Instituto Nacional: el chivo expiatorio para matar la educación pública
Lo ocurrido el miércoles pasado en el Instituto Nacional, cuando Fuerzas Especiales de Carabineros irrumpió en el establecimiento, mientras dictaban clases, buscando a un estudiante que justamente se enfrentaba con éstos, fue la gota que rebalsó el vaso tanto para el gobierno como para la comunidad institutana y civil.
En los distintos videos exhibidos, se ve claramente cómo los estudiantes apenas pueden respirar en las aulas por los gases que Carabineros lanzaron deliberadamente y cómo se llevan detenido a un joven por usar gorro dentro colegio. Lo terrible de esta situación es que no es una excepción, sino una realidad que está viviendo el colegio público más importante del país durante los últimos meses de manera brutal.
De hecho, distintas organizaciones han condenado fuertemente el uso de la violencia y la criminalización que han sufrido los estudiantes del Instituto Nacional y defendido el legado del colegio.
El Fondo Nacional de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), señaló que "los establecimientos educativos deben ser espacios en los que se proteja la integridad y la dignidad de los estudiantes, de manera que éstos puedan hacer ejercicio efectivo de su derecho a la educación" y agregó que "la violencia nunca debe ser utilizada como un método para solucionar conflictos o expresar demandas, ya que ello favorece la reproducción del espiral de violencia que daña a toda la comunidad (…). Es importante tener presente que la forma en cómo reaccionan los adultos es un ejemplo del cual los estudiantes aprenden y reproducen".
Del mismo modo, Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez, dijo que pidió que "se realicen las investigaciones internas por el proceder (…) de Fuerzas Especiales de Carabineros, quienes ingresando legítimamente al establecimiento, en virtud de la comisión del delito flagrante, irrumpieron en pleno desarrollo de clases al interior de algunas salas y lanzado bombas lacrimógenas al interior del recinto sin dar cumplimiento a las exigencias que sus propios protocolos establecen para su uso".
Cabe destacar que el Instituto Nacional no es cualquier colegio. No es sólo el primer establecimiento educacional creado en la historia del país en 1813, sino que también el primer colegio público y gratuito de Chile. Durante sus más de 200 años de existencia ha visto pasar por sus pasillos a los más diversos estudiantes, entre los que destacan 18 presidentes de la República más uno de Perú y 34 premios nacionales que van desde las ciencias exactas hasta la música.
De acuerdo a la cuenta pública 2018, en el Instituto Nacional estudian 4.232 estudiantes que van desde séptimo a cuarto medio, de los cuales 54 son extranjeros y 555 egresaron en diciembre para rendir la PSU, donde obtuvieron seis puntajes nacionales, cumpliendo así con una larga tradición de éxito en el ingreso a la universidad. Y demostrando también, que la educación gratuita y de calidad funciona y es cuna de grandes personajes de la historia de Chile, cuando hay rigor y esfuerzo de parte de los estudiantes, los profesores y los apoderados.
Sin embargo, al parecer, esto no es suficiente para que el gobierno de Sebastián Piñera ni para que el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, crean que el Instituto Nacional es un buen colegio que merece la pena ser mejorado y conservado, sobre todo mientras los demás establecimientos del país no cuenten con la misma calidad ni se equipare la brecha educacional.
En vez de aquello, y dialogar con los estudiantes, que están peleando y luchando por una mejora de toda la educación pública, demandando peticiones que vienen incluso desde el 2011, las autoridades han preferido enfrentarse a los estudiantes, poniéndoles de manera permanente un contingente policial fuera del colegio desde hace un mes y humillarlos al convivir con la revisión de sus mochilas antes de entrar a éste.
Obviamente, estas medidas son mucho más fáciles que preguntarse de dónde viene tanta violencia y ver que el problema de fondo es la profunda crisis de la educación chilena, la cual es causada por la grosera diferencia entre los recursos y la calidad que reciben los estudiantes y por la precariedad y abandono en la que se encuentra la educación pública.
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