Cuando los fenómenos asociados al cambio climático se hacen cada vez más frecuentes en nuestras costas, nueva propuesta de ley del Ejecutivo que busca facilitar los trámites para el otorgamiento de concesiones marítimas representa un grave peligro para la seguridad de las personas, los ecosistemas y la infraestructura.
Las playas, junto a ecosistemas como dunas y humedales, constituyen una primera línea de resistencia frente a fenómenos como los tsunamis y las marejadas. En este último caso, por ejemplo, el cambio climático ha ocasionado que hoy contemos con un promedio de 45 marejadas al año, con olas que pueden alcanzar hasta 11 metros de altura. Nuestras investigaciones constatan que desde 2015 éstas se han vuelto más frecuentes y persistentes en nuestra costa. Esto también incide en un problema que hasta hace una década no era considerado relevante: la erosión costera y el retroceso de playas.
Actualmente el 86% de playas entre Arica y Puerto Montt presentan retrocesos de más de un metro al año, con tasas que se están duplicando anualmente y llegando a sobrepasar los cinco metros de pérdida en reconocidas playas del litoral central, como Algarrobo y Santo Domingo. ¿El resultado? Una mayor exposición al riesgo de desastre en la costa, debido a la menor capacidad de los ecosistemas para mitigar los efectos adversos del cambio climático.
Por ello la preocupación que hemos expresado desde el mundo académico y científico respecto de la propuesta sobre Administración del Borde Costero y Concesiones Marítimas (Boletín 8467-12) impulsada por el Gobierno en el acuerdo por el Pacto Fiscal para el Desarrollo, la cual busca abordar el problema de la llamada “permisología”, acelerando los trámites para el otorgamiento de nuevas concesiones en la zona costera.
A pesar de su título, vemos que esta propuesta, que actualmente se discute en la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado, no representa una ley sobre administración costera, sino que más bien se trata de un reglamento de concesiones que se eleva al rango de ley. El grave problema es que, debido a la alta fragilidad y la degradación que experimentan nuestra costa, lo que el país requiere para hacer frente a esta nueva realidad climática es una política pública robusta, que pueda generar un ordenamiento territorial específico y reconozca a la costa como un territorio singular, no aumentar la infraestructura o la urbanización en zonas de alto riesgo e incubar como hasta ahora recurrentes desastres.
Debemos considerar que actualmente muchas áreas metropolitanas se concentran en la zona costera, con el peligro que esto representa para la vida humana ante los fenómenos que estamos señalando. A nivel global, incluyendo a nuestro país, se estima que el 60% de la población vive a menos de 60 kilómetros de la costa. Como resultado vemos también que los desastres -que no son naturales, sino que obedecen a condiciones de exposición y vulnerabilidad- se han incrementado en nuestro país y en todo el mundo.
En la última década, Chile ha enfrentado 13 procesos de reconstrucción, sin considerar en esta cifra los últimos mega incendios de Viña del Mar y de otras regiones del país, otro ejemplo que demuestra cómo el peligro está dado por nuestras formas de ocupación.
Una lección que también se aplica a la costa afectada por eventos climáticos extremos, demostrando de paso que las decisiones legislativas que se toman tienen gran impacto en el desarrollo humano y en la integridad de las personas, más aún en el caso de ecosistemas expuestos y vulnerables, como es el caso de los ecosistemas marino costeros, degradados por un alto extractivismo que está acelerando la erosión costera y el impacto de los fenómenos asociados al cambio climático.
Por ello es tan peligroso reducir los problemas de nuestra zona costera a un asunto de permisología para concesiones marítimas, donde no solo se ignora la complejidad de los territorios, también se ignora la robusta evidencia científica que hemos generado y otros investigadores del país han generado a la fecha, a favor de la urgente necesidad de una Ley de Costas en Chile.
Como parte de este trabajo durante los últimos años, hemos revisado las políticas costeras en 15 países OCDE, con los que nuestro país se suele comparar, los cuales representan en su conjunto el 41% del PIB mundial. En ninguna de sus políticas costeras las concesiones marítimas son un tema central, sino que más bien se van tramitando con procedimientos internos, siempre y cuando no arriesguen el bien común. Queda fuera de toda posibilidad la infraestructura crítica susceptible de verse afectada, como hospitales, hoteles y escuelas, entre otras.
Como país no nos hemos hecho cargo de la protección de nuestra zona costera y tenemos una deuda que ya se arrastra por más de cien años. Los planes de adaptación tampoco son suficientes, ya que no tienen fuerza legal para regular los usos en la costa, reconocer el dominio público y establecer los marcos regulatorios profundos que se requieren. Tenemos ahora una oportunidad de revertir esta situación como país de la OCDE, esperamos que tanto el ejecutivo y el parlamento tomen las decisiones correctas.
*Geógrafa en @geografiaUC, investigadora CIGIDEN y Milenio SECOS
