El 13 de mayo de 1647 Santiago fue devastada por un terremoto de gran envergadura; las investigaciones han demostrado que este terremoto no se originó en el contacto de las placas tectónicas de Nazca bajo la Sudamericana, sino más bien en la placa de Nazca pero varias decenas de kilómetros bajo la ciudad (profundidad intermedia), aunque aún no se pueda descartar que haya sido generado a lo largo de la Falla San Ramón.

Los desastres socionaturales han acompañado la historia de nuestro país, y si bien se podría decir que son parte de nuestra identidad y que en alguna medida han forjado lo que somos -incluso a veces hasta bromeamos con eso-, no significa que eso deba proyectarse hacia el país que quisiéramos ser. Tenemos latente en la memoria aquellos acaecidos recientemente, con devastadores consecuencias y pérdidas en vidas, medio ambiente y sociedad; nuestras responsabilidades son tanto individuales como colectivas en la desaparición y pérdida irreparable de vidas humanas, o en su afectación. Por ello, la reducción del riesgo de desastres no puede ser un tema de una ciencia en particular, como tampoco de un sector, sino que requiere un enfoque complejo, en que las comunidades sean parte del ethos de una construcción que recoja lo mejor de la ciencia, los saberes y prácticas de las comunidades, junto con la gobernanza y la administración, a través de un diálogo permanente.

El proceso constituyente es una oportunidad para un diálogo inédito en nuestro país, y la discusión sobre cómo avanzar en resiliencia y reducción del riesgo de desastres, es clave para nuestra sostenibilidad.

Es relevante que esta discusión se dé en el seno de este proceso, pues, si entendemos a la Constitución como el acuerdo de principios que rigen y debieran inspirar a nuestra sociedad, en especial el marco político de su devenir, es necesario que la vida digna, la seguridad y cuidado de las personas con perspectiva de Derechos Humanos, el desarrollo sostenible y medio ambiente sano, estén al centro del diálogo. En ese sentido, principios como el bien común, la importancia del conocimiento transdisciplinar, el fortalecimiento de la educación pública, la participación efectiva de la ciudadanía, la perspectiva de género, interculturalidad y equidad, el reconocimiento constitucional de la diversidad de origen que en realidad somos, la descentralización, la responsabilidad -estatal y no estatal-, y la transformación, otorgan un sustento ético de mayor amplitud para enfrentar los desafíos de nuestra sociedad en un mundo cambiante, más aún con una crisis ambiental de escala planetaria en pleno desarrollo (CITRID, 2021; https://citrid.uchile.cl/publicaciones/).

Nuestro país ha suscrito acuerdos internacionales y ha avanzando en el diseño de políticas públicas en materia de reducción del riesgo de desastres, un ejemplo de estos esfuerzos lo constituye la recientemente lanzada Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de ONEMI (2020-2030).

Los hechos han demostrado que el problema es mucho más amplio y requiere de un enfoque multidimensional y participativo, en donde el diálogo fundado en la reflexión y el conocimiento sea lo que movilice y posibilite un real desarrollo sostenible; las comunidades debieran tener mayor injerencia en las decisiones vinculantes en la gestión de su territorio, por ejemplo, así como de los recursos y en el cuidado del medio ambiente, siempre en la perspectiva de la sostenibilidad, y en eso, falta aún mucho por avanzar.

El actual e inédito proceso constituyente representa una oportunidad y a la vez un gran desafío, en torno a un cambio necesario y esperado; hay mucho en juego, muchas personas han sufrido daños irreparables y la vida de muchas personas se perdió en el camino para que esto tuviera lugar, desde octubre de 2019 por cierto, como también desde antes. El llamado ahora es a recuperar el camino del diálogo, en un encuentro de pensamiento libre y fundado en el bien común, en perspectiva de un país resiliente ante desastres de todo tipo.

*Gabriel Easton, Geología

*Daniela Ejsmentewicz, Derecho

*Paulina Vergara, Políticas Públicas

*Catalina Astudillo, Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo

Universidad de Chile