Esta tarde, el canciller Andrés Allamand asistió a la comisión de Relaciones Exteriores del Senado para explicar la posición del gobierno frente al Acuerdo de Escazú, el cual tiene como fecha para su entrada en vigencia el próximo 26 de septiembre con la ratificación de 11 Estados, es decir, en menos de 20 días. Hasta esa fecha tienen los países de la región para ratificar su suscripción y adherir al primer pacto latinoamericano que busca garantizar acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales.

La postura de Chile, hasta ahora, se mantenía con cierta incertidumbre luego de que el gobierno de Sebastián Piñera se negara a firmar en septiembre de 2018 argumentando posibles problemas en la soberanía frente a eventuales conflictos territoriales. Esto pese a haber liderado las negociaciones del pacto junto a Costa Rica e incluso después de que el propio Mandatario hiciera un llamado a los países de la región a sumarse al tratado.

Sin embargo, esta tarde el ministro señaló que la posición del Ejecutivo “no ha cambiado. El acuerdo, en opinión del gobierno y como está planteado, es inconveniente para Chile. Esa es la razón por la que hasta ahora no se ha suscrito”. De todas formas agregó que “estamos agotando, en estos días, el análisis de cuatro aspectos que van al fondo del debate”.

Los cuatro focos a los que hace referencia el canciller y que son la estructura del debate al interior de su cartera son: analizar cuál es el contenido de los cambios que el acuerdo traerá en la legislación ambiental chilena; en segundo lugar, cuál es el alcance interpretativo de algunos principios del tratado; en tercer lugar ver la naturaleza de las obligaciones y compromisos a los que Chile se vería sometido si firma y ratifica el acuerdo; y en cuarto lugar, la contingencia judicial, es decir, la posibilidad de que en virtud de Escazú, el país pudiera ser llevado eventualmente a tribunales internacionales.

Así, el secretario de Estado manifestó que “una decisión de esta naturaleza debe requerir la mejor comprensión de todos los sectores que tienen interés en la materia”, pero agregó que “no quiero que haya ningún margen para una mala interpretación. Yo he dicho que la posición del gobierno no ha cambiado (...) No debe haber espacio para la generación de una falsa expectativa porque los términos son lo suficientemente elocuentes”.

Pese a esto, Allamand aseguró que el gobierno dará a conocer en forma “completa y exhaustiva” el conjunto de los antecedentes que definen su posición. “Se nos pidió que se hiciera un análisis exhaustivo de las consecuencias e implicancias que tiene el tratado y eso es lo que hemos estado haciendo en el último tiempo y particularmente desde que asumí en el cargo de canciller, a eso me comprometí", dijo.

En la ocasión, y tras la intervención del canciller, el senador Ricardo Lagos Weber señaló que “me queda claro que lo que el gobierno va a tratar de hacer, después de dos años de retraso, es explicar por qué razón no suscribió un acuerdo el cual encabezó Chile y que se dejó sin hacer de manera abrupta y con explicaciones que no son ninguna de las que usted señala ahora. En tercer lugar, y lo que es más grave, es que le quita el piso a todo lo que hizo la cancillería y el Ministerio de Medio Ambiente en esa oportunidad a partir de una interpretación que surgió de una manera muy brusca”.

“Yo lo lamento pero le quiero decir que más temprano que tarde Chile va a suscribir y ratificar ese tratado, eso se lo garantizo”, agregó.

La directora de Espacio Público y representante del Público para el convenio de Escazú, Andrea Sanhueza, manifestó tras la intervención del canciller que “durante todo este tiempo habían dicho que el gobierno estaba estudiando y ahora el ministro sale diciendo que se trata de un acuerdo que no le conviene a Chile, como una decisión tomada, para luego decir que están terminando de hacer un análisis. Me parece que esto habla de falta de voluntad política y de revestir esta falta de voluntad con excusas técnicas respecto del contenido del convenio”.

Por su parte, el director ejecutivo de Fima, Ezio Costa, agregó que “los intereses del país no pueden ser diferentes que los intereses de sus habitantes. Tener más y mejor información, participación y justicia es esencialmente un interés para el país y sus habitantes.”

Rodrigo Catalán, director de Conservación de WWF Chile, señaló, en tanto, que “creemos que la región necesita mecanismos sólidos para asegurar y promover el acceso a la información y a la justicia ambiental, así como una participación efectiva. Chile no está ajeno a estas necesidades y tenemos una gran oportunidad como país, ya que Escazú es un acuerdo por la paz, que permite proteger de mejor forma a los defensores ambientales, reconociendo y fortaleciendo su labor. Asimismo, refuerza el rol del Estado como garante y protector de los derechos de las comunidades y las personas en el ámbito ambiental por tanto esperamos que el gobierno reconsidere estos aspectos y se suscriba el acuerdo”.

Al comienzo de su intervención en la comisión, el ministro se refirió a los plazos con los que cuenta el acuerdo. "Es bien importante decir que el plazo para ser suscriptor inicial del acuerdo vence próximamente, el 26 de septiembre. Es muy importante dejar constancia que este no es un plazo fatal desde el punto de vista de las consecuencias ni cosas que se le parezcan. Los países pueden adherir posteriormente”.

Lo que ocurre es que el pacto necesita la ratificación de once países de la región para que entre en vigencia. De todas formas, los Estados podrán suscribirlo de manera posterior. Hasta ahora hay nueve países que han cumplido con ese paso, pero otros cinco se encuentran en esa vía: Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú y México.

Chile se encuentra dentro del grupo de 12 países que no han suscrito junto a Venezuela, El Salvador, Cuba, Honduras, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Suriname y Trinidad y Tobago.