“La internet no olvida, excepto en Europa”. Muchos podrían pensar esto después del reciente fallo a favor de Google por la Corte Europea, donde confirma que el derecho al olvido sólo puede darse en sus países miembros. Sin embargo, no es un tema blanco y negro y lo que se conoce como “derecho al olvido” en Europa también existe en Chile, pero bajo otra forma.
Se pensaba que en nuestro país, “no se reconocía el derecho al olvido, porque se señalaba que no estaba concentrado en la legislación. Pero hoy esto no es nuevo, sino que es el mismo derecho a suprimir los datos”, explica Jessica Matus, creadora de la Fundación Datos Protegidos.
En 2018 el Senado aprobó convertir el Derecho a la Protección de Datos Personales en un derecho constitucional, modificando el N. 4 del artículo 9 de esta ley. Amparado en este derecho, un ciudadano común cuya información privada aparezca en los motores de búsqueda puede dirigirse a la administración del sitio web que la emitió y pedir su desindexación, o supresión.
Matus trae a colación el sitio web conocido como Rutificador, donde basta introducir el nombre completo de alguien para que nos dé su información personal como número de RUT. La abogada afirma que este sitio no cuenta con un argumento legal para esta actividad. “Pero el punto es que cuando tu vas al sitio, no hay ningún correo, ni forma de acceder al administrador del sitio web”.
Este es un problema recurrente, comenta, ya que muchos sitios web no muestran una dirección de correo a la cual recurrir para usuarios que quieran desindexar su información.
Incluso es posible hacerle esta solicitud a Google. Esto es lo que hizo el ahora fiscal Jorge Abbott en 2012, cuando se dio cuenta de que su nombre aparecía automáticamente sugerido junto al adjetivo “corrupto” en el motor de búsqueda. Como Google se negó, Abbott presentó un recurso de protección a la Corte de Apelaciones, la cual terminó por darle la razón. Este fue el primer caso contra Google en Chile.
El procedimiento de Abbot es el mismo al que debe someterse cualquiera que quiere desindexar su información de los motores de búsqueda, pero que no ha podido a causa de la negativa del sitio web o empresa en cuestión. Este proceso judicial dura seis meses normalmente, a menos que la contraparte presente una apelación, la cual le sumaría seis meses más al proceso.
Al contar con una Ley de Datos Personales, los países de la Unión Europea cuentan con Agencias de Protección de Datos a los cuales los ciudadanos pueden acudir sin tener que optar por la vía judicial. En el caso de la Agencia Española de Protección de Datos, por ejemplo, este proceso puede durar tres meses.
Borrar tu huella y el derecho al olvido
Desindexación se refiere a eliminar el nombre de la persona implicada de los resultados en motores de búsqueda. En el caso de medios de comunicación, por ejemplo, las noticias donde aparezca el nombre o información desindexados, todavía estará disponible en sus bases de datos, pero no aparecerán en los resultados de búsqueda de Google, por ejemplo.
Matus agrega que en Europa, los medios deben agregar notas de aclaración a noticias antiguas de individuos que hayan sido imputados pero que después de publicadas fueron declarados inocentes.
Desindexar, sin embargo, no es lo mismo que eliminar de internet. Acerca de esta posibilidad, José Miguel Piquer, académico del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, dice concluyentemente que no existe la posibilidad de borrar todo sobre un asunto específico en Internet.
“Técnicamente no es posible eliminar los datos de una persona de Internet para siempre. Basta que alguien haya guardado una copia en un pendrive y lo vuelva a publicar años después. Lo que haría Google es que evitaría encontrarlo, pero son parches. Yo creo que lo que uno publica en Internet, y las huellas que uno deja, son indelebles”, señala José Miguel Piquer, académico de la Universidad de Chile y responsable de la primera página web publicada en Chile.
La situación en Europa
En 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que buscadores de Internet como Google, debían eliminar los enlaces e informaciones publicadas en el pasado si eran consideradas “ofensivas” para alguna persona. El fallo además, obligó a ofrecer resultados diferenciados para Europa y el resto del mundo.
¿La contienda? “El derecho al olvido”, aquel que le da poder a los ciudadanos de la Unión Europea de solicitar a una organización, ya sea oralmente o por escrito, la eliminación de datos sensibles o privados sobre ellos.
La medida inédita, llevó a más de 70 mil personas en Europa a pedir que se retirarán enlaces que los afectaban. Google, señaló en ese momento que cada petición sería analizada de forma individual.
La disputa, sin embargo, no quedó ahí. En septiembre, nuevamente Google se enfrentó a otra importante decisión sobre la privacidad. En este caso, debía responder ante un regulador francés de protección de datos, y la posibilidad de que el derecho al olvido se pudiera aplicar exclusivamente en Europa o tuviera un alcance global.
¿El veredicto? La Corte Europea de Justicia le dio la razón a Google, después un tira y afloja legal de tres años contra la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) de Francia. Con ello limitó además el derecho al olvido a la UE.
Sin embargo, es cuestión de que un ciudadano europeo con una Red Privada Virtual o VPN (en inglés Virtual Private Network) que oculte su proveniencia escriba google.com en lugar de .de (Alemania) o .fr (Francia) para encontrarse con datos “olvidados” en los resultados. Es en este contexto que, en 2015, la CNIL ordenó a Google remover a nivel mundial datos sensibles sobre a una persona afectada. Google se rehusó, y escaló la contienda hasta la Corte Europea, la cual ayer emitió su veredicto.
Google ha recibido 845.501 peticiones para “derecho al olvido” en los últimos cinco años, de los que la empresa ha eliminado un 45% de los 3,3 millones de links solicitados en dichas peticiones.
