Migración masiva: uno de los efectos sociales de la contaminación del aire que podría afectar a Chile

Como “histórico” fue denominado el fallo migratorio a favor de un hombre de Bangladesh con asma que evitó ser deportado de Francia después que su abogado argumentó que la vida de su cliente corría peligro de un deterioro severo de su condición que podría llevar a su muerte prematura, debido a los altos niveles de contaminación en su país.

El Tribunal de Apelaciones de Burdeos anuló la orden de expulsión contra el hombre de 40 años ya que se enfrentaría a “un empeoramiento de su patología respiratoria por la contaminación atmosférica”. Ludovic Rivière, abogado defensor explicó que “esta es la primera vez que un tribunal francés aplica el medio ambiente como uno de sus criterios en un caso así”.

El tribunal tomó en consideración que el padre del imputado había muerto de un ataque de asma a los 54 años, tras vivir toda su vida en Bangladesh. También constató que los medicamentos necesarios para su tratamiento no se encontraban disponibles en su país natal.

El hombre estaba trabajando como mesero en Toulouse con un permiso de residencia temporal para extranjeros que requerían tratamiento médico. Sin embargo, los doctores que asesoraban a las autoridades de inmigración recomendaron que su condición “podría tratarse adecuadamente en Bangladesh”. Meses después, la prefectura de Haute-Garonne emitió la orden de expulsión.

El índice de desempeño ambiental 2020 elaborado por la U. de Yale y la U. de Columbia sitúan a Bangladesh como la segunda nación con peor calidad del aire, mientras que la concentración de partículas finas en el aire es seis veces el máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La contaminación del aire, tanto doméstica como ambiental fue un factor de riesgo en las 572.600 muertes en Bangladesh en el último informe de enfermedades no transmisibles de la OMS, y la tendencia se mantendría hasta por lo menos 2025.

Nuestro país no está ajeno a las adversidades que el cambio climático ha provocado tanto en su territorio como en sus habitantes.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 15% de la población de Monte Patria, en Coquimbo ha debido dejar sus hogares ante la cruda sequía que los azota, convirtiéndose en los primeros migrantes climáticos en Chile.

Megasequías, olas de calor y megaincendios son escenarios cada vez más comunes que hemos tenido que enfrentar ante la crisis climática y que dejan dramáticas cifras como los menos de 50 litros de agua diarios con los que deben sobrevivir los habitantes de Petorca a raíz de la crisis hídrica vivida en la región. Esta cantidad es 50% menor a lo recomendado como piso mínimo por la OMS.

Martín Jacques, investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)₂ y académico del Departamento de Geofísica de la U. de Concepción, explica que el aumento en intensidad de eventos climáticos extremos ha aumentado la amenaza de desastres naturales a asentamientos humanos alrededor del mundo. Por lo tanto, “una tarea fundamental es la mitigación de este cambio climático y sus efectos esto requiere una activa participación de la ciudadanía, que constituye un actor imprescindible en esta problemática”.

Para Raúl Cordero, académico de la Universidad de Santiago y experto en cambio climático, el histórico fallo marca un precedente para que las víctimas de riesgos climatológicos causados por terceros busquen protección o reparaciones. “Al evitar la deportación, busca proteger y/o reparar a una víctima potencial de hechos causados por terceros. Esto abre la posibilidad de que otras víctimas (que pueden incluso ser países pobres) exijan protección y/o reparación de las acciones (de algunos países ricos, por ejemplo) que han causado alzas de riesgos climáticos”, explica.

Cordero afirma que, si bien no están ligados directamente al cambio climático todavía, la mayoría de la los juicios en Chile están ligados a prevenir el daño asociado a la contaminación, enfocados en el desarrollo u operación de proyectos que tendrían un impacto ambiental nocivo para la comunidad y de improbable mitigación, como el caso de termoeléctricas o grandes proyectos hidroeléctricos.

Añade, que sin embargo, es esperable que las disputas judiciales progresivamente evolucionen y se enfoquen, al igual que en el caso de la deportación frustrada, en la “reparación de las víctimas de los daños o la contaminación que no se evitó por negligencia o dolo”.

Por ejemplo, dice que se podría buscar proteger o reparar a ciudadanos que viven en las llamadas zonas de sacrificio demandando al Estado por no resguardar su derecho “a vivir en un ambiente libre de contaminación”. Y también, los habitantes de un desarrollo inmobiliario destruido por un incendio forestal podrían demandar a la municipalidad que otorgó el permiso de construcción a ese desarrollo inmobiliario por no haber evaluado los riesgos climáticos adecuadamente o los habitantes de una zona afectada por la sequía podrían demandar a terceros por haber aumentado con sus acciones o su inacción el estrés hídrico que los llevó a migrar a otras ciudades o países”, señala el experto en cambio climático.