¿Karla Rubilar en su propio zapato chino?

Durante sus vacaciones de invierno, Rodrigo Pérez, presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, hizo una pregunta a través de su cuenta personal de Instagram: "panoramas antes de volver a la guerra (8/jul)", a lo que uno de sus seguidores respondió: "matar a Alessandri".

Esta interacción en la red social entre Pérez y sus seguidores alarmó a la intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, quien al parecer no entendió que se trataba de la respuesta de un tercero y acusó a Pérez de amenazar de muerte al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri.

"Gravísimo que el presidente del Centro de Alumnos del IN realice amenaza de muerte a @AlessandriFelip en sus RRSS. Hemos informado el hecho a @Carabdechile porque estas actitudes son inaceptables, especialmente de quienes representan a miles de estudiantes", señaló Rubilar.

Es más, la intendenta de Santiago presentó una querella contra Pérez por la supuesta amenaza de muerte contra Alessandri, a lo que el presidente del Instituto Nacional respondió por Twitter, replicando que "quien iniciará acciones legales seré yo contra @KarlaEnAcción por injurias y calumnias. ¡Antes de amenazar que la intendenta aprenda a ocupar Instagram! Yo no he declarado nada en esa historia y lo que se ve es una respuesta de otra persona. Patéticas las estrategias de la derecha".

Al parecer no sólo quienes saben ocupar Instagram le encontraron razón a Pérez, ya que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, rechazó la querella presentada por Rubilar, al declararla inadmisible, y por si eso fuera poco, resolvió que se trataba de la "exposición pública de un menor de edad", por lo que derivó los antecedentes de la causa a la Defensoría de la Niñez. Esto, porque cuando Rubilar dio a conocer la supuesta amenaza de Pérez en Twitter mostró el rostro del presidente del Instituto Nacional, lo que está prohibido por ley.

Sin embargo, Rubilar no se dio por vencida y aseguró que acudirá a la Corte de Apelaciones para que sea admisible la querella contra el dirigente estudiantil. Y es aquí donde se inicia el conflicto mayor, a mí parecer, de este problema. Lo primero que se debe aclarar es que ninguna persona puede querellarse a nombre de otra víctima, es decir, en este caso eso sólo puede hacerlo directamente Alessandri.

Ahora, Rubilar, como representante de la Intendencia de la Región Metropolitana, la cual está bajo el alero del Ministerio de Interior y resguardar la seguridad pública, puede querellarse bajo tres situaciones: 1) delitos de alta connotación pública; 2) terrorista; y por la 3) facultad de la ley.

Estos tres motivos fueron desestimados por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, ya que un delito de connotación pública sería, por ejemplo, el caso del profesor Nibaldo Villegas o el de Daniel Zamudio y no la respuesta de un seguidor de Pérez en una red social; menos cabe la de terrorismo, porque no hay ninguna organización armada para infundir terror; y, la de la facultad de la ley se emplea, por ejemplo, cuando en un matrimonio ocurre un femicidio el SernamEG puede querellarse.

Pero nada de esto aplica en la interacción entre el presidente del Instituto Nacional y sus seguidores en la red social de Instagram. De hecho, según el diario La Tercera, el juez Daniel Urrutia afirmó que "estos hechos, de ser efectivos, no han alterado el orden público de ningún modo, no han turbado actividad alguna ni tampoco es posible afirmar que estos hechos causen a toda la población o parte de ella el temor de ser víctimas de dichos en las redes sociales".

Por consiguiente, sólo queda preguntarse ¿la intendenta desconocía los motivos por los cuales la institución que dirige puede querellarse o es que podría haber otras intenciones en su accionar? Creo que cualquiera de las respuestas es igual de grave. La primera porque demostraría ignorancia de los protocolos que debe conocer relativos a su cargo, y, la segunda, porque de ser cierta podría interpretarse una mala intención al procurar dañar a un menor de edad que se ha visto expuesto el último tiempo por liderar la defensa de uno de los liceos públicos más importante del país.