Linchamiento: los factores detrás de la desconcertante violencia social

En 2017, el estudio “Conflicto social: los motivos de la justificación de la violencia en Chile”, del Centro de Estudios de Conflictos y Cohesión Social, reveló que un 76% de las personas justificaba las golpizas y detenciones ciudadanas.

La práctica se había vuelto cada vez más frecuente desde los 2000. Hacía referencia a cuando en espacios públicos ciudadanos agredían, insultaban, golpeaban e incluso cometían vejaciones a delincuentes sin mediar la policía. La expresión más cruda de “tomar la justicia en sus propias manos”.

La alta aprobación que el estudio reflejaba, era preocupante. Las expresiones podían volverse mucho más extremas. Lamentablemente, así ocurrió. Esta semana un joven de 22 años que huía de un asalto murió a manos de vecinos. Fue confundido con un delincuente.

Los hechos resultan desconcertantes. ¿Cómo entender el fenómeno? Como primer aspecto, no tiene nada que ver lo que se ha intentado mencionar como “justicia social o ciudadana”, explica Alejandra Luneke, profesora del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado e investigadora del Instituto Milenio de Investigación sobre Violencia y Democracia.

Técnicamente se llama “linchamiento social”. Y es un tipo de violencia colectiva, dice la investigadora. “Una manifestación de lo que los estudios han denominado vigilantismo y que refiere al ejercicio del control y vigilancia del hogar y de los barrios ejercido por dos o mas personas en miras de protegerse y defenderse”.

Cuándo se pregunta a los sujetos que han participado en esos hechos la motivación, la principal causa a la que refieren es la desprotección en que se encuentran. Luneke indica que la desconfianza y mala evaluación de la policía y del sistema de justicia criminal en general, están a la base del fenómeno.

Desde 2010 en adelante, Naciones Unidas ha registrado un alza de esa violencia en Latino América. “Ello tiene directa relación con la crisis que enfrenta la región en materia de amenazas y riesgos criminales, principalmente vinculada al tráfico de drogas y armas. En ello, la debilidad institucional del Estado en materia de seguridad tiene un rol central”, apunta.

Las expresiones de ese vigilantismo, en el cual individuos que no son las encargados de la seguridad ciudadana ni de la justicia hacen represión de delitos a presuntos delincuentes, Luneke explica tiene detrás a la crisis de confianza y la mala evaluación ciudadana sobre el sistema de justicia criminal (policía, Ministerio Público, jueces, cárceles, etc.), “que es muy alta”.

Las quejas son múltiples. Según datos de estudios que Luneke ha realizado, vecinos dan cuenta que la policía no llega cuando se la llama. A su vez, que los municipios solo tienen un rol colaborador en la materia y funciones preventivas, pero no de protección. Otro punto frecuente es que al denunciar la mayoría de las causas se cierran de manera rápida por parte de la fiscalía, en la mayoría de los casos por falta de pruebas.

“Los vecinos o vecinas no saben siempre qué paso con su denuncia o bien, que cuando se hace una consulta o se pide ayuda en estas instituciones, la burocracia pública deriva los casos de una institución a otra”, dice sobre una situación que las personas califican como el ´juego del compra huevos´, “la policía le echa la culpa a la fiscalía y jueces, los fiscales a la policía por falta de pruebas, los jueces a los fiscales, etc.”.

Sin duda, hay un serio problema institucional del sistema de seguridad en los territorios que debe mejorar. Pero también, aclara Luneke, desde 2000 en adelante se ha instalado la idea que las comunidades son co productoras de seguridad junto al Estado. “En Chile hay muchos programas orientados a organizar a los vecinos y vecinas para que participen en comités de seguridad, adquieran alarmas comunitarias, cierren pasajes, etc. y, con ello, ayuden al Estado en la prevención”.

Pero ante hechos como el de La Florida, es urgente revisar esas políticas. “La participación ciudadana en materia de seguridad no es per se algo positivo. La vigilancia, protección y control de las familias y de los barrios debe estar en manos del Estado y no de la ciudadanía. Necesitamos urgente un mejor sistema policial en el país si queremos evitar otro linchamiento”, advierte.

Los linchamiento son en extremo violentos e irracionales. Pero no es la única forma en que suele expresarle hoy la violencia. En colegios, transporte público, centros de salud, entre otros, hay constante tensión y explosiones de ira sin motivo.

Para Alberto Larraín Salas psiquiatra de la Universidad Autónoma de Chile y Fundación ProCultura, dice que es clara consecuencia de la otra pandemia de Covid-19: sus efectos en salud mental. “Uno de los riesgos alertados por la Organización Mundial de la Salud desde un inicio ha sido el alza de la violencia”.

El estrés prolongado ha hecho que existan una serie de repercusiones en las personas, aumentando la irritabilidad, los problemas interpersonales y el consumo de alcohol y drogas. “La tormenta perfecta para el incremento de violencia”, dice Larraín.

Una verdadera bomba de tiempo es hoy la salud mental. Una crisis que es tanto o más importante que la del virus, sostiene Larraín: “Hoy tenemos 44.000 casos activos de Covid-19, pero tenemos sobre 4 millones de personas con enfermedades mentales, y la totalidad de la población sometida a un estrés prolongado. No hemos hecho ni siquiera una campaña comunicacional al respecto, no tenemos canales claros de apoyo, ni un programa de acompañamiento al duelo”.

Una consecuencia de ello es la crisis de empatía. “Esa capacidad de ponernos los zapatos del otro y entender la situación del otro”, dice la psicóloga de Psyalive de Conexa, Paula Aguirre.

Pero muchas veces además, ocurre que ante una denuncia de vecinos, el hecho no se corrobora. Lo que sumado a la sensación de desprotección, se sobre reacciona. “Quizás el problema arraiga en la falta de información y desconocimiento de las entidades judiciales quienes procuran cuidar de la ciudadanía. Ahora bien no solo se debe desensibilizar la empatía si no conceptos como la comunicación asertiva, compasión, comprensión y simpatía”, señala Aguirre.

La pandemia generó cambios importantes en las personas, muchas veces positivos, agrega María Paz Altuzarra, psicóloga de Clínica Universidad de los Andes. Sin embargo, para otras se ha transformado en una etapa de gran agobio y estrés. “Se han desarrollado ciertos trastornos mentales, desajustes emocionales, entonces hay algún grupo en que la pandemia aumentó los factores de riesgo de una conducta violenta, y al no tener herramientas para resolver los conflictos en el día a día recurren a ella”.

Se postulaba que la pandemia traería un tiempo de mayor introspección. Pero eso no necesariamente es sinónimo de empatía, explica Larraín, de hecho la proyección de incremento de violencia interpersonal, familiar y sexual, se estimaba desde el inicio en un 20 a 30%.

“Lo que se debe entender es que llevamos dos años de estrés prolongado, y eso repercute en nuestras relaciones sociales, haciendo que las personas estén en lo conductual mucho más al límite. La pandemia se puede transformar en un espacio de crecimiento social y personal, pero el gobierno no hizo nada para ello sucediera. Las emociones no se pueden anular, deben ser canalizadas y ha faltado la decisión de poner el bienestar como un pilar en el manejo de la pandemia”, subraya el psiquiatra.

Y en el caso del ámbito del delito y la criminalidad también hay un área pendiente hace años. Ello implica atender y revisar los marcos morales y sociales que están a la base de “los buenos ciudadanos/los malos ciudadanos”, señala Luneke. Algo que en una sociedad como la chilena muy estratificada socialmente y segregada espacialmente, “el estigma siempre recae sobre los más pobres y sobre determinados tipos de delincuentes”.

En ese contexto, dice “la vida de ese joven desde la moral social chilena sí vale menos”. Añade que “todo el debate sobre el Sename cabe en esta reflexión, en tanto, el discurso y preocupación pública siguen mas preocupadas de portonazos que de los abusos a esta infancia vulnerable”. Algo que redunda en la vida cotidiana, en la cual los sujetos están permanentemente vigilando, sospechando y preocupados por el delito y cierto tipo de delincuentes. “Se etiqueta de peligrosos a algunos y no a otros”.

Todas interacciones que debilitan la convivencia social. Afecta directamente al mínimo de cohesión social que toda sociedad debe tener para poder organizarse, articularse y convivir. “Lo que implica cohabitar con otros distintos, y hoy en la escala de la calle y de los barrios los sujetos desconfían y sospechan de todo aquel que es diferente a si mismo y que tiene determinado aspecto. La delincuencia, y su mal control y protección tiene un efecto nocivo sobre la forma en que nos relacionamos y sobre nuestra cohesión social”, dice la especialista Viodemos.