Ciudades costeras de Chile que ya no serán como las conocemos, con el mar ocupando áreas que hoy se encuentran edificadas en ciudades como Valparaíso, Viña del Mar, Concepción, Talcahuano y Atacama. Es parte del futuro que nos alertan los más recientes pronósticos sobre el aumento del nivel mar tanto en nuestro país como a escala global.

El mapa interactivo más reciente realizado por Climate Central, actualizado con los datos sobre calentamiento global proyectados en el Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de la ONU para el cambio climático, IPCC (AR6, publicado en 2021), dibuja un sombrío panorama bajo escenarios de altas emisiones que afectará a más de mil millones de personas viviendo en urbes costeras, incluidas ciudades de Chile.

Estas ciudades chilenas podrían quedar bajo el agua: el peligro de incentivar concesiones marítimas

Esta es una de las principales razones por las que vemos con preocupación el avance de iniciativas como la propuesta sobre Administración del Borde Costero y Concesiones Marítimas, ingresada en 2012 por el Gobierno de Sebastián Piñera (Boletín 8467-12), la cual se encuentra en segundo trámite legislativo y busca fomentar la inversión en las zonas costeras (incluidos ríos y lagos navegables).

Este Proyecto de Ley es uno de los impulsados por el Gobierno en el Pacto Fiscal por el Crecimiento Económico anunciado este año, sin embargo, carece de un enfoque de prevención del riesgo de desastres y podría incentivar la ocupación en zonas expuestas a fenómenos recurrentes como marejadas e inundaciones, que según las proyecciones científicas, serán cada vez más frecuentes en las próximas décadas.

Marejadas afectan a borde costero de Vina Del Mar.

Al facilitar el otorgamiento de concesiones marítimas para su explotación por privados sin considerar las necesidades de adaptación que impone el cambio climático, no solo se estará incrementando la exposición de vidas humanas al riesgo, también se elevará la presión sobre los ecosistemas costeros aumentando su degradación. Debemos recordar que tanto playas, como dunas, humedales y desembocaduras de ríos, constituyen una primera línea de defensa contra marejadas y fenómenos climáticos extremos.

No se contemplan tampoco criterios ecológicos o territoriales para la aplicación de la Ley, situación que podría exacerbar conflictos ambientales, lo que es también un factor a considerar en el contexto del desarrollo de nuevas industrias como el hidrógeno verde o la desalación de agua de mar, que si bien buscan enfrentar problemas como la crisis energética y la escasez hídrica, también pueden causar alteraciones en los ecosistemas.

A esto se agrega que el nuevo sistema de concesiones marítimas tiende a una mayor privatización de nuestras costas, limitando de esta forma el dominio público que se requiere para implementar estrategias de desarrollo resilientes y efectivas para enfrentar el cambio climático. Entre las medidas que apuntan en esta dirección se encuentra el artículo 6° transitorio de la nueva Ley, que habilita al Estado para otorgar propiedad de playas a personas que acrediten su ocupación por diez años o más.

Esto se contrapone con la tendencia global a incentivar políticas públicas de “retirada” de las zonas costeras, evitando la urbanización en zonas de riesgo de inundación. En su capítulo “Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad”, el Sexto informe del IPCC destaca la urgente necesidad de adoptar soluciones basadas en la naturaleza, restaurar ecosistemas degradados, implementar estrategias de adaptación y fortalecer la gobernanza costera.

Sin embargo, nada de esto está ocurriendo en Chile, donde todavía esperamos por una Ley de Costas que pueda revertir estas tendencias climáticas a través de una gestión integrada de áreas litorales. Hoy por el contrario vemos una excesiva urbanización que ha ido aumentando en las últimas décadas, con infraestructura que en muchos casos no está diseñada para resistir los impactos de fenómenos como las marejadas y sistemas frontales extremos que se harán más frecuentes en el futuro.

Tal y como señalamos en una investigación a propósito del socavón que afectó al edificio Kandinsky en las dunas de Concón, realizada el año pasado junto al académico de la Universidad del Atlántico en Colombia, Nelson Rangel Buitrago, el rápido ritmo de desarrollo supera la capacidad de recuperación de estos ecosistemas.

Cabe destacar que además de los colapsos en dunas, en los últimos 10 años, se registraron 13 procesos de reconstrucción en zonas costeras de Chile con alto costo social y económico, a los cuales se suma el más reciente en la cuenca costera del estero Marga-Marga.

Todos estos impactos se reflejan también en el aumento de la erosión costera, que está haciendo retroceder reconocidas playas a lo largo del país. Según nuestras investigaciones, las tasas de retroceso se llegan a duplicar en un año, superando los 5 metros anuales en playas como Santo Domingo y Hornitos. Actualmente el 86% de playas entre Arica y Puerto Montt presentan erosión acelerada.

Avanzar hacia regulaciones costeras robustas, con base científica y participación ciudadana, es fundamental para construir sociedades más justas y sostenibles de cara a los escenarios adversos del cambio climático.

*Directora Observatorio de la Costa, Académica Instituto de Geografía UC