En la reciente cuenta pública, el Presidente Boric aseguró que sólo el 16% de las pensiones de alimentos son pagadas de forma efectiva. Enfatizando que esta situación, en sus palabras “indignante e injusta debe terminar de una vez por todas, mediante el proyecto de ley sobre responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos que se complementa con el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias que estará publicado a fines de este año”.
Hay avances, es verdad, pero cómo darle el sentido de urgencia nacional que merece, ya que las cifras son realmente dramáticas. De cada diez deudores(as), nueve son hombres y una es mujer, cuya acción de no pagar, normalizada la mayoría de las veces, transgrede los derechos fundamentales de nuestros(as) hijos e hijas, revelando que la sociedad y el Estado chileno ha naturalizado y aceptado que transgredan no sólo los derechos de la infancia, sino que directamente la vida y la salud física y psíquica de ellos, de ellas, y de nosotras como madres.
Según datos 2020 del Poder Judicial, el 84% de los hombres demandados por causas de alimentos no paga la pensión fijada, lo que significa que setenta mil personas niños, niñas y adolescentes, no reciben lo que por ley les corresponde para su diario vivir. Para todas las mujeres que hemos vivido alguna vez esta situación sabemos que se trata de una emergencia permanente y que es urgente legislar y generar un sistema de apoyo para que podamos realizar estos trámites de manera digna.
Esta situación para nosotras no tiene edad ni clases sociales. Tiene mil años de historia y que hasta el día de hoy, son muchas las mujeres que por no tener los recursos para mantener a sus familias, soportan graves abusos en sus relaciones de pareja o de matrimonio. Y ahora, a pesar de que ya no viven con quién las violentaba, sigue rondando puertas afuera la violencia de múltiples formas, mientras el Estado no cumple su rol, porque las abandona, tal como a sus hijos e hijas, de una manera abismante y vergonzosa.
Y es que pareciera que el olvidarse de la pensión de alimentos es una forma de castigar a la madre, haciendo vista gorda de que los niños y niñas se alimentan, crecen y se educan. Por tanto, les informo, nunca se podrán divorciar de sus hijos(as) o al menos, de sus necesidades básicas ya que ni siquiera estamos hablando ahora de visitas y corresponsabilidad en la crianza.
Esta horrible situación nos expone a tener acuerdos económicos miserables, con tal de recibir algo. Asimismo, el apoyo legal de las Corporaciones de Asistencia Judicial y de las entidades del Estado en general, enjuician y prejuician, en vez de ayudar. Buscar su apoyo, muchas veces significa más humillación y violencia.
Todo lo anterior, y todo lo que no cabe ni en mil hojas, nos ha vulnerado, empobrecido y deprimido. Nos hemos visto rendidas ante la injusticia que todos callan, pero sin la posibilidad de dejarnos abatir, ya que pese al estrés y la sobrecarga, debemos seguir financiando la vida de nuestros(as) hijos(as).
Exigimos que el proyecto ley sobre el pago de pensiones de alimentos ponga fin a esta sinvergüenzura que a tantas mujeres ha violentado y que pasemos del “papito corazón” a una acción real, donde no tiemblen las sanciones, porque la deuda que tiene sólo ese 89% de hombres denunciados por no pagar la pensión de alimentos, es brutal e incuantificable hacia todas esas mujeres que han sacado a sus hijos e hijas adelante con todo en contra. Que el Estado de una vez por todas, esté del lado nuestro.
*Cofundadora y Directora de Incidencia de Fundación Ronda
