Discriminación contra población LGBTQI+ alcanza su mayor nivel desde el retorno a la democracia

La discriminación contra la población LGBTQI+ en Chile ha alcanzado niveles alarmantes, según las encuestas nacionales de diversidad y discriminación, realizadas en 2013 y 2024 por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

El porcentaje de personas que declara haber sido víctima de discriminación en algún momento de su vida experimentó un aumento significativo en la última década: pasó de un 74,5% en 2013 a un 80,9% en 2024.

Además, según el XXIII Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género en Chile (Movilh), publicado la semana pasada, existe un panorama aún más grave. Según el reporte, los casos de abusos hacia la comunidad LGBTQI+ en solo un año aumentaron 78,7%, alcanzando un total de 2.847 casos en 2024, lo que representa un 23,5% de todos los atropellos registrados en los últimos 23 años. En 2002 solo se reportaron 48 casos. Es la primera vez desde el retorno a la democracia que se constata un retroceso en derechos previamente conquistados en los tres poderes del Estado.

Además, se reportó un incremento del 116,9% en discursos de odio, un 80% en campañas y movilizaciones homo/transfóbicas y un preocupante 200% en agresiones en espacios policiales. La discriminación institucional también ha crecido 63,9%.

La comunidad trans ha sido la más afectada, acumulando el 39,73% de los ataques y experimentando un alarmante aumento del 462,69% en un solo año, lo que llevó a que 2024 fuera denominado “el año de la transfobia” de acuerdo al informe. Entre los casos reportados destacan asesinatos, agresiones en espacios policiales, abusos laborales y educacionales, campañas de odio y exclusión institucional, lo que evidencia un clima hostil y un retroceso en derechos previamente conquistados, especialmente en el acceso a la salud de niños, niñas y adolescentes trans.

A pesar de estas cifras, la percepción de la discriminación ha cambiado drásticamente en la última década. En 2013, el 99,2% de las personas LGBTQI+ consideraba que en Chile se discriminaba, mientras que en 2024 sólo el 41% cree que la mayoría de las personas lo hace.

Según Ramón Gómez, encargado de DDHH del Movilh, este cambio responde a una transformación sociocultural y generacional: “Chile pasó de un rechazo mayoritario a una aceptación transversal de las diversidades sexuales y de género”.

Sondeos recientes como la Encuesta Nacional sobre Sexualidad (Enssex) 2023 muestran que el 80,8% de la población chilena acepta la homosexualidad, mientras que en 1998 solo el 3,4% lo hacía. A su vez, la promulgación de 18 leyes en favor de los derechos LGBTQI+, como el matrimonio igualitario y la Ley de Identidad de Género, Ley Zamudio, han sido clave para garantizar protección y visibilidad, empoderar a la comunidad y modificar lo que la sociedad entiende por discriminación. Sin embargo, su aplicación sigue siendo deficiente. A pesar de esa realidad, “sin estas normas, las personas LGBTQI+ seguirían sin derechos básicos”, advierte Gómez.

Sin embargo, este avance en derechos no ha significado una disminución de los ataques, lo que se explica en parte como una reacción conservadora. La antropóloga Carola Franch señala que “cada vez que ha habido avances significativos en derechos, han surgido resistencias”, y que este fenómeno se enmarca en una tendencia global hacia discursos más autoritarios y biologicistas sobre identidad de género y sexualidad.

Como ejemplo, en Hungría se prohibió la marcha del Orgullo, en Estados Unidos se revocó el reconocimiento de género X en pasaportes, y en Argentina el presidente prohibió los tratamientos de hormonización en menores. Franch enfatiza que, “si bien hay más protección legal, esto no garantiza aceptación social”, y que el aumento de denuncias no es una contradicción, sino parte de una dinámica histórica de avance y retroceso en derechos humanos.

Gómez, señala que es clave diferenciar entre casos de discriminación y denuncias. “Antes, muchas personas no denunciaban por miedo a exponerse. Con los cambios culturales y legales, la discriminación se ha desnaturalizado, lo que permite que más personas la identifiquen y la reporten”. Sin embargo, advierte que desde 2022 ha habido un aumento real de discursos de odio y retrocesos en derechos, lo que ha potenciado la impunidad y agravado los abusos.

El aumento de denuncias no necesariamente indica más discriminación, sino mayor conciencia y visibilidad. Franch explica que, en décadas anteriores, la diversidad sexual era un tema tabú, lo que impedía que muchas personas visibilizaran los abusos. “Hoy, las nuevas generaciones incorporan identidades y orientaciones sexuales de manera más natural, lo que ha permitido documentar más casos”. Sin embargo, advierte que este proceso también ha generado reacciones conservadoras. “Mientras más avanza la aceptación en algunos sectores, más se radicaliza el rechazo en otros”.

Si bien los avances han transformado la sociedad chilena, esto no implica que la discriminación haya desaparecido. “El problema no es que las personas LGBTQI+ perciban menos discriminación, sino que aquellos que la ejercen lo hacen con más fuerza y violencia” dice Gómez.

En particular, la niñez y adolescencia LGBTQI+ sigue enfrentando altos niveles de violencia. La Encuesta Nacional de Juventudes (ENJUV) indica que más del 42% ha sufrido violencia psicológica en su familia, un 35% ha enfrentado violencia en sus colegios y un 44% ha sido discriminado por sus compañeros.

Desde la Fundación Todo Mejora (FTM) explican que la falta de entornos seguros impacta gravemente la salud mental de las infancias diversas, aumentando el riesgo de ansiedad, depresión y afectaciones emocionales. “La validación familiar y la existencia de redes de apoyo son clave para mitigar los efectos del rechazo y fortalecer la autoestima”, sostienen.

El miedo a la discriminación obliga a muchas personas LGBTQI+ a ocultar su identidad o evitar espacios públicos, afectando su desarrollo emocional y social. Según ENJUV y ENSSEX, un 48% evita expresar su identidad en público y un 41,2% evita ciertos lugares por temor a agresiones.

La FTM explica que este ocultamiento está vinculado al estrés de minorías, que genera hipervigilancia, temor al rechazo y, en algunos casos, homofobia o transfobia internalizada. “La necesidad de esconder quiénes son para evitar agresiones genera una sobrecarga emocional que puede traducirse en síntomas de ansiedad y depresión”, advierten.

Los efectos en la salud mental son evidentes. La ENSSEX muestra que un 61,8% de las personas LGBTQI+ adultas presenta sintomatología ansiosa o depresiva, comparado con el 45,3% en la población heterosexual y cisgénero.

En adolescentes, la ENJUV indica que 4 de cada 5 jóvenes LGBTQI+ entre 15 y 19 años presentan síntomas depresivos de nivel moderado a grave. La directora de Psicología UDP, Alemka Tomicic enfatiza que “el ocultamiento constante genera un desgaste emocional significativo, limitando la vida cotidiana y restringiendo el desarrollo personal, social y profesional”.

Los reportes del Programa Hora Segura de FTM revelan que el 43,1% de las atenciones están relacionadas con conflictos familiares, lo que resalta la importancia del entorno en el bienestar de las juventudes LGBTQI+. “Generar espacios seguros donde puedan expresarse sin temor y fortalecer el acceso a servicios de salud mental con enfoque afirmativo es clave”, afirman. La solución pasa por políticas de inclusión y educación en diversidad, para que ocultar la identidad no siga siendo una estrategia de supervivencia.

Tomicic advierte que “más que crónica, la discriminación es sistémica y obliga a un estado constante de hipervigilancia”. Esto se traduce en mayores niveles de ansiedad, depresión y riesgo suicida. Ocultar la identidad implica una sobrecarga emocional, restringiendo la libertad y el desarrollo personal. Sin cambios estructurales, la vulnerabilidad de esta población seguirá siendo una constante.

La Encuesta Movilh 2024 reveló que un 38,9% de las personas LGBTQI+ ha recurrido a la autolesión debido a la discriminación o presión social, evidenciando la ausencia de políticas públicas en salud mental.

“Nadie se autolesiona por tener una orientación sexual heterosexual o una identidad de género cisgénero, porque no existe discriminación en su contra”, enfatiza Gómez. Para las diversidades sexuales y de género, la exclusión, la violencia y el estigma social impactan directamente en su bienestar, sin respuestas concretas desde el Estado.

La adolescencia es la etapa de mayor vulnerabilidad. La mayoría de los casos de autolesiones ocurren entre los 11 y 17 años, reflejando el impacto del rechazo en el entorno familiar y escolar. La FTM explica que “la falta de apoyo en los entornos directos impide desarrollar redes de contención, aumentando el aislamiento y los riesgos de salud mental”. La exposición constante a violencia genera polivictimización, donde una misma persona enfrenta múltiples agresiones a lo largo del tiempo, deteriorando su bienestar psicológico.

El estrés de minorías es otro factor clave. Tomicic explica que “la violencia y el estigma social son interiorizados, afectando la autoestima y aumentando la ansiedad, depresión e ideación suicida”. El miedo a la discriminación lleva al alejamiento de la comunidad LGBTQI+ y a la autoexclusión.

“Un antídoto contra la discriminación es el apoyo de la familia y los seres queridos, incluso más que el de las amistades”, enfatiza Tomicic. Sin embargo, la persistencia del bullying homofóbico y transfóbico, junto a la presión social por encajar en normas heteronormativas, convierte esta etapa en un periodo de extrema vulnerabilidad para jóvenes LGBTQI+.

Otro problema que desalienta a las víctimas es la falta de respuesta de las instituciones. Un estudio de la Fundación FTM realizado en liceos de Antofagasta y La Pintana, mostró que del grupo de estudiantes que denunció violencia, el 86% consideró que la respuesta de la escuela fue nada o poco satisfactoria. Esta desconfianza también se refleja en el sistema judicial, donde la falta de un enfoque afirmativo y la persistencia de lógicas binarias dificultan el acceso a la justicia.

Si bien el porcentaje de personas que no denuncian por desconfianza bajó de 43,3% en 2013 a 22,8% en 2024, esto no necesariamente indica mayor confianza en las instituciones. Franch advierte que “la comunidad LGBTQI+ históricamente ha sido marginada por la policía y el sistema judicial”. En muchos casos, cuando una persona trans denunciaba una agresión, se le responsabilizaba por su identidad de género. “El aumento de denuncias podría deberse a la radicalización de discursos de odio, que ha llevado a algunas personas a recurrir a las instituciones por necesidad, no por confianza en que obtendrán justicia”, concluye.