“Estudiantes invisibles” y el derecho a la educación superior

En estos días, los puntajes de la prueba PAES copan la agenda en materia educacional. Los resultados estandarizados dan lugar a muchos rankings, entrevistas y comentarios especializados. Una de las conclusiones más previsibles cada año es que las pruebas de selección reproducen las desigualdades educaciones que tiene nuestro sistema. La educación pública está casi ausente en los primeros lugares del ranking, los que son monopolizados por establecimientos privados.

Un sistema que aliente la selectividad sobre la base de pruebas estandarizadas como única vara de medición, obligatoria para todos los postulantes a la educación superior, consolida la discriminación que se produce en todo el ciclo educativo básico y medio.

Cada año, los estudiantes que tienen menores recursos económicos suelen ser los que tienen peor resultado en las pruebas de selección. Se enfrentan a mayores desafíos educacionales en entornos donde resulta más difícil cumplir con los objetivos previstos en los planes y currículos, especialmente en áreas clave como el lenguaje o las matemáticas.

La mayor parte de esos estudiantes deserta del sistema educacional al terminar la educación media y se incorpora al mundo laboral sin haber obtenido ninguna especialización y obtiene en sus trabajos, por lo general, menores ingresos promedio que sus pares generacionales que sí lograron acceder a la educación superior.

Con los años de madurez y con la experiencia salarial que les otorga el mundo del trabajo, advierten la necesidad de continuar sus estudios a nivel superior y obtener un título que les permita mejorar su calidad de vida y aumentar su aporte al país.

Diversos estudios han llegado a la conclusión que se trata de un grupo muy relevante y a la vez invisibilizado dentro del conjunto de estudiantes universitarios. Los estudiantes de pregrado con edades superiores a 30 años son hoy más de 258 mil y representan el 20,3% del total de la matrícula universitaria del país.

Se trata del grupo de mayor crecimiento en los últimos años: en la última década, el número de estudiantes de educación superior en pregrado que tienen entre 30 y 34 años aumentó en 23,8% y entre 35 y 39 años creció 73,3%. Se trata de tasas altísimas, que contrastan con el incremento de apenas 3,3% de los estudiantes de pregrado de entre 20 y 24 años, según datos del Servicio de Información de Educación Superior (SIES), de la Subsecretaría de Educación Superior.

La paradoja es que, pese a ser el grupo que más crece y representar ya un quinto de la matrícula, ni el Estado ni las políticas públicas los consideran de manera específica. Más que cualquier otra población estudiantil, deben persistir solos en el esfuerzo. Por esta razón, los hemos denominado los “estudiantes invisibles”.

Son, en su mayoría, mujeres de entre 35 y 40 años, que deben seguir trabajando mientras estudian y muchas veces tienen hijos pequeños o padres en edad avanzada que deben cuidar. No participan en paros, no tienen mayor vida universitaria en los campus y su principal preocupación estudiantil es cómo pagar la próxima matricula y salir adelante con sus estudios sin perder su fuente laboral

Soy asistente social, fui ministra de Educación y desde siempre me mueve la pasión por cambiar para mejor las vidas de las personas. Bajo este impulso, acepté ser rectora de la Universidad Miguel de Cervantes con el decidido propósito de contribuir a que estos “estudiantes invisibles” puedan cumplir con el derecho a la educación superior que les garantiza la Constitución.

En Chile hay más de cuatro millones de adultos que se desempeñan laboralmente y que no han tenido posibilidad de acceder a la educación profesional. Muchísimas de esas personas están dispuestas a sacrificar tiempo para estudiar, pero un sistema que se centra exclusivamente en pruebas de selectividad obligatorias los deja irremediablemente al margen.

Tres de cada cuatro estudiantes de nuestra universidad, que se caracteriza por atender preferentemente a este grupo, son también trabajadores. Resulta muy estimulante ver el salto en calidad de vida y en oportunidades de nuestros egresados una vez que finalizan sus carreras.

Soy firme partidaria de que el Estado debe cautelar el derecho de todos y todas a la educación universitaria, asegurando la calidad y generando condiciones no discriminatorias para que diversos establecimientos definan autónomamente sus objetivos y sus sistemas de selección.

Para el esforzado grupo de “estudiantes invisibles”, quienes han abandonado la educación formal durante años y buscan después reintegrarse a la universidad en medio de sus obligaciones laborales o parentales, las pruebas de selección con una barrera adicional que los excluye del sistema. Sin rendir la PAES, no tienen derecho a gratuidad ni a CAE. Deben literalmente “rascarse con sus propias uñas”.

Pero en nuestra universidad, y en otras que acogen preferentemente este tipo de estudiantes, nos tomamos muy en serio la responsabilidad de apoyar sus sueños y apoyar su determinación de asistir a clases, estudiar, someterse a evaluaciones y perseverar en su empeño hasta lograr su titulación. Son miles quienes sólo esperan una oportunidad para demostrar su talento y abrirse camino en la sociedad con mayores herramientas.

Quienes creemos en la justicia social, estamos a favor de ofrecer a todos las mismas oportunidades, independiente de su condición. Sin fomentar una sociedad de oportunidades, crecerá la injusticia, el egoísmo y la desigualdad.

Creo en las segundas oportunidades, en especial para aquellos estudiantes no tradicionales, invisibilizados por el sistema sólo porque en su momento no pudieron seguir su trayectoria académica regular.

Visibilizar sus vidas, sus capacidades, esperanzas y necesidades nos ayudará como país a mejorar en equidad y avanzar hacia el futuro gracias al aporte calificado de todos y todas, como lo hacen las naciones que progresan.

*Rectora de la Universidad Miguel de Cervantes y ex ministra de Educación.