Hoy, la sociedad avanza hacia una economía descarbonizada y sostenible, donde el sector financiero no puede quedarse atrás de esta importante tendencia, ya sea porque, como veremos más adelante, la regulación avanza en esta dirección, o porque se vislumbran nuevas oportunidades de negocios de la mano de nuevas tecnologías con menor huella de carbono.

Las razones que pueden motivar a los diferentes sectores a avanzar en estos nuevos criterios son variadas, pero el objetivo es el mismo: lograr una descarbonización de nuestra economía, la cual es liderada por los gases de efecto invernadero provenientes del sector energético que representa, a nivel global, un 72% de las emisiones, mientras que, en el contexto nacional, corresponde a un 78% del total de emisiones. Cifras desafiantes, que están dadas principalmente como producto de la generación de energía de calor y térmica, movilidad ligada al transporte terrestre, manufactura y construcción.

Conscientes de esta realidad, las políticas públicas están orientándose, cada vez más, al desarrollo de regulaciones destinadas a disminuir la huella de carbono de estas actividades. Es así que, a nivel nacional, podemos destacar acciones, tales como la fijación de cuotas en generación de energías renovables no convencionales (ERNC); la ley de cambio climático que, entre otros, establecerá límites de emisión de Co2 a nivel sectorial; el impuesto a las emisiones de CO2, que bien diseñado podría servir para los fines para los cuales fue creado; la posibilidad que en las licitaciones de las distribuidoras se pueda ofertar por bloques horarios, permitiendo una activa participación de las energías solares y eólicas, entre otras acciones.

Por otra parte, los riesgos regulatorios darán como resultado que múltiples tecnologías quedarán obsoletas, pensemos en proyectos de generación de energía a partir del carbón o diésel. Es impensable hoy financiar este tipo de proyectos. Esto se traduce en que las energías renovables, a nivel global, fueron la únicas que crecieron durante el 2020 pese a la pandemia, expandiéndose en un 45%, mientras que el consumo de todos los combustibles decreció considerablemente.

Los desafíos – y riesgos – en esta transición son enormes y básicamente consisten en desarrollar modelos de negocios, tanto para el sector productivo como el financiero, que se enmarquen dentro de una economía baja en carbono. Situación que hoy, no siempre se encuentra en el ADN de muchas compañías. Lo anterior, requerirá repensar y reemplazar su funcionamiento con nuevos productos y servicios, antes que sea demasiado tarde.

Del mismo modo, somos un país privilegiado en recursos naturales que nos pueden servir para el desarrollo de nuevos negocios amparados en este nuevo paradigma. Por ejemplo, un vehículo eléctrico requiere seis veces más cantidad de minerales que un automóvil de combustión interna (cuatro veces más cobre). En el caso de las baterías de almacenamiento, un elemento fundamental para el despegue definitivo de las ERNC, éstas requieren de minerales, tales como el litio y cobalto, ambos muy abundantes en nuestro país. Las redes de distribución, componentes importantes para que la energía pueda llegar desde sus puntos de generación a nuestros hogares, requieren de enormes cantidades de cobre y aluminio.

Pese a lo que muchos pudieran pensar, el cambio de modelo hacia una generación más limpia, no sólo amplía la demanda por estos minerales, sino que también abre oportunidades de crecimiento económico para el país, ofreciendo nuevos desarrollos tecnológicos sostenibles, diversificación de portafolios de proyectos I+D y de electromovilidad, los cuales tendrán como protagonistas a nuestros recursos naturales. Hoy, Chile vive un momento estratégico en la consolidación de una hoja de ruta sostenible, donde sólo las empresas realmente dispuestas a incorporar estos activos podrán sobrevivir en esta nueva economía del futuro. No hacerlo es un despropósito, una torpeza y ponerle fecha de vencimiento a sus propias compañías.

*Master of Law in Environmental Laws – Vermont Law School. Presidente de la Asociación Chilena de Derecho Ambiental