Poco más de dos semanas han pasado desde que el gobierno, argumentando poca conveniencia para el país, confirmó que no firmaría el Acuerdo de Escazú. En un documento de 12 páginas, en el que se esgrimen cuatro argumentos principales, los ministros Andrés Allamand (RR.EE.) y Carolina Schmidt (Medio Ambiente) explicaron a un grupo de parlamentarios en qué se basó la determinación del Ejecutivo y el análisis que zanjó la decisión.
Pero esa decisión ha sido ampliamente refutada. Expertas en derecho internacional y medioambiental han sostenido, por ejemplo, que el supuesto riesgo que genera el pacto -al que ha apuntado el gobierno- no es tal y que por el contrario, Escazú no habla de soberanía sino de cooperación. Lo que busca el acuerdo, indican tal como lo dice su texto, es dar garantías de participación, acceso a la información y justicia en asuntos ambientales. Y eso es justamente lo que han señalado los organismos que defienden su suscripción.
La misma visión la comparte Jonas Ebbesson, presidente desde 2011 del Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus, el tratado “hermano” de Escazú en Europa, la región del Cáucaso y parte de Asia. Ebbenson es director del Centro de Política y Derecho Ambiental de la Universidad de Estocolmo, Suecia, y participó en 2014, de hecho, en una de las reuniones de negociación del Acuerdo de Escazú en Santiago.
Según explica, existen muchos puntos en común entre ambos tratados: ambos establecen estándares mínimos de acceso a la información, participación en la toma de decisión y acceso a la justicia, y también establecen principios generales. Pero también, agrega, hay diferencias. “El Acuerdo de Escazú tiene disposiciones más estrictas sobre la garantía de los derechos de los pueblos indígenas y es más elaborado sobre la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales”, señala. Sobre esto mismo agrega: “si los defensores de los derechos humanos están mejor protegidos, eso sin duda ayudará a proteger el medio ambiente”.
El Convenio de Aarhus es un tratado internacional que fue firmado en 1998 y entró en vigor en 2001, en el que se obliga a casi 50 partes a garantizar y cumplir con ciertos principios “destinados a contribuir al derecho de toda persona a vivir en un ambiente adecuado para la salud y el bienestar”, dice Ebbesson.
Para este profesor en derecho ambiental este tipo de tratado ayuda de muchas maneras. “La participación pública ayuda a mejorar la calidad de las decisiones y a mejorar la implementación de la legislación ambiental existente”, dice. Además -agrega- “hace que la toma de decisiones sea más legítima y más justa si los ciudadanos han podido participar y exponer sus opiniones sobre una actividad, instalación, plan o política concreta con repercusiones ambientales. Eso puede promover la confianza en la administración pública”.
- ¿Cómo ayudó este convenio a Europa y Asia?
La Convención de Aarhus ha sido fundamental para impulsar a los Estados y a la Unión Europea a introducir nueva legislación sobre derechos de participación, incluido el acceso a la información y el acceso a la justicia. También ha impedido que algunos Estados reduzcan el alcance de los derechos de participación. Además de afectar a los gobiernos y parlamentos, los tribunales nacionales han desarrollado jurisprudencia nacional a la luz de la Convención. Por lo tanto, la Convención de Aarhus también ha promovido los derechos humanos establecidos y los ha desarrollado en relación con el medio ambiente. Además, y lo más importante, las partes de la Convención de Aarhus han establecido un Comité de Cumplimiento (del que actualmente soy el presidente), para examinar y revisar si las partes cumplen con sus obligaciones. El comité promueve el desarrollo de capacidades y asesora a las partes sobre cómo lograr el cumplimiento.
- Después de su implementación en Europa, ¿ha surgido algún conflicto entre los países signatarios que haya tenido que ser resuelto por tribunales internacionales?
No, no se ha llevado ni un solo caso a tribunales internacionales en relación con la Convención de Aarhus. Creo que la Convención y en particular el Comité de Cumplimiento reducen el riesgo de disputas interestatales en los tribunales. Es posible que las partes de la Convención presenten casos sobre el cumplimiento de otra parte ante el Comité de Cumplimiento. Hasta ahora, solo hemos tenido dos casos de este tipo, uno de los cuales aún está pendiente. La Convención prevé la posibilidad de que las partes tengan casos resueltos por la Corte Internacional de Justicia o mediante arbitraje, pero nunca hemos visto ningún caso de ese tipo. El proceso ante el Comité de Cumplimiento debe verse como un medio para evitar controversias en lugar de resolverlas.
- Teniendo en cuenta la experiencia europea, ¿Cómo este tratado podría impactar en América Latina, considerando la gran cantidad de conflictos socioambientales en la región?
Creo que puede ser importante de muchas formas. Tanto Europa como América Latina tienen conflictos socioambientales, pero en muchos sentidos son diferentes. Creo que si el Acuerdo de Escazú es implementado efectivamente por los Estados y con un mecanismo efectivo de implementación y cumplimiento, puede ser muy útil para contribuir a que muchos de los conflictos sean manejados pacíficamente. Garantizando el acceso a la justicia y la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos en materia ambiental, los conflictos existentes podrán ser tratados de manera más ordenada, justa y transparente. El hecho de que el Acuerdo de Escazú sea un marco legal internacional, y no solo una iniciativa nacional, también puede ayudar a mejorar su implementación en la región y a generar mayor confianza entre los gobiernos. Vimos eso cuando se negoció la Convención de Aarhus y también después de su adopción.
- El gobierno chileno se negó recientemente a firmar el Acuerdo de Escazú a pesar de haberlo promovido en el pasado. ¿Qué opina de esta decisión?
Creo que es una decisión muy desafortunada posiblemente basada en un malentendido de lo que puede lograr el Acuerdo de Escazú. Chile fue uno de los países líderes en la negociación del acuerdo, por lo que espero que reconsidere su decisión. Sería bueno que Chile fuera parte del acuerdo por lo que se puede lograr en materia ambiental. Además, es bueno que un país sea haga parte en una etapa temprana cuando las partes del tratado toman decisiones institucionales importantes.
- El gobierno presentó una serie de argumentos, entre ellos que el acuerdo “no es conveniente para Chile” y que pone en riesgo al país de ser llevado a tribunales internacionales.
No estoy de acuerdo y no entiendo ese argumento. Por supuesto, no se puede excluir que los gobiernos lleven casos a tribunales internacionales en el futuro y, a veces, es bueno que las disputas se resuelvan en los tribunales. La alternativa podría ser peor y menos pacífica. Sin embargo, en este caso específico, no veo por qué el Acuerdo de Escazú implicaría un mayor riesgo de ser llevado a tribunales. En todo caso, creo que con un respaldo institucional adecuado, y un mecanismo de implementación y cumplimiento efectivo, como el que tenemos para la Convención de Aarhus, el Acuerdo de Escazú puede ayudar a evitar disputas internacionales.
