Los demócratas y activistas ambientales están ejerciendo presión sobre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que declare una “emergencia climática” y desbloquee amplios poderes para combatir el calentamiento global después de que una legislación más amplia quedara estancada en el Congreso.
Biden ya prometió “tomar medidas ejecutivas enérgicas” en caso de que el Congreso no “aborde la crisis climática”. Mientras tanto, funcionarios de la Casa Blanca ahora sopesan la posibilidad de una declaración de emergencia que facultaría al presidente para reducir la extracción de petróleo, frenar los flujos de combustibles fósiles y financiar la construcción de energía limpia.
¿Cómo funcionaría?
Una declaración de emergencia por parte de Biden activaría los poderes establecidos por un conjunto de leyes federales, incluidos los estatutos de energía, la Ley Nacional de Emergencias y la Ley Stafford de Asistencia de Emergencia y Ayuda en Casos de Desastre, que el presidente podría ejercer para abordar la crisis climática.
Biden podría restringir o bloquear las exportaciones de crudo gracias a una exención de seguridad nacional en una ley de 2015 que le permitiría volver a imponer requisitos de licencia y otras restricciones a esos flujos. Al mismo tiempo, la Ley de Seguridad de la Aviación y el Transporte, promulgada después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, podría facultarlo para coordinar el transporte nacional de manera que limite el movimiento de combustibles fósiles.
Según la Ley de Tierras de la Plataforma Continental Exterior que rige el desarrollo energético en las aguas costeras de EE.UU., también podría suspender la perforación en alta mar, incluso en los arrendamientos existentes. Esa disposición se invocó para suspender alguna actividad a raíz del desastre de Deepwater Horizon en 2010.
¿Qué pasa con la energía limpia?
Una emergencia climática permitiría a Biden aprovechar una ley que generalmente se usa después de grandes huracanes y otros desastres naturales, la Ley Stafford de Asistencia de Emergencia y Ayuda para Desastres, para ordenar a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) que construya proyectos de energía renovable con dinero federal. FEMA cuenta con un presupuesto de US$19.000 millones para el año fiscal 2022 para abordar los desastres en curso, según el Centro para la Diversidad Biológica, un grupo ambientalista que insta a la medida.
Biden también podría usar la Ley de Producción de Defensa de la era de la Guerra Fría y el presupuesto federal de adquisiciones de US$650.000 millones por año para fabricar tecnologías de transporte limpias y generar energía renovable, según un informe del centro. El presidente utilizó la misma ley para impulsar la producción de fórmula para bebés en medio de una escasez nacional. Sin embargo. la ley contempla específicamente la producción de energía; el estatuto destaca de manera única la energía renovable y el almacenamiento como materiales críticos para la defensa nacional.
¿Qué no puede hacer?
Algunas de las herramientas más poderosas para impulsar proyectos de energía renovable y fabricación de energía avanzada fueron los créditos fiscales, ahora bloqueados en el Congreso, que no se pueden duplicar fácilmente a través de una orden ejecutiva. Cualquier financiamiento federal dirigido al sector es finito y puede terminar rápidamente una vez que un nuevo presidente esté en el cargo.
Detener la producción en los arrendamientos de petróleo y gas existentes también es complicado. El Gobierno podría tener que compensar a las compañías petroleras por los arrendamientos suspendidos o cancelados que pagaron por cientos de millones de dólares que ya no podrán usar. Eso podría ser un anatema para los activistas climáticos, así como para los conservadores fiscales.
¿Quién apoya la declaración de emergencia?
Actualmente, Biden está recibiendo críticas de los partidarios del enfoque en el Congreso, aunque los activistas climáticos progresistas han estado instando al presidente a desplegar poderes de emergencia contra el calentamiento global por más de un año.
Los representantes del Congreso incluyen al líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y otros demócratas, incluido el senador Ed Markey de Massachusetts, Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York y Jared Huffman de California.
La estrategia también está respaldada por grupos ambientalistas, incluida la Red Amigos de la Tierra, Food and Water Watch y más de 1.000 organizaciones que enviaron una carta a Biden instando esta medida.
¿Cuáles son los riesgos?
Cualquier medida para detener la producción de petróleo y gas podría ser políticamente desastrosa para Biden, cuya Administración trabajan actualmente en reducir los altos precios de los combustibles antes de las elecciones de mitad de período, además de su promesa de impulsar los flujos de energía a los aliados europeos luego de la invasión de Rusia a Ucrania.
Y si bien existe un precedente para el uso de una declaración de emergencia nacional de manera creativa, por ejemplo, el expresidente Donald Trump lo hizo para desviar fondos de construcción militar para construir un muro a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México, el poder no tiene límites. Los esfuerzos seguramente se pondrán a prueba en los tribunales federales que han sido remodelados por la confirmación de los juristas conservadores nominados por Trump. La Corte Suprema acaba de subrayar ese riesgo con su fallo de 6-3 que erosiona la flexibilidad de la Agencia de Protección Ambiental para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas.
“Aunque los tribunales generalmente han dado a los presidentes una amplia libertad en las declaraciones de emergencia”, los grandes pasos para limitar la producción, el transporte y el consumo de combustibles fósiles “podrían ser vulnerables a desafíos legales”, dijo Benjamin Salisbury, director de investigación de Height Capital Markets.
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