El mapa de las “playas privadas” a las que los chilenos no pueden acceder

El acceso a la Playa Mónaco, en la Región de O’Higgins, estuvo bloqueado por más de 30 años pese a una vía pública fijada en 1984. Tras la presión de la organización Playa para Todos, en 2019 se logró reabrir el paso, aunque el dueño intentó seguir restringiéndolo, recibiendo multas por 75 UTM.

Todos los veranos, la discusión sobre el acceso a las playas en Chile vuelve a tomar fuerza. Aunque la ley establece su uso público, muchas siguen siendo de difícil acceso debido a restricciones impuestas por privados, generando denuncias y conflictos.

La normativa vigente indica que, las franjas de terreno entre la línea de baja y alta marea, así como las orillas de lagos y ríos, son bienes nacionales de uso público y no pueden ser apropiadas por privados. Además, los primeros 80 metros desde la línea de alta marea son terrenos fiscales.

Sin embargo, la falta de información y la escasa fiscalización permiten que algunos dueños de predios cercanos impongan restricciones arbitrarias, cerrando accesos y cobrando por el ingreso. Lo que ha generado conflictos recurrentes y dificultades para los turistas y comunidades locales que intentan ejercer su derecho de acceso.

El cierre de accesos por parte de privados genera cientos de denuncias cada año.

De acuerdo a una nota de La Tercera, en 2024, el Ministerio de Bienes Nacionales recibió 699 denuncias, un aumento del 18% respecto a 2023 (593 reclamos). De estas denuncias, 215 correspondieron a accesos cerrados, evidenciando que el problema persiste. Durante el período estival de 2023-2024, la situación se agravó, con 65 denuncias en solo tres meses.

La playa con más denuncias en 2023 fue Playa Blanca, en Coquimbo, con 36 reclamos formales. Las regiones con mayor cantidad de denuncias fueron Maule (69), Biobío (67), Coquimbo (66) y Aysén (66).

A pesar de la creciente preocupación ciudadana, no existe un catastro oficial y actualizado sobre los accesos restringidos a playas, lagos y ríos en el país. Según Camilo Jiménez, de la organización Playa para Todos, Bienes Nacionales no ha elaborado un informe accesible que permita conocer estos casos de manera sistemática.

La información debe solicitarse vía transparencia, pero no siempre se obtiene de manera completa. Su agrupación ha identificado problemas de acceso en diversas regiones, como Valparaíso, O’Higgins, Maule y Biobío. En este último caso, destaca la situación de la playa Quinguiral.

En el país, hay 954 playas de mar, lagos y ríos pero, cada lugar puede llegar a tener mucho más de un acceso, por lo que el problema de los accesos bloqueados no se limita a las playas de mar. Según estimaciones de Playa para Todos, en Chile hay entre 900 y 1.000 accesos públicos no garantizados.

Por ejemplo, en la Región de O’Higgins, el lago Rapel presenta restricciones casi totales, con solo un pequeño sector público habilitado. En los ríos de la zona, como el Tinguiririca, hay varios puntos donde el acceso no está fijado. En Maule, el acceso a los lagos Vichuquén, Colbún y Machicura también es limitado, con la comunidad local exigiendo más de 18 accesos en Vichuquén.

Sin una regulación efectiva y un catastro claro, la situación sigue dependiendo de denuncias ciudadanas y de la voluntad de las autoridades para fiscalizar y garantizar el cumplimiento de la ley. A medida que aumenta la conciencia sobre este problema, también crece la demanda por soluciones concretas que aseguren el libre acceso a los bienes nacionales de uso público.

A continuación la lista con sólo algunas de las playas de las que se conoce su estado de acceso denegado.

• Playa Blanca (cobran el acceso).
• Playa Las Tacas (uso exclusivo de un condominio).
• Playa Morrillos (cobran por el acceso).
• Playa zona Panul (al sur de La Herradura).

• Playa Las Ágatas.

• Acceso restringido en un sector del río (El Monte).

Playas en Navidad:

• Playa Desembocadura Rapel.
• Playa La Boca.
• Playa Las Brisas.
• Playa Lagunillas.
• Playa Chorrillo.
• Playa Los Arcos.

Playas en Litueche:

• Playa Hueso Ballena.

Playas en Pichilemu:

• Playa Las Quiscas.
• Playa La Polcura.
• Playa Choquito.
• Playa Rincón del Calceta.
• Playa Los Robles.
• Playa Chorrillos.
• Playa La Pancora.
• Playa La Sirena.
• Playa El Pangal.
• Playa El Anima.

Playas en Paredones:

• Playa La Lancha Norte.
• Playa La Lancha Sur.
• Playa Mar Manzo.
• Playa Quebradilla.
• Playa Las Trancas.
• Playa Bucarruca.

Lagos y ríos:

• Lago Rapel (solo un sector público; el resto está privatizado y requiere pago a través de campings).
• Río Tinguiririca (sectores de Roma y localidades pequeñas atravesadas por el río, sin fijación de acceso en varios puntos).

Ríos:

• Cuenca del río Lircay (zona de Linares hacia la cordillera, sin fijación de acceso en varios sectores).

Lagos:

• Lago Vichuquén (solo un acceso fijado en Playa Tránsito Vergara, con condiciones difíciles para acceder).
• Lago Colbún (acceso restringido).
• Lago Machicura (o embalse Machicura, acceso restringido).

• Playa Quinguiral.

• Lago Colico (solo 3 accesos).
• Lago Caburgua (solo 1 acceso público).
• Lago Budi (sin acceso público).

Si conoce accesos cerrados o presencia un cobro para el ingreso, puede realizar la denuncia haciendo click AQUÍ.

En Chile, todas las playas son bienes nacionales de uso público, lo que significa que cualquier persona tiene derecho a acceder a ellas. Sin embargo, en algunos casos, propietarios de terrenos colindantes restringen el acceso, generando conflictos.

En diciembre de 2021, días antes de Navidad, Karina Rivas, una residente de Panul (Región de Coquimbo) intentó bajar a la playa con su hijo, pero un guardia los expulsó, asegurando que era privada. “Bajamos porque las playas son para todos, pero nos echaron”, recuerda. La denuncia llegó a la televisión y la municipalidad prometió un acceso peatonal, pero nunca se hizo.

Con el tiempo, nada cambió. Ante el riesgo de otra confrontación, dejó de ir, al igual que otros vecinos. “Simplemente no hubo ninguna solución real”, dice. La playa sigue inaccesible para la comunidad y usada solo por huéspedes de las cabañas privadas.

Según la ley, los delegados presidenciales y, en algunas regiones, los gobernadores son las autoridades responsables de fijar las vías de acceso. “Cuando no existen accesos, las autoridades deben establecerlos mediante un acto administrativo”, explica Jiménez. Este procedimiento técnico es gestionado por el Ministerio de Bienes Nacionales y publicado en el Diario Oficial, garantizando el derecho de ingreso.

A pesar de este marco legal, muchas playas aún no cuentan con accesos oficiales. Un ejemplo de ello es la Región de O’Higgins, donde de 35 playas identificadas, 20 siguen sin vías de acceso fijadas, algunas con denuncias pendientes desde 2005.

Jiménez señala que la demora en resolver estos casos se debe a tres factores principales: falta de voluntad política, escasez de recursos en Bienes Nacionales y el lobby de grandes propietarios.

Si una persona se encuentra con un acceso restringido, puede presentar una denuncia en la plataforma de Bienes Nacionales: “Las playas son tuyas todo el año”. Sin embargo, este proceso suele ser lento y burocrático. “Las denuncias pueden tardar meses o incluso años en ser respondidas, lo que desmotiva a los turistas”, dice Jiménez.

Además, quienes reportan estos casos deben proporcionar datos técnicos como coordenadas y ubicación exacta, lo que dificulta el trámite para quienes no están familiarizados con el territorio.

Dada esta situación, se recomienda que sean las comunidades locales las que lideren las denuncias, ya que conocen mejor el área y su historial. “Muchas veces, ayudamos a Bienes Nacionales a recabar información, por ejemplo, obteniendo datos de los conservadores de bienes raíces”, señala Jiménez.

Si el acceso ya está fijado pero es bloqueado ilegalmente, la denuncia debe hacerse ante Carabineros o el Juzgado de Policía Local, lo que podría derivar en sanciones para quienes infringen la ley. Sin embargo, este trámite también es engorroso. “Lo ideal sería que existiera una respuesta más ágil y efectiva por parte de las autoridades”, concluye Jiménez.

El acceso libre a playas, lagos y ríos es un derecho fundamental, pero en la práctica sigue siendo un desafío en Chile. Desde la organización Playa Para Todos, destacan que la falta de accesos públicos restringe el uso de estos espacios, afectando a la ciudadanía y limitando el potencial turístico y económico de muchas localidades. “¿De qué sirve tener un país con costa en toda su extensión si nadie puede usarla?”, cuestiona Camilo Jiménez, vocero de la agrupación.

Las fijaciones de vías de acceso no solo garantizan el derecho de todos a disfrutar de estos espacios, sino que también generan beneficios para las comunidades cercanas. En los sectores donde se han logrado estos accesos, se ha visto un crecimiento del turismo y el emprendimiento local, con la apertura de cabañas, restaurantes y otros servicios. Esto permite que las comunidades rurales, muchas veces dependientes de las ciudades, puedan mejorar su calidad de vida a través de nuevas oportunidades económicas.

Actualmente, se discute la posibilidad de un proyecto de ley que simplifique el proceso de fijación de accesos. “Hoy, para denunciar un acceso cerrado, hay que conocer detalles técnicos como quién es el propietario o qué resolución se está infringiendo, algo que un turista no tiene por qué saber”, explica Jiménez. Esto dificulta la aplicación efectiva de la normativa y desincentiva las denuncias.