Se trata de la tercera vez que un grupo de parlamentarios pone presión al gobierno para que firme el Acuerdo de Escazú. Sin embargo, la iniciativa toma mayor relevancia hoy cuando quedan solo dos meses para que venza el plazo que tienen los países de América Latina para ratificar el tratado y que pueda entrar en vigor luego de dos años que se abriera a ser firmado. Para esto se necesitan 11 ratificaciones y ya van nueve; otras cuatro -las de Argentina, Perú, Colombia y Costa Rica- están en esa vía.

El proyecto que hoy ingresaron a la Cámara nueve diputados de oposición tiene como objetivo que el gobierno suscriba al pacto que negoció y lideró por dos años entre 2016 y 2018, pero que finalmente, en su ceremonia en Naciones Unidas en septiembre de 2018, se negó a firmar. Esto pese a que el propio Presidente Sebastián Piñera había hecho un llamado al resto de los países de la región a que se sumaran al tratado por ser “el primer instrumento vinculante sobre asuntos medioambientales” disponible en el continente.

Desde que el gobierno echó pie atrás en el compromiso que había adquirido y que había liderado junto a Costa Rica, el Mandatario, los dos cancilleres que han pasado por la cartera de Relaciones Exteriores-Roberto Ampuero y Teodoro Ribera- y la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, han intentado explicar las razones del Ejecutivo para romper el acuerdo y decidir finalmente bajar su liderazgo en el asunto a una posición de reflexión para determinar si es que el pacto ponía en peligro la soberanía nacional frente a posibles conflictos internacionales. Con todo, este argumento ha sido puesto en duda por investigadores y distintas ONG.

“El tema de la soberanía es una excusa que han sacado recurrentemente, pero no es así, no es cierto. Además, por análisis que hemos hecho, este es un artículo estándar que Chile ha firmado en cerca de 15 tratados que poseen este artículo de solución de controversias”, dice la directora de Espacio Público Andrea Sanhueza, representante del público en las negociaciones para el convenio de Escazú.

El tema ha sido consultado en reiteradas oportunidades a varios representantes del gobierno, pero no se ha zanjado una posición única. Hace casi un año, por ejemplo, Piñera aseguró -durante su participación en la cumbre de Acción Climática en Nueva York- que estaban abiertos a firmar el tratado y que se encontraban realizando observaciones. Días después, sin embargo, señaló que el pacto “no agrega nada”. A un año de eso la ministra Schmidt volvió a cerrar las puertas y sostuvo en una entrevista en radio ADN que “cuando entre en vigencia se evaluará si Chile los adscribe”.

Los llamados para que el gobierno firme este tratado han sido varios. En las últimas horas, de hecho, en redes sociales se ha desplegado la campaña #EscazúAhora para impulsar la adhesión al acuerdo y para dar a conocer la importancia que tiene en materia medioambiental y la relevancia que cobra para la recuperación económica pos coronavirus. Este acuerdo, dice Sanhueza, “permite fortalecer los derechos a la información, la participación y la justicia de las personas en la toma de decisiones ambientales. Es una herramienta sobre todo para la recuperación después de la pandemia para que la economía resiliente de la que se está hablando”.

“Hay toda una corriente de opinión que dice que las futuras tomas de decisiones sobre la economía, medioambiente y cambio climático tienen que ser con una diversidad de voces y que no solo venga del gobierno de turno que no escuchó a nadie o de un sector con privilegios. Esta diversidad de voces se logra implementando el Acuerdo de Escazú”, agrega.

Otro de los argumentos que ha mantenido el gobierno para restarse de la firma es que en la legislación chilena se contienen los puntos del pacto regional. Pero “cuando la ministra dice que en la ley tenemos todo eso puede ser cierto, pero hay que ver cómo se implementa lo que está en la ley. Hoy los procesos de participación en Chile son débiles, a la gente le cuesta mucho conseguir información, la información es muy técnica, hacer observaciones a un proyecto es difícil, y todo esto va a ser más fácil con Escazú”, refuta Sanhueza.

Sobre esto mismo, la socióloga e investigadora de Espacio Público Violeta Rabi señala que el tratado permitiría mejorar la institucionalidad ambiental chilena “que todavía es joven e incipiente”. “Todavía faltan muchas cosas por mejorar en materia de información, de alerta temprana, de permitir que la ciudadanía sepa cuál es la calidad de su medio ambiente. En materia de participación tenemos un estándar que cumple en términos formales, pero que aún hay muchas posibilidades de ampliar”.

Otro de los puntos que destaca Rabi sobre el pacto es que “es sobre derechos humanos. Hoy ser defensor ambiental en Latinoamérica es peligroso y los Estados que están firmando el acuerdo lo que dicen es que valoran el rol del defensor ambiental y garantizan su seguridad”.

Gabriela Simonetti-Grez es directora ejecutiva de la Asociación Kauyeken y defensora ambiental desde Isla Riesco. Por ese rol, justamente, es que el 2019 recibió amenazas de muerte a través de redes sociales: ”Nos sentíamos muy inseguros. Fue muy duro, porque vivimos en una isla donde no hay Carabineros y la sensación de vulnerabilidad era muy alta”, cuenta. Explica que hicieron la denuncia en Carabineros, la PDI, la fiscalía, y además pidieron ayuda en el Instituto de Derechos Humanos y la seremía de Medio Ambiente, pero no recibieron respuesta satisfactoria.

Para ella, la firma del tratado significaría que ”el Estado dejaría de ponernos a nosotros, los defensores ambientales, como estigmatizados frente al resto de la sociedad y como personas que le hacemos daño al desarrollo, y finamente nos entendería como personas que estamos tratando de empujar un desarrollo sostenible”.

“Con Escazú nos reconoceríamos como personas que valemos la pena y que estamos haciendo un bien a la participación, a la democracia ambiental y al desarrollo al país. Y en términos prácticos, si hubiésemos hecho este llamado de alerta antes de recibir la amenaza de muerte y recibido ayuda, la habríamos podido contener y no vivir durante meses cambiando rutinas o sin poder salir... Hay que entender que esto lo viven todos los defensores ambientales en Chile, no somos una excepción”.

Simonetti dice que todos somos potencialmente defensores ambientales y, por lo mismo, “existe el riesgo de perder la vida literalmente. Y eso no es algo que un gobierno pueda aceptar. Cuando nos llegó la amenaza de muerte, nos hicimos la pregunta: ¿sigo o no sigo? Está tu vida en juego.

-¿Qué te respondiste tú?

Que sí, sigo. Aprendiendo, haciéndolo mejor, teniendo grupos de apoyo. Pero por supuesto que sigo, porque justamente esa es la demostración de que las cosas tienen que cambiar.

Para Andrea Sanhueza el gobierno lleva adelante su agenda medioambiental con contradicción. El liderazgo que se tuvo por la COP25 y la posición frente al Acuerdo de París, asegura, “está desconectado con Escazú”, aunque son temas que van de la mano: “Escazú tiene ver con el cómo”.

De hecho, agrega, la posición de Chile frente a la región queda en duda al ser uno de los cinco países que no han firmado el acuerdo. Los otros cuatro son Venezuela, Cuba, Honduras y El Salvador. “Se estima que la primera conferencia va a ser el próximo año y Chile no va a estar dentro de los países líderes, y ¿quiénes van a ser recordados? los primeros 11 que echaron a andar la entrada en vigor del acuerdo”.

Pese a esto dice que el país aún puede recuperar su liderazgo.

De la misma idea es Gabriela Burdiles, directora de proyectos de ONG FIMA. Aunque se van a cumplir dos años del momento en que Chile desistió de firmar, sostiene, “el Presidente todavía está a tiempo para dar una señal clara de su compromiso con los derechos humanos y el medio ambiente firmando este 26 de septiembre”.

Con esto “se daría el primer paso para continuar con la ratificación y comenzar a implementar las mejoras que se propone en el Acuerdo de Escazú y en las que claramente nos queda mucho por avanzar”.

La diputada de Revolución Democrática Catalina Pérez -parte de los parlamentarios que ingresaron el proyecto de acuerdo a la Cámara- señala, en tanto, que “Chile mantiene una deuda pendiente con sus habitantes, sus ecosistemas y con los efectos del cambio climático, y desde esa perspectiva asegurar el acceso a la información, participación y justicia ambiental es un mínimo indispensable que esta hoy en manos del gobierno”.

El proyecto de acuerdo fue ingresado además por las diputadas Cristina Girardi (PPD) y Marcela Hernando (PR) y los diputados Diego Ibañez (CS), Félix González (PEV), Jaime Naranjo (PS), Matías Walker (DC), Víctor Torres (DC) y Vlado Mirosevic (PL).

La decisión sobre la firma, igualmente, es parte del análisis de la Cancillería y será, por tanto, una de los temas que deberá enfrentar Andrés Allamand en su llegada a la cartera de Relaciones Exteriores, tras haber sido nombrado hoy en el cargo en reemplazo de Teodoro Ribera.