Luego de que la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Coquimbo aprobara por once votos a favor y uno en contra el polémico proyecto minero-portuario Dominga, organizaciones ambientales rechazaron la determinación pero aclararon que esto no implica que pueda construirse, ya que existen recursos pendientes en la Corte Suprema.

El proyecto perteneciente a la empresa Andes Iron, controlada por la familia Délano, considera la construcción de dos minas a rajo abierto (de hierro y cobre) y un megapuerto en la comuna de La Higuera, en el Archipiélago Humboldt, un conjunto de ocho islas e islotes que resguardan uno de los ecosistemas más ricos del mundo, reconocido por el mundo científico nacional e internacional.

Desde las distintas organizaciones agrupadas en Alianza Humboldt, explicaron que la Coeva llevó a cabo la votación vía telemática, pese a que existen recursos judiciales pendientes. La instancia, conformada por diez secretarios regionales ministeriales, el delegado presidencial y la dirección regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) “decidió aprobar el proyecto de Andes Iron, pese a que ya había sido rechazado en dos oportunidades por ser incompatible con el ecosistema del Archipiélago de Humboldt y por presentar graves falencias técnicas”.

Por este motivo es que advirtieron que reclamarán ante el Comité de Ministros, el cual tendría que esperar que se resolvieran las causas judiciales antes de pronunciarse. “En otras palabras, es muy probable que este gobierno no tenga la última palabra respecto al caso”, dijeron.

Para Ezio Costa, abogado de la agrupación y director ejecutivo de la ONG Fima, “es lamentable el mal uso del derecho por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, para favorecer intereses privados y en contra del interés público, que es la conservación, la restauración y conservación de la naturaleza y el medioambiente”. Además, agrega que, pese a que el último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), dado a conocer el lunes, alerta que vamos por un camino de no retorno debido a la crisis climática y ecológica, “se aprueba un proyecto que es claramente muy dañino. Mal por Chile, pero seguiremos esperando que resuelva la Corte Suprema en derecho y anule esta votación, junto con el fallo del Tribunal Ambiental”.

La directora ejecutiva de Oceana, Liesbeth van der Meer, añadió que “la conclusión es que técnicamente se rechaza y políticamente se aprueba. Esta es la quinta oportunidad a un proyecto que debió haber sido rechazado tempranamente desde sus inicios, pero simplemente sigue flotando por que en Chile el cuidado del medio ambiente no es la prioridad”.

Desde Greenpeace Chile, en tanto, su director nacional Matías Asun manifestó que “se trata de un proyecto nefasto a dos días de saber que el planeta mismo está en llamas y que no tenemos ningún centímetro cuadrado más de naturaleza, de océanos y de bosques que perder. Este es un proyecto que va a transformar la zona donde habitan especies protegidas como pingüinos de Humboldt, delfines y ballenas azules, que debieran recibir un trato como santuario en nuestro país”. Por el contrario, indicó, la zona “se va a transformar en una zona repleta de embarcaciones, con riesgo de derrame, con contaminación, la van a transformar en una zona de sacrificio más. Esto es completamente contraproducente, que va justamente en la dirección contraria y que solo comprueba en que en realidad tenemos un discurso ambiental hipócrita”.

Lo que debió haber ocurrido, sostiene Asun, es que en atención a la información disponible tras la publicación hace dos días atrás del reporte científico del IPCC “y al clamor de la comunidad científica mundial preocupada del cuidado de los océanos, es que esa zona debiese declararse inmaculada”.

Cabe recordar que en mayo pasado, pescadores, comunidades de la comuna de La Higuera y organizaciones medio ambientales presentaron recursos de casación ante la Corte Suprema para invalidar la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA) que ordenó la votación que se llevó a cabo hoy, pero aún el máximo tribunal no se ha pronunciado.

El proyecto Dominga - que contempla una vida útil de 25 años- ya había sido rechazado en 2017, tanto por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo como por el Comité de Ministros durante la administración de la expresidenta Michelle Bachelet, debido a que presentaba una deficiente línea de base del medio marino, subestimaba su área de influencia y no caracterizaba las rutas de navegación, falencias técnicas de profundo riesgo para uno de los ecosistemas marinos más biodiversos de toda la corriente de Humboldt. Frente a esos rechazos, Andes Iron apeló y judicializó el caso.

La Comisión es presidida por el delegado presidencial de la Región de Coquimbo, Pablo Herman (único voto en contra del proyecto) y está integrada por los Secretarios Regionales Ministeriales (Seremi) de Medio Ambiente, Energía, Minería, Salud, Economía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda, Transportes y Planificación, además de la directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental.

Esta votación se llevó a cabo en medio de manifestaciones en las afueras de la intendencia de Coquimbo.

Luego de que se conociera el resultado de la votación, la precandidata a La Moneda del Partido Socialista, Paula Narváez, manifestó que la aprobación del proyecto Dominga “es un error que nos costará caro. Esto no es progreso, es el comienzo de una nueva zona de sacrificio. No queremos desarrollo a costa de nuestros territorios y del bienestar de las personas”.

“El gobierno una vez más ha optado por el camino incorrecto poniendo intereses económicos por sobre los del planeta. No profundicemos la crisis climática, no a Dominga”, expresó.

El carta presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, expresó, por su parte, que “cuando hablamos de la superación del actual modelo neoliberal, del extractivismo, de este modelo de desarrollo, estamos haciéndonos cargo de una cuestión que pareciera muy lejana, pero el informe del IPCC nos demuestra que es actual, ahora ya. Queremos desarrollo pero no a costa del presente y del futuro”.

Además, aseguró que “Chile Vamos y la derecha están haciendo un daño irreparable. Nuestra postura en esto es clara y la mantendremos firme en un futuro gobierno: queremos desarrollo pero no a costa del medio ambiente y las comunidades”.

La precandidata de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, señaló que “hasta ahora esta es una materia pendiente de resolución judicial pero pese a ello, este gobierno está buscando acelerar la aprobación de un mal proyecto. En nuestra opinión, es una irresponsabilidad en medio de la crisis climática y ambiental que esta atravesando el país. Intentar aprobar un proyecto que compromete a las futuras generaciones es una mala idea, es una provocación inaceptable a la institucionalidad ambiental y a todas las organizaciones que han trabajando para visibilizar sus afectos adversos”.

El coordinador general de la campaña de Provoste, Marcelo Mensa -quien además fue ministro de Medio Ambiente durante el segundo gobierno de Bachelet- sostuvo que “esta es una farsa que va a tener que ser corregida por la Corte Suprema” y enfatizó en que “lamentablemente el proyecto está siendo aprobado por intereses particulares y no va en la línea del desarrollo sustentable. No queremos otra zona de sacrificio. La aprobación es una vergüenza. No a Dominga”.

Desde el Partido Radical, el precandidato Carlos Maldonado indicó que “a sólo meses de haberse elegido por primera vez gobernadoras y gobernadores regionales por la ciudadanía, Piñera, a través de los Seremis, que dependen finalmente de Santiago, aprueba un proyecto clave de la región de Coquimbo, sin considerar las objeciones y la reparos que han manifestado los nuevos gobernadores regionales, eso es letra chica, eso es contrario al espíritu de la descentralización. Nosotros impulsaremos que las decisiones finales sobre los proyectos de cada territorio se tomen por las autoridades electas por la ciudadanía de esos territorios”.