Mayor calidad, acceso y capacidad de elección, con menores costos para el sistema y el bolsillo del usuario. En resumen, estos podrían ser algunos de los beneficios de un modelo sanitario que incorpore tecnología en todos los niveles y ponga en el centro de su funcionamiento al paciente.

La tendencia en la salud mundial, reportes internacionales y recomendaciones de organismos globales, entre ellos Naciones Unidas, así lo indican.

Chile, lamentablemente, ha avanzado muy lentamente en la última década en esta materia. La discusión del proyecto de Ley de fijación de precios de exámenes y procedimientos clínicos, actualmente en primer trámite constitucional en el Senado, es una muestra de ello.

Los argumentos para impulsar esta iniciativa legal, que apunta a regular vía ley el precio de servicios sanitarios se sustenta entre otros a que: no existen mecanismos para comparar precios y que los resultados quedan alojados en la institución que los realizó y eso atrapa al paciente a ese prestador.

Ambos argumentos son, efectivamente, ciertos.

Muchas instituciones sacan partido de esta absoluta “ceguera” por parte de los pacientes, quienes -en teoría- deben ser el centro del proceso. El registro de sus atenciones, exámenes y otros quedan en el lugar donde se fueron realizados, salvo que él lo solicite. Lo anterior reduce su capacidad de moverse entre prestadores, buscando mejores precios. De hecho, esto también dificulta el derecho que le asiste en la ley de derechos y deberes del paciente.

Los prestadores –por qué no decirlo fuerte y claro–, han profitado históricamente de esta situación, usándola como una estrategia comercial de retención que apela a la supuesta comodidad del paciente. Ayudarlo a no “vagar” con sus resultados entre servicios de salud: “Me atiendo ahí porque en ese lugar está todo mi historial clínico”, hemos escuchado muchas veces. Aunque en apariencia puede ser beneficioso, tiene enormes costos para el paciente.

La ausencia de un registro clínico compartido, de acceso para el propio paciente y su equipo de salud, no solo hace tremendamente compleja la movilidad del usuario entre los centros de atención, sino que genera grandes costos (para el sistema y los ciudadanos) en términos de duplicidad de exámenes y procedimientos. Incluso abre la puerta al uso fraudulento de ordenen, recetas y licencias médicas, al verse el especialista sin información de lo que ha ocurrido con ese paciente en otro centro asistencial

Ambos argumentos sostenidos en la discusión de la Ley –la cautividad del paciente y la falta de conocimiento de la oferta– tienen solución impulsando el uso de tecnologías de información. Chile está perdiendo una gran oportunidad al no considerar la “interoperabilidad” como un recurso dentro del diseño de sus políticas públicas. De hecho, hasta hace poco se trabajaba en una propuesta de historia clínica compartida que finalmente se abortó.

Interoperabilidad puede parecer una palabra difícil, pero la capacidad de compartir datos entre los distintos niveles e instituciones gracias a la tecnología, es algo posible y que debería marcar la salud de las próximas décadas. Aunque ya vemos esta integración en otras industrias, las sensibilidades del sector salud han hecho menos fluido de lo esperado esta transición. Urgen señales claras por parte de los tomadores de decisiones. Y ésta no es una de ellas.

Por el contrario, la discusión de la ley de fijación de precios es sintomática: en vez de resolver el problema que genera la disparidad de precios, se opta por establecer una ley que regula los mismos. En este escenario, la libertad del paciente queda una vez más postergada, al igual que las oportunidades potenciales que nos ofrece la tecnología en el diseño de políticas públicas en salud.

La experiencia de países como Nueva Zelanda, Corea del Sur y Estados Unidos, y Uruguay y Costa Rica en América Latina -además de la contribución de herramientas tecnológicas en el manejo de datos durante la pandemia, e incluso algunos contados casos de éxito a nivel local– nos indican un camino a seguir. Por estos días, el Minsal trabaja en el diseño de una Estrategia Nacional de Salud para la próxima década, y este debe ser sin duda un ámbito prioritario. De una vez por todas, si la preocupación es el paciente, compartir los datos tiene que dejar de ser un problema.

* Directora Ejecutiva del Centro Nacional de Sistemas de Información en Salud (CENS)