Encuesta: el 97% de los chilenos dice que el agua para consumo humano debe estar garantizada en la nueva Constitución

Algo tan simple como lavarse las manos se convirtió en una de las principales medidas sanitarias promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para prevenir el Covid-19 y en un pilar de la salud pública. Sin embargo, según datos de la ONG Greenpeace, en Chile al menos 350 mil personas no cuentan con agua suficiente para lavarse las manos frecuentemente y cerca de un millón de personas hoy no tienen asegurado el acceso al agua potable, una realidad que se hizo evidente en la pandemia.

El tema de la gestión del agua en Chile incluso ha sido abordado por organizaciones internacionales. La segunda Evaluación del Desempeño Ambiental de la OCDE (2016) recomendó al país “dar prioridad a los usos hídricos esenciales y reflejar las necesidades ambientales” y, en agosto pasado, el Léo Heller, relator especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento, llamó a las autoridades a “garantizar un abastecimiento de agua suficiente para toda la gente”.

El cada vez mayor interés ciudadano por esta problemática se ve reflejado en los resultados del estudio de Greenpeace “Chile Gota a Gota: pandemia, desafíos y percepciones de la crisis hídrica”, encargado a la consultora internacional Offerwise y que respondieron 1.012 hombres y mujeres de todo el país. Según esa encuesta, el 97% de los chilenos señala que el agua para consumo humano debe estar garantizada en la nueva Constitución.

“Los resultados son categóricos”, dice Matías Asún, director nacional de Greenpeace en Chile. “La gente pide que el agua sea contemplada en la nueva Constitución y entiende que la situación es cada vez más crítica. No sólo lo señala nuestro estudio, sino cada sondeo que se ha realizado hasta ahora demuestra que el agua es uno de los recursos más importantes a proteger en el corto plazo”, agrega.

El estudio muestra, además, que nueve de cada diez chilenos consideran que tener agua es clave para enfrentar de manera apropiada la expansión del coronavirus. Asimismo, el 92% dice que proveer de agua a los miles de chilenos sin acceso, debe ser una prioridad para el gobierno durante la pandemia, pero sólo uno de cada cuatro chilenos cree que el gobierno ha hecho lo suficiente para paliar la falta de agua en el país.

El director de Greenpeace explica que es necesario hacer cambios profundos para avanzar hacia soluciones efectivas y que eso es lo que ofrece este nuevo proceso constitucional. “El acaparamiento, aprovechamiento y mala distribución de este bien común debe solucionarse cuanto antes. No es posible que la gente hoy no tenga agua ni para lavarse las manos, mientras distintas zonas productivas hoy profitan gracias al mal uso de este bien”.

Para Matías Asún, actualmente existe evidencia de las deficiencias y limitaciones del modelo actual de gestión y propiedad del agua, transformándola en un bien privado, destinado mayoritariamente a industrias productivas, sin priorizar los diferentes usos y sin garantizar el derecho humano al agua. “Los problemas de acceso al agua, su importancia en el contexto de crisis sanitaria producto de la pandemia, sus funciones ecosistémicas, los impactos del cambio climático en la disponibilidad hídrica total del país, y la discusión sobre una nueva Constitución, deben transformar al agua en una de las temáticas más relevantes para el país”, dice.

En esa línea, la necesidad de cambiar el enfoque actual de la gestión del agua queda en evidencia en el estudio “Transición Hídrica: El futuro del agua en Chile”, que Fundación Chile presentó en 2019 luego de tres años de trabajo y que analiza seis cuencas del país -Copiapó, Aconcagua, Maipo, Maule, Lebu y Baker- para determinar las causas de los problemas en esta materia. De acuerdo con el informe, el 44% de los problemas de brechas y riesgo hídrico en las cuencas se debe a fallas en la gestión del agua y su gobernanza; el 17% se origina por el crecimiento de las actividades productivas y el sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas, y el 14% de los problemas detectados tienen como causas el uso de químicos en agroindustria, los pasivos ambientales mineros, la ausencia de tratamiento de aguas servidas en zonas rurales, etc.

La desigualdad de la distribución del agua también fue demostrada en un reciente estudio desarrollado por el Centro de Producción del Espacio de la UDLA, donde se concluye que de los 29.001 titulares que poseen derecho de aguas consuntivos, el 1% concentraría el 79,02% del volumen total disponible en el sistema.

El estudio de Greenpace considera el contexto climático, tomando en cuenta que Chile central está viviendo la megasequía más importante de su historia, tal como evidencia un informe publicado por el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por su sigla en inglés) en 2019, que señala Chile está a un puesto de entrar entre los 17 países del mundo con “extremo estrés hídrico”.

Según el sondeo de la ONG, nueve de cada 10 chilenos cree que la falta de agua lo afectará de manera directa en un futuro cercano y uno de cada dos cree que los racionamientos de agua comenzarán en un plazo de uno a cinco años.

“Chile enfrenta una situación de escasez hídrica que actualmente lo posiciona como unos de los países con mayor riesgo a nivel mundial”, comenta Asún. “Lo anterior, además, debe asociarse a un contexto de crisis climática donde fenómenos como la baja de precipitaciones, la mega sequía y las olas de calor han vuelto a posicionar la vital importancia del agua”, concluye.