Este año Chile puede ser un actor clave en la agenda ambiental planetaria. No solo por las acciones que lidere en su calidad de anfitrión de la COP25, sino además por la proyección de una iniciativa inédita en lo que respecta a la preservación de áreas marítimas.

Me refiero a la oportunidad de hacer sustentable al archipiélago de Juan Fernández, tal como funcionan las vecinas islas Galápagos hace 40 años. ¿Cómo? Replicando sus parámetros. El primer paso ya lo hemos dado: junto al alcalde de Juan Fernández, Leopoldo González, y al embajador de Ecuador en Chile, Homero Arellano, nos sentamos a discutir los estándares que le permitirían a dicho territorio de la quinta región mantenerse en el tiempo por sí mismo, sin ayuda exterior y sin que vuelva escasos sus recursos existentes.

Para ello, será fundamental analizar el modelo de administración ecuatoriano con la idea de replicarlo aquí. ¿Por qué adaptarlo en Juan Fernández? Valparaíso es la región oceánica de Chile y la que más contribuye con áreas marítimas protegidas. Por lo tanto, tiene una vocación oceánica que debe ser respaldada con instrumentos jurídicos.

De la experiencia de Galápagos, en tanto, podemos obtener un valioso feedback. En esa línea, Ecuador es un referente dentro de América del Sur, al operar por décadas esta isla de manera sostenible, con control demográfico y gestionando un área que es reserva de la naturaleza y patrimonio de la humanidad.

Por mi parte, me encuentro trabajando en un nuevo estatuto para el archipiélago de Juan Fernández. Como presidente de la Comisión de Zonas Extremas y Territorios Especiales del Senado convoqué a la Subsecretaría de Desarrollo Regional a exponer el plan del Ejecutivo a fin de tener un instrumento técnico que defina los términos de referencia con todas las entidades del Gobierno. La Subdere ya efectuó la licitación pública para contar con el estudio de carga demográfica y el plazo de cierre es este 23 de septiembre.

Así, la idea es generar un modelo de gestión demográfica integral que no solo considere la parte terrestre de la isla, sino también el conjunto marítimo, los recursos, los fondos y los subsuelos marinos.

Queremos que la ley esté lista de aquí a dos años más, para que cuando comiencen los nuevos gobiernos regionales, Valparaíso entienda su responsabilidad oceánica y pueda administrar estas zonas especiales y oceánicas.

Confío en el futuro de esta práctica legislativa. Ambas islas comparten la urgente necesidad de proteger sus ecosistemas y lo importante es que para alcanzar este propósito contamos con la valiosa voluntad de cooperación de sus protagonistas.