La decisión del gobierno chileno de no suscribir el Pacto Global sobre Migraciones tomó a muchos de nosotros, quienes trabajamos en temas migratorios, por sorpresa. No pensamos que el gobierno iba a dejar de participar en una iniciativa multilateral de esta importancia. Definitivamente era lo mínimo que esperábamos.
Sin embargo, pudieron más las redes sociales. Proponiendo lecturas tergiversadas del documento consensuado por los gobiernos llamaron a que el Presidente Piñera desistiera de adherir al Pacto Global. Se habló de pérdida de soberanía, de imposición de entradas de migrantes ilegales y de múltiples otros males imaginados. Lamentablemente el gobierno cayó en el juego de grupos extremistas que usan la ignorancia y las teorías conspirativas como armas y que asumen en ciertos migrantes, un enemigo.
¿Cuáles han sido nuestros argumentos hasta ahora? Que la migración es un derecho humano consagrado en el artículo 13.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, documento en cuya redacción el diplomático chileno Hernán Santa Cruz fue pieza clave. Que el pacto hace diferencias reales entre migrantes irregulares e irregulares.
Que la soberanía nacional nunca estuvo en juego, ya que el pacto declara explícitamente que los estados "tienen el derecho soberano a determinar su propia política migratoria y la prerrogativa de regular la migración dentro de su jurisdicción, de conformidad con el derecho internacional."
Que el propio presidente Piñera defendió el Pacto en Naciones Unidas hace menos de cuatro meses. Que el lema del Pacto, "Migración Segura, Ordenada y Regular", es el mismo que el gobierno ha utilizado para defender su proyecto de política migratoria. Que el propio Fondo Monetario Internacional ha demostrado que un incremento de un 1% en los flujos migratorios pueden significar hasta un 2% de crecimiento del PIB.
Que no hay ningún estudio científico serio que demuestre que los migrantes tienen un efecto a la baja en los salarios y en el empleo, excepto en ciertos nichos y/o cuando los empleadores los contratan sin seguir las leyes laborales (y ahí el problema son los empleadores, no los migrantes). Que el Pacto no es obra del comunismo internacional, lo que no debiera ser probado, pero que queda demostrado por el liderazgo que ha tomado la Canciller alemana, Angela Merkel y la adhesión de numerosos países con gobiernos de derecha como Colombia, Francia y Paraguay, entre otros. Que nuestro propio Banco Central, corroborando lo que los especialistas en migración venimos diciendo hace años, asegura que los inmigrantes han sido, son y serán muy beneficiosos para la economía chilena.
Que Chile ya otorga salud y educación a migrantes sin importar su condición migratoria, y que esto está refrendado en el proyecto de ley migratoria del actual gobierno. Que los migrantes aportan más en impuestos, incluso sin incluir el IVA, de lo que obtienen en prestaciones del Estado. Finalmente, que el número de inmigrantes irregulares no es 300 mil y que Chile no es el país con más migrantes de América del Sur, ni el único donde ha crecido la inmigración rápidamente en los últimos años.
¿Qué más podemos decir? Que el Pacto Global no es el momento inicial de la discusión sobre migración, sino que es un punto de inflexión que consolida en un documento una serie de discusiones multilaterales que llevan dándose hace ya varios años. Discusiones en las que Chile ha participado activamente. Al no adherir Chile al Pacto Global, el país rompe con el trabajo desarrollado durante casi veinte años en el marco de la Conferencia Sud Americana de Migraciones, en la cual ha promovido el respeto a los DDHH de los migrantes, la gobernanza de las migraciones y la discusión multilateral de los temas migratorios. Exactamente lo que propone el Pacto Global y esta conferencia es igual de no vinculante que el Pacto. Por otro lado, el gobierno chileno ha utilizado el multilateralismo migratorio al participar en los encuentros regionales realizados en Ecuador, que tienen como objetivo analizar y proponer soluciones a la crisis migratoria venezolana.
En conclusión, la decisión del gobierno respecto del Pacto Global no tiene ninguna lógica. Como mencioné al principio, la única posible explicación es que haya cedido a ciertas encuestas y a grupos extremos, minoritarios, y claramente ignorantes de los temas migratorios dentro y fuera de su coalición. Si no es así, entonces el gobierno debiera hacer públicos los informes y análisis que realizó el Ministerio del Interior—y no la Cancillería, extrañamente—para tomar la decisión que tomó.
