descubierto realidades difíciles de resolver. Así, por ejemplo, muestra el análisis, en dos tercios de los hogares del segmento D y E, el más vulnerable de la población, las personas viven en casas de menos de 60 metros cuadrados. Además, son quienes muestran mayor densidad por hogar, lo que implica menos metros cuadrados por habitante.
El 43,9% del segmento D vive en una vivienda de entre 41 a 60 metros cuadrados, cifra que es de 39,2% en el C2 y C3, y del 17% en el ABC1.
En el caso de una de menos de 30 metros cuadrados, el 5,6% del grupo D y E lo que en C2 y C3 es de 2,6% y en el ABC1 de 0,8%.
El trabajo revela, además, que el uso de vivienda en condiciones de informalidad, es decir, sin contrato que proteja los derechos y vele por los deberes de ambas partes, también es mayor en los segmentos de menores ingresos. Las cifras muestran que en el grupo D y E el 8,4% vive en una vivienda arrendada sin contrato (4,9% en C2 y C3 y 2,2% en ABC1), mientras que el 16,6% vive en una casa cedida por familiar u otro.
Pero no sólo son viviendas pequeñas e informales, sino también con mayor cantidad de personas, lo que produce hacinamiento. Situación compleja en caso de realizar cuarentena y de aislar a un paciente con Covid-19. Si en los hogares ABC1 un 24% viven 5 personas o más, esa cifra es de 29% en C2 y C3, y sube a 34% en el grupo D y E.
Al hacinamiento se agregan las condiciones de precariedad del material de las casas. Aspectos a los que se agregan diferencias en las condiciones materiales o de construcción de esos hogares. En los hogares del grupo D y E el material que predomina en el exterior de la vivienda es un muro de tabique (40%), lo que en el grupo ABC1 alcanza el 12%.
“En el segmento más vulnerable es donde encontramos el mayor uso de sistemas constructivos de menos calidad, lo que implica menos aislamiento contra el frio y la humedad en invierno y una situación equivalente con el calor en el verano”, resalta Munita.
Diferencias territoriales
Si las viviendas muestran diferencias, también lo hace el contexto en el cual se sitúan. Eso se aprecia, por ejemplo, que en el caso de los hogares ABC1 el 86% cuenta con una farmacia a menos de 20 cuadras, eso es de 77,2% en C2 y C3, y 61,1% en D y E.
El acceso a dinero en efectivo también es desigual. Al analizar qué porcentaje tiene un cajero a menos de 20 cuadras de sus hogares, en el grupo ABC1 esa cifra es de 91,3%, 89,9% en C2 y C3 y 81,1% en D y E. La red de cajeros automáticos está concentrada en el eje Alameda, Providencia, Apoquindo, dejando a los segmentos más vulnerables solo con el servicio de Caja Vecina.
La vulnerabilidad también genera diferencias en los riesgos sociales que se encuentran en el entorno de los hogares. “No solo son más pobres, sino que viven en barrios de mayor violencia social, donde la delincuencia o el tráfico de drogas se hace parte del paisaje y se normaliza como una forma de convivir en sociedad”, indica.
Todos esos factores, inevitablemente producen que las cuarentenas sean vividas de manera distinta. Por ejemplo, entregar recomendaciones para hacer deportes en casa, dice Munita, es muy diferente en contextos de viviendas con patio grande a otros espacios de 40 o 50 metros, “son una serie de indicadores que se van acumulando y que hacen que las experiencias de encierro sean muy distintas”.
Y en los sectores rurales, donde principalmente Fundación Superación de la Pobreza se desempeña, acota Littin, ese desafío es aún mayor y revela brechas enormes que están produciendo rezagos importantes. Por ejemplo, según la encuesta Casen 2017, solo un 16% de los hogares rurales cuenta con internet banda ancha, por lo que en la gran mayoría de los casos esta conexión es inestable y no tiene la velocidad necesaria para clases online o desarrollar el teletrabajo.
“El confinamiento obligatorio ha afectado con fuerza a los sectores más vulnerables, que viven en condiciones de grave hacinamiento y peor calidad de las viviendas, lo que genera serias dificultades para el cuidado frente a la pandemia, aumento de tensión entre los integrantes del hogar, entre otros problemas. En los sectores rurales, se suma la materialidad, saneamiento y tipo de vivienda, en que sólo un 62% de las viviendas tienen la categoría de aceptable, frente al 90,5% urbano, de acuerdo con el Índice de Calidad Global de la Vivienda de la Encuesta Casen”, destaca Littin.
Efecto pandemia
Existe consenso en que las cifras y la realidad de desigualdad es conocida. Pero ante fenómenos como el actual, que Mauro Basaure, sociólogo de la U. Andrés Bello e investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (Coes), dice es similar a catástrofes como los incendios en Valparaíso, se aprecia la desigualdad y pobreza de mucha mejor manera que lo hace la sociología. “Los datos son abstractos, pero estas imágenes que dan vuelta por todo Chile aparecen como una bofetada, es un poder que no tiene las ciencias sociales que no pueden dar cuenta de transmitir la realidad social como lo hacen las catástrofes”.
Una realidad que era conocida. Por lo menos las cifras así lo mostraban. “Chile tiene muy buena data publica no son condiciones que no se sepan, no solo el Censo, la encuesta Casen que se realiza cada dos años nos ilustra las diferencias socioeconómicas que existen en Chile”, detalla Munita, para quien lo que se ha visto en la actual crisis en una falta de empatía y de rigor profesional al no entender que la realidad de vivir en una casa en Providencia, Vitacura, la Reina, Las Condes o una casa en Chicureo no se condice con la generalidad de la población.
Este estudio, dice Basaure, reafirma lo que ya se sabe, información que es bueno actualizar en el marco de la pandemia. “Es muy distinto vivir el encierro en 38 metros cuadrados a estar en una casa con mucho más, porque los conflictos no solo se dan dentro de la vivienda, también con los vecinos y mayor incidencia de violencia intrafamiliar donde hay menor metros cuadrados, y pese que en minuto es difícil acceder a este dato, pero como sociólogo pienso que es una hipótesis muy realista de que a mayor metros cuadrados menos conflictos, y viceversa”.
Desconocer esa vivencia, dice, no es viable actualmente. Los datos están hace mucho tiempo, “por lo menos de hace 10 años que se muestra la diferencia de metros cuadrados por persona según las comunas”, detalla Basaure. Condición que posiblemente con el fenómeno migratorio, dice, se ha acrecentado y radicalizado.
Después que esto pase, el debate debería considerar cómo esas diferencias se minimizan. Una discusión ya se da en muchos países a propósito de la pandemia. Y que debiese darse en Chile, pero la fuerza de la inercia de lo que existe es muy fuerte, reconoce Basaure: “Porque no solo se trata de una ciudad con más bicicletas, modificar la desigualdad territorial tiene mucho que ver con la sensibilidad de las elites y que eso logre conducir a cambios reales, porque esos cambios en la ciudad implican cambio de modelo de lo social, de modelo de sociedad”.