Matrimonio Igualitario, ¿la principal demanda de grupos de diversidad sexual y de género?

El 5 de septiembre de 2017, la entonces presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario. La iniciativa se anunció como “un nuevo paso hacia un Chile más inclusivo y más digno para todas y todos”.

En la actualidad el artículo 102 del Código Civil señala que el matrimonio “es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente”. El proyecto busca garantizar ese derecho a parejas del mismo sexo en iguales condiciones y con los mismos derechos y deberes.

Plantea 37 cambios al Código Civil y modificaciones en aspectos de filiación y patrimoniales. De aprobarse, Chile entraría al grupo de países que por vía legislativa han establecido el matrimonio para personas del mismo sexo.

Su tramitación aún está en proceso. Sin embargo, el Presidente Sebastián Piñera en la cuenta pública realizada el martes 1 de junio informó que pondrá urgencia al proyecto de matrimonio igualitario. “Pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país”, señaló, y agregó que “pondremos urgencia al proyecto de ley que lleva años en el Congreso”.

La iniciativa, que tiene efectos en aspectos de filiación y patrimoniales, implica una política que se relaciona directamente con la igualdad de derechos y no discriminación hacia la población LGBTIQ, al permitírseles el mismo derecho regulado para las parejas de distinto sexo, sostienen organizaciones por la diversidad sexual y de género en nuestro país.

“La noticia que dio el presidente Sebastián Piñera la verdad que fue una sorpresa que no esperábamos, llega tarde, pero finalmente llegó y esperamos que los otros sectores opositores se sumen justamente a la igualdad de derechos, porque lo que ha hecho el presidente ha sido un hito”, destaca Oscar Rementería, vocero del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Movilh. “Lamentablemente el proyecto no ha avanzado mucho en el parlamento, se encuentra en el Senado en el primer trámite administrativo”, indica.

Existen varias demandas sobre la diversidad sexual y de género. Y no solamente tienen que ver con la igualdad de derechos, sino con discriminación y violencia, resalta Constanza Valdés, licenciada en derecho, activista trans y feminista y excandidata a constituyente. “En estas materias de hecho recordemos que no se ha avanzado nada en prevención de la violencia, de sanción de la violencia. En un momento se creó una mesa por parte de la Subsecretaria de Prevención del Delito que no llegó a nada, diversas organizaciones terminaron saliendo de esa mesa porque nunca llegó a un impacto real, y que se levantó por el caso de Carolina Torres”.

El Matrimonio Igualitario no es la única demanda que tienen las organizaciones de la diversidad sexual, especialmente el Movilh, añade Rementería. Perfeccionar la ley antidiscriminación es muy importante, dice, “crear una institucionalidad, una agencia pública que vele por la no discriminación en nuestro país también es esencial para avanzar hacia un Chile mucho más inclusivo y respetuoso de la diversidad”.

Si de prioridades se trata, Valdés también resalta las modificaciones a la Ley Antidiscriminación y promover políticas públicas en esa misma línea, “porque no basta solamente con crear delitos y aumentar las sanciones, sino con tener prevención en las situaciones de violencia y los crímenes de odio, por lo mismo la educación sexual integral es muy importante, me parece que dejarlo en segundo plano sería desconocer cuál es nuestra realidad”.

Todos los esfuerzos enfocados con aminorar las consecuencias de la pandemia también requieren una perspectiva LGBTIQ, sostiene Valdés, “porque muchas personas no han podido acceder a ningún tipo de retiro porque nunca han tenido seguridad social”. Si bien, subraya, se necesita que todas las personas puedan ser iguales ante la ley y acceder a los mismos derechos, “también hay que reconocer cuál es nuestra realidad y sobre todo en esta situación de la pandemia”.

“El derecho al matrimonio es un derecho importante al que debemos aspirar como país”, indica el investigador en temas de sexualidad, género y diversidad, y académico de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado, Jaime Barrientos. Sin embargo, agrega que “considerando lo que ha vivido el país y lo que está viviendo, no sé si es el momento y la oportunidad para sacar adelante un proyecto de estas características”.

Barrientos apunta a que existen un conjunto de otros temas que son actualmente más prioritarios: “El resguardo de nuestros derechos como personas LGBT es un desafío y una aspiración. El matrimonio es un largo anhelo, pero un proyecto de estas características tiene que ir de la mano, si es que eventualmente sale adelante, con un proyecto de filiación que incluya la posibilidad de homoparentalidad”.

No se trata de que una demanda esté por sobre otras necesidades, explica Caterine Galaz, investigadora Fondecyt Migrantes LGTBI+ de la Universidad de Chile: “Las personas LGTBI+ están cruzadas por diversas desigualdades sociales y discriminaciones, no sólo por su orientación, identidad o expresión de género sino también por otras variables como si son o no nacionales, la edad que posean, el nivel socioeconómico y educativo, entre otras”.

Sin duda debieran tener los mismos derechos que las personas heterosexuales en todo sentido, dice Galaz. Y uno de esos derechos es el matrimonio. “Si es que lo desean hacer (aunque no todas las personas LGBTIQ quieran esta opción así como no todas las heterosexuales), pero también derechos laborales, derechos educativos, políticos, económicos”, aclara.

Se sabe que muchas personas cruzan violencias desde niños o niñas en las escuelas por la falta de una educación sexual integral. Y eso, añade Galaz, también es un derecho. “Crecer felices con su orientación o identidad de género sin ser objeto de violencias u odios y la sociedad debiera asegurarlo y no lo hace”.

Lo mismo ocurre a nivel laboral. Muchas personas LGTBIQ que no se muestran binariamente como la sociedad lo espera, no son aceptadas en puestos laborales y son excluidas, explica, relegándoles a espacios laborales precarios, temporales e informales. “Esto también debiera ser un derecho y debiera garantizarse”.

También hay personas que al reconocer públicamente su orientación o identidad son expulsadas de sus familias o grupos de amigos, y por tanto, no tienen donde vivir. “El derecho a una vivienda también debiera considerarse o espacios de acogida específicos, son derechos fundamentales que no siempre son considerados”, resalta Galaz.

Pensar en derechos de personas LGBTIQ no son sólo son aquellos donde más públicamente son excluidos respecto de sus pares heterosexuales (como es el matrimonio igualitario), explica Galaz y cuya lucha la han instalado solo algunos sectores de la diversidad sexual más afines al sistema social, “sino también en todos los derechos sociales que deben ser protegidos (salud, educación, vivienda, trabajo) porque por su orientación, identidad y expresión de género son más vulnerados que las personas heterosexuales”.