Gran parte de las ciudades chilenas están en crisis, y para que esa crisis no se transforme en un desastre, solo nos quedan poco más de 30 meses. ¿por qué?
“Chile vive hoy una aguda crisis”. Con esas palabras inicia el documento del Plan de Emergencia Habitacional (PEH) 2022-2025, lanzado por el MINVU este año y que se sostiene en la ley 21450. Son casi 650.000 familias las que no tienen una vivienda digna, y otras 400.000 viven en “fragilidad habitacional”, o sea que pueden entrar en déficit ante un shock familiar o económico, como fue la pandemia. De otra manera: un 18,5% de la población está en riesgo habitacional real o latente en Chile. El PEH busca entregar 260.000 viviendas adicionales (40% de las 650.000 familias) al 2025. Es decir, en los poco más de 30 meses que le quedan, el gobierno debe implementar una tarea casi imposible, pero que, más allá de los números, podría romper la actual tendencia y revertir la crisis en un horizonte a 10 años.
Por otra parte, las nuevas viviendas deben ir acompañadas de más y mejor equipamiento urbano y de accesibilidad, de lo contrario se generarán nuevas periferias y se exacerbaría la marginalidad y vulnerabilidad en nuestras ciudades.
Adicionalmente, se deben recuperar muchos espacios públicos existentes y equipamiento comunitario abandonado, en particular en conjuntos habitacionales. Será la oportunidad entonces de reducir también el déficit de áreas verdes per cápita, pero que no solo sean funcionales a la recreación sino también a los ecosistemas y el cambio climático.
Así, a lo anterior se debe sumar la crisis climática. Las lluvias del 2022 no han sido suficientes para revertir la escasez hídrica, y de acuerdo con el último censo (2017) son más de 380.000 viviendas las que no tienen agua potable en Chile. La temporada de incendios forestales se ha adelantado y es esperable que muchos de ellos ocurran en la periferia de las ciudades y poblados de la zona centro-norte y centro-sur. La implementación de las diversas medidas institucionales que define la reciente ley 21.455 (Ley Marco de Cambio Climático) son una oportunidad de comenzar a revertir la crisis climática.
Es a nivel local donde los impactos afectan a la población, por lo que la elaboración e implementación de los Planes de Acción Comunal ante el Cambio Climático (art. 12), los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos de Cuencas (art. 13), así como la incorporación del cambio climático en los Planes Reguladores Comunales (art. 43), serán claves. Los planes de acción de cada una de las 346 comunas de Chile deben estar listos en junio 2025: poco más de 30 meses.
En estos y otros ámbitos, hay cuatro aspectos claves para evitar el desastre urbano. El primero, la incorporación de una vez por todas de una planificación y gestión urbana y territorial integrada, en la que se definan el uso e intensidad del suelo urbano y rural en forma coherente con la planificación del transporte (urbano, urbano-rural e interurbano). Aquí, debemos hacer notar la inexcusable diferencia de calidad en infraestructura y servicio entre el transporte urbano del Gran Santiago y otras áreas urbanas de Chile, como por ejemplo el Gran Valparaíso.
Segundo, una cartera de inversión pública y privada coherente con la planificación territorial, y alineada con las Estrategias Regionales de Desarrollo y los Planes de Desarrollo Comunal (Pladecos). Esta inversión puede reducir el desempleo y ser la punta de lanza en la recuperación de barrios donde el estado ha cedido el control a la delincuencia y el narcotráfico.
El tercer aspecto, y que es condición necesaria para los dos anteriores, será el liderazgo de nuestros representantes, la coordinación institucional y el aumento del capital humano que debe implementar todo lo anterior.
El cuarto y último aspecto clave, será lograr una participación ciudadana real en casi todos los procesos antes señalados. Desde hace algunos años, en materia urbana, existe la participación formal, pero de manera no vinculante a través de los Consejos de la Sociedad Civil (Cosocs), así como en los ya mencionados Pladecos, que son instrumentos indicativos. Mientras los Cosocs y Pladecos no sean vinculantes, la opción real está en las actualizaciones de los Planes Reguladores Comunales, pues la participación y consulta ciudadana si están establecidos como mecanismos de control del proceso.
Participar de esta instancia, y con comunidades bien informadas, será la oportunidad de que todos seamos parte de la política grande, de aquella que fijará el rumbo del país por los próximos 30 años, y trascender con ello la crisis de desconfianza en la política chica. Quizás los próximos 30 meses serán poco tiempo para abordar la crisis urbana, pero son suficientes para cambiar la actual deriva de las ciudades donde vivimos, y evitar un desastre urbano del que costará recuperarse. Depende de nosotros.
*Investigador Centro de Acción Climática PUCV, investigador UV, director de RAIZ SpA.
**Investigador asociado Centro de Acción Climática PUCV, académico USM y UV.
